De cumplirse los compromisos en el 2018 podría terminar el calvario para 578 familias que viven en condiciones paupérrimas.  

Un acuerdo marco en donde el Estado de Guatemala se compromete a dar cumplimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2011, a favor de 14 comunidades Maya Q ´eqchí desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, fue firmado el pasado 10 de junio de 2016.  

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Mientras el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal le da trámite a un recurso de inconstitucionalidad, presentado el jueves 25 de los corrientes, sobre el caso de libertad de expresión del dirigente indígena y campesino Daniel Pascual Hernández, este 29 de febrero el defensor de Derechos Humanos solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que garantice su derecho a la emisión del pensamiento. Asimismo miles de personas y organizaciones continúan solidarizándose con Pascual Hernández y rechazando la criminalización y penalización de la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento en Guatemala #MiExpresiónMiDerecho.

El Defensor de Derechos Humanos, Daniel Pascual Hernández, coordinador del Comité de Unidad Campesina –CUC-, puso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos          –PDH- en contra de Carmen Adelina Toaspern Medina, juez del Tribunal Duodécimo del ramo Penal por obviar la aplicación del artículo 35 de la Constitución Política de la República y el Decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente  -Ley de Emisión del Pensamiento-, en el proceso de acción privada en donde se conoce una querella presentada en contra del dirigente campesino, acusado falsamente de cometer los delitos de difamación, calumnia e injuria.

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La Corte de Constitucionalidad, CC, otorgó un amparo provisional a favor de Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, CUC, quién es acusado falsamente de cometer difamación, calumnia e injuria.

El amparo suspende temporalmente todo el proceso penal que se tramita en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal en contra de Pascual Hernández.

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Hoy vence el plazo que la CIDH le dio al Gobierno de Guatemala para que informe sobre posibles desalojos en el Valle del Polochic. Mientras tanto organizaciones campesinas y demás movimientos populares dan 30 días hábiles al presidente Jimmy Morales para que implemente un plan de desarrollo rural en el Valle del Polochic, el cual busca que las campesinas y campesinos de esa área “pasen de ser objetos de programas de desarrollo social y sujetos de criminalización a agentes de su propio desarrollo económico y social”.

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El caserío Papalha del municipio Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz hace pública su solidaridad con Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- quien fue ligado a proceso penal por emitir sus opiniones ante los medios de comunicación de Guatemala. #MiExpresiónMiDerecho

En el memorial, firmado por unos 200 ciudadanos Q´eqchi´, mayores de edad, se hace notar que Daniel Pascual Hernández es una persona que ha apoyado y conducido a los pueblos mayas en el marco de los derechos constitucionales que la “Carta Magna” establece.

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La iniciativa de ley número 40-84 conocida como Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral pasó su segunda lectura en el Congreso de la República, éste 2 de febrero de 2016. Sin duda alguna es un gran avance. No obstante, el diputado Orlando Blanco jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, propuso una moción privilegiada para que el proyecto de ley regrese a revisión y análisis de sus enmiendas en la Comisión de Agricultura del Organismo Legislativo.

La iniciativa de Ley 40-84 estará en la Comisión de Agricultura 10 días y será en ese espacio y tiempo que la población pobre del área rural junto con organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres tendrán que estar vigilantes para que el sector empresarial representado en la Cámara del Agro no le quite el espíritu a dicha iniciativa.

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