Comunitarios del municipio de Zacualpa, se movilizaron desde le lugar conocido como El Entronque, Santa Rosa hasta la delegación del Organismo Judicial y el Ministerio Públicode Santa Cruz, El Quiché, para exigir que se investigue y castigue al alcalde municipal Ernesto Calachij, acusado por la población de abuso de poder y violación a sus derechos humanos.

Representantes de campesinos denuncian que el Gobierno no ha cumplido una sentencia de la CIDH a favor de comunidades indígenas desalojadas.

Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, y María Josefa Macz, subcoordinadora general, india maya q´ueqchì, del Valle del Polochic, hoy en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ.

Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para exigir al Gobierno de Guatemala la protección de 800 familias de 14 comunidades maya q'eqchi que fueron desalojadas violentamente de las fértiles tierras del Valle del Polochic, en marzo de 2011. Pero al día de hoy el Estado guatemalteco no ha cumplido con el dictamen del organismo de la OEA de dar viviendas —arrasadas durante el desalojo— y alimentos a los afectados.

Familiares y comunidades indígenas y campesinas de los mártires y héroes de la masacre de Panzós están conmemorando los 34 años de ese condenable acontecimiento ocurrido el 29 de mayo de 1978.

Cabe mencionar que en dicha masacre murió la lideresa Adelina Caal Maquín, conocida como Mamá Maquín y otras compañeras más.

De acuerdo con datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico más de 100 campesinos resultaron asesinados por las balas asesinas del ejército. Estos malos guatemaltecos defendían los intereses de terratenientes y por eso dispararon en contra de las campesinas y campesinos.

Este 29 de mayo del 2012 las comunidades del Valle del Polochic han lamentado que no se haya hecho justicia por las víctimas. También han señalado que a 34 años el estado no ha resuelto las causas que generaron esa masacre y la reciente muerte de campesinos y campesinas que luchaban por la recuperación de la Madre Tierra.

Cabe recordar que hace 34 años miles de campesinos y campesinas se habían concentrado en el parque de Panzós para exigir al alcalde municipal, de ese entonces, acceso a la tierra. Tierra que hasta estos días sigue concentrada en manos de extranjeros y utilizada para la producción de monocultivos.

 

¡Palma africana, caña de azúcar, hidroeléctricas, minería y el ejército…

fuera de Nuestro Territorio!

 

Los hombres y mujeres y organizaciones que formamos parte de la Marcha Indígena, Campesina y Popular constituidos en Asamblea de Movimientos, a la opinión pública nacional e internacional hacemos saber:

Que la entrada en vigencia de la Política de Desarrollo Rural Integral desde del año 2009, nos proporcionó una luz al final del camino. Esta construcción ha conllevado 15 años. De allí en adelante las organizaciones sociales impulsamos una ardua lucha para su aprobación de la iniciativa 40-84, denominada Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca del Congreso. Dicha iniciativa, También ha sido aprobada en Primera Lectura en el Congreso. Esta iniciativa tiene una visión integral que en primera instancia prioriza el sujeto político en la población empobrecida que cuenta con poca o sin tierra, población indígena y no indígena, pequeños productores y artesanos. Hace énfasis en la defensa de los recursos naturales, el respeto al ambiente y al territorio. Plantea una nueva política agraria, a su vez, reafirma la obligación del Estado de garantizar los servicios esenciales como educación, salud, vivienda, reivindicación laboral y salarial, la soberanía alimentaria plena, la economía indígena y campesina, entre otros aspectos indispensables para el desarrollo humano en el área rural.

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