Huehuetenango| En un esfuerzo por abordar uno de los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad, nos encontramos en medio de una profunda reflexión sobre el desequilibrio existente entre los géneros. Esta evaluación toma forma a través de un análisis minucioso de los resultados del reciente proceso electoral, el cual pone de manifiesto la realidad de vivir en un sistema marcado por el racismo, el machismo y el patriarcado.

La integración de las corporaciones municipales y la composición del congreso se han revelado como indicadores alarmantes de la falta de representación de mujeres en nuestras estructuras de liderazgo. El hecho de que la presencia de mujeres, en especial mujeres indígenas, sea escasa, evidencia la urgente necesidad de un cambio profundo en nuestra sociedad.

Se llevó a cabo una reunión trascendental en el Fondo de Tierras, donde se reunieron representantes de la comunidad San Juan en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, junto con los propietarios de la finca en cuestión y el respaldo legal y político del Comité de Unidad Campesina CUC.

Durante esta reunión, se estableció una valiosa mesa de negociación en la que se abordó el proceso de adquisición de la finca con el objetivo de beneficiar a las familias Q'eqchis que residen en este territorio. En este espacio, el Fondo de Tierras compartió información vital sobre los pasos y estudios requeridos para garantizar una negociación equitativa y satisfactoria para todas las partes involucradas.

#AltaVerapaz En la comunidad de Xochela, Tucurú, Alta Verapaz, se llevó a cabo una importante visita de campo por una comisión que estuvo conformada por representantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la Procuraduría de Derechos Humanos, la Municipalidad de Tucurú, el Fondo de Tierra, el Registro de Información Catastral, representantes de seis comunidades, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Comité de Unidad Campesina CUC.
 
El propósito de esta reunión fruto de las negociaciones en la mesa de diálogo entre las partes, fue abordar y buscar soluciones para la certeza jurídica de las tierras de la comunidad de Xochela, la cual se encuentra en una situación de alto grado de vulnerabilidad. En este contexto, la CONRED ha realizado un estudio de campo para determinar el nivel de vulnerabilidad en el que viven las comunidades afectadas.

Como ha sido establecido por varias organizaciones populares y sociales, partidos políticos y misiones de observación nacional e internacional, el proceso electoral tuvo una serie de irregularidades y actuaciones parciales por parte de los órganos electorales. Todo estaba planificado para que la población viera como únicas opciones posibles a las candidatas y candidatos del Pacto de Corruptos. Sin embargo, en las elecciones presidenciales las y los votantes escogieron a un candidato diferente y que no ha sido parte de los corruptos.

Ahora, los partidos del pacto de corruptos que han sido los  aliados de este gobierno y que no están conformes con los resultados de las elecciones, están haciendo todo lo posible para que la decisión de quién debe de pasar a la segunda vuelta, se decida en las cortes y que no se tome en cuenta los resultados en las mesas de votación. Para eso, han acudido a la Corte de Constitucionalidad, que desde su elección ha actuado a favor del gobierno, sus aliados y los corruptos y quieren que la ilegítima Corte Suprema de Justicia, que desde noviembre de 2019 venció su período constitucional, intervenga de nuevo en el proceso electoral.

El 19 de julio de 2023 tuvo lugar una reunión en la sub alcaldía de la municipalidad de Livingston, en Izabal, con el propósito de abordar la situación de conflictividad entre varias comunidades de dicho municipio y la comunidad de San Lucas Tierra Colorada de la Sierra Santa Cruz. Esta última comunidad cuenta con el acompañamiento del Comité de Unidad Campesina. En la reunión participaron delegados de la Gobernación departamental, de la municipalidad de Livingston, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y de la Comisión para el Diálogo en Derechos Humanos (COPADEH), así como representantes comunitarios de las comunidades involucradas.

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