Los municipios de San Antonio, San Bernardino, San Miguel Panam, de Suchitepéquez, dos comunidades Aldea Grande en la boca costa, así como en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá de Sololá, se han visto afectados y vulnerados en sus derechos por la empresa prestadora de servicio de energía eléctrica, ya que esta ha realizado un corte generalizado del servicio básico dejando sin este servicio básico alrededor de 90 mil familias por más de tres días.

La comunidad Arameo, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal, ha sido objeto de un desalojo extrajudicial a manos de un grupo armado, quienes quemaron sus viviendas y pertenencias, robando y

saqueando las tiendas, así también golpeando e hiriendo a jóvenes de dicha comunidad.

Las mujeres, niñas, niños, hombres y personas de la tercera edad, con miedo y temor por sus vidas, se han tenido que refugiar en comunidades vecinas adentrándose en la montaña, sin recursos, ni alimentos, con el miedo de que este grupo armado siga intimidándolos y queriendo sacar de las otras aldeas.

Organizaciones sociales y campesinas recomiendan iniciar urgentemente una discusión incluyente y técnica para la atención adecuada de la actividad agropecuaria campesina.

Aunque se reconoce la necesidad de apoyar con urgencia y prioridad la economía campesina, el análisis de la iniciativa de ley número de registro 5978, que propone aprobar una Ley para el fortalecimiento de la actividad agropecuaria campesina, revela falencias técnicas serias, por lo que su aprobación produciría disposiciones e instituciones fiscalmente insostenibles en el tiempo, y con ello contraproducente. Las organizaciones sociales y campesinas suscritas instan al Congreso de la República a no aprobar esta propuesta de urgencia nacional, e instalar una mesa técnica incluyente en la que participen las organizaciones campesinas, para retomar el análisis y discusión de propuestas anteriores y acordar la mejor forma de fortalecer la actividad agropecuaria campesina.

esde el punto de vista de las finanzas públicas, las propuestas de la iniciativa de ley 5878 significarían un aumento significativo del gasto público, el cual no es cuantificado ni técnicamente evaluado en la exposición de motivos de la propuesta. Aunque propuestas como la creación del Fondo para el Fomento de la Agricultura Familiar, del Bono para el Fortalecimiento Agropecuario de Q 3,000.00 anuales para cada familia, de seguros agropecuarios, de un programa de impulso a la educación, desarrollo de infraestructura de almacenaje, la vinculación de la producción campesina a los mercados alimentarios institucionales, formación de actividades agropecuarias y de un Consejo Nacional para la Agricultura Campesina podrían evaluarse y discutirse por estar asociadas a algunas demandas legítimas del sector campesino, deben atender la premisa básica de analizar su efectividad, viabilidad y sostenibilidad fiscal. Es preciso cuantificar técnicamente el gasto público adicional que generaría su aprobación, e identificar y aprovisionar los recursos financieros para hacerlos fiscalmente sostenibles en el tiempo.

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