En un país donde persisten los despojos de la Madre Tierra en comunidades campesinas. Donde se apuesta a la producción de monocultivos restando importancia a la diversificada producción agrícola de pequeños productores. En donde el sector empresarial e industrial le atribuye el desarrollo del país a la minería, hidroeléctricas y demás proyectos extractivos dejando en último lugar a la agricultura. Aquí en este país de las desigualdades llamado Guatemala existen familias campesinas que están recuperando las prácticas agrícolas ancestrales para alcanzar la anhelada soberanía alimentaria, una economía solidaria y contribuir al cuidado de la Madre Tierra.

Que los constantes ataques en los medios de comunicación comerciales (como sonora, emisoras unidas, entre otros), en contra de la dirigencia indígena, campesina y popular de Guatemala buscan deslegitimar las luchas y demandas de pueblos, comunidades originarias y movimientos indígenas y campesinos de este país, que hasta ahora han jugado un papel importante en la defensa de los Derechos Humanos. Por otro lado apoyan las políticas de criminalización y persecución que el gobierno, la oligarquía de este país y las empresas transnacionales han puesto en marcha en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos.

En este sentido denunciamos que las acusaciones, intimidaciones, amenazas y persecución política, en contra del CUC y contra nuestro hermano dirigente indígena y campesino Daniel Pascual se da a raíz de su contribución en la búsqueda de una democracia participativa y equitativa de los pueblos originarios, mestizos pobres, la defensa de los derechos humanos, el impulso del proceso de producción agroecológica como eslogan del buen vivir en las comunidades, la participación equitativa de mujeres y hombres en una sociedad justa e incluyente. 

Como resultado del convenio firmado el 30 de julio de 2014 entre la empresa Hidro Santa Rita y el presidente Otto Pérez Molina para reafirmar la cooperación entre el gobierno y esta empresa por 20 años, hoy, las fuerzas represivas del Estado guatemalteco, ante el ejercicio del derecho constitucional a manifestarse que realizaron las comunidades del norte de Cobán, arremetieron en contra de  la población y realizaron un desalojo violento en la comunidad Monte Olivo, Cobán Alta Verapaz, comunidad organizada en el Comité de Unidad Campesina –CUC-.

El resultado, hasta ahora, es de 5 personas capturadas, identificadas como: Isabel Choc Beb, Magdiel Ical Jun, Tomas Chen, Obdulia Ical Jun y Carmen Jun, estos compañeros/as presentan golpes en diferentes partes del cuerpo ocasionados por la Policía Nacional Civil, PNC. También se reportan decenas de personas afectadas por las bombas lacrimógenas entre ellas unos 45 niños/as que presentan síntomas de intoxicación por los gases que ha lanzando la PNC.

El Comité de Unidad Campesina -CUC- denuncia, lamenta y condena el vil asesinato del compañero Francisco Israel De Jesús Solares Loy de 54 años de edad quién era Defensor de Derechos Humanos, miembro de la Resistencia Contra la Minería del municipio  Mataquescuintla, Jalapa.

Este condenable hecho sucedió a eso de las 8:30 de la mañana de este 14 de octubre de 2014 cuando el compañero Francisco Solares se conducía, junto a su hija, en una motocicleta en el kilómetro 101 de la carretera que conduce de Mataquescuintla al municipio San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa.


Como parte de la lucha por el cuidado del medio ambiente, la salud de las familias campesinas y la economía de las mismas el CUC ha entregado más de 250 estufas ahorradoras de leña a igual número de familias campesinas de los municipios Santa Cruz y Chiché del departamento del Quiché.

En los próximos días el CUC estará entregando 150 estufas ahorradoras de leña a igual número de familias, haciendo un total de 400 hogares beneficiados. Pero anteriormente el CUC ha trabajado con proyectos similares en los municipios La Blanca, San Marcos y Coatepéque, Quetzaltenango. Escuche esta nota periodística completa en: http://www.goear.com/listen/234cee2/exhumacion-huehuetenangocomunidad-indigena-chuarrancho-recupera-sus-tierras-ancestrales-radio-voces-iximulew

El Estado de Guatemala, a través de las fuerzas de seguridad, ha lanzado un ataque en contra del Pueblo Q’eqchi’ que se ha pretendido disfrazar con el desalojo a la comunidad 9 de Febrero. La realidad de los hechos es que, con el dinero de los impuestos de las y los guatemaltecos, en un operativo de carácter nacional, se movilizó a más de mil quinientos efectivos de las fuerzas represivas, desde diversos departamentos, incluyendo departamentos fronterizos con México, con el fin de garantizar los intereses de las empresas Hidro Santa Rita y Energuate.   

Ante la opinión pública nacional e internacional, exponemos y denunciamos que el territorio del pueblo Q´eqchi’ ubicado  en el municipio de El Estor, se viene librando una lucha sin descanso  desde el año 1960 hasta hoy día, para hacer valer nuestro derecho de acceso a la tierra, a un lugar digno donde vivir, trabajar, alimentar a la familia y fortalecer nuestra cultura e identidad. 

El jueves 10 de julio,la Policía Nacional Civil, los guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- y los cuadrilleros contratados por esta empresa, actuaron en contra de Comunidad 30 de junio Se´ Chaj, en el marco de una serie de ilegalidades: (1). La jueza Sandra Janeth Méndez Nájera autorizó el desalojo, pero nunca le notificó a la comunidad. (2). Sin enseñar la orden de desalojo los policías comenzaron a disparar bombas lacrimógenas en contra las mujeres y la niñez que se encontraba en la comunidad 30 de junio Se´Chaj. (3). El resultado de esta acción violenta, por los grupos ya mencionados, es de 3 jóvenes heridos, cuyos nombres no se mencionan por temor a represalias, también fueron quemadas varias viviendas. (4). 15 estudiantes, que se encontraban en el interior de la escuela, ubicada a 100 metros, del lugar donde se llevó a cabo el desalojo violento, resultaron intoxicados por las bombas lacrimógenas.

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