La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej y CLOC-Vía Campesina Guatemala, expresa su total repudio a los actos de represión sufridos por los hermanos de las comunidades Ngöbe-Buglé, en Panamá, en respuesta a las protestas que realizan ante la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos desde hace un año por parte del gobierno de Ricardo Martinelli. Esta represión ha dejado, a la fecha, el saldo de dos hermanos indígenas muertos y decenas de heridos y detenidos. Estos lamentables sucesos estallaron la mañana del domingo en la zona occidental de Panamá, donde fuerzas de seguridad panameñas lanzaron gases lacrimógenos y desplegaron intensas maniobras para desalojar a nuestros hermanos que bloquean carreteras y otras vías, en rechazo a las operaciones mineras y la explotación hidroeléctrica en sus comarcas. Para actuar con toda impunidad, han dejado a nuestros hermanos sin comunicación alguna.

 

Con un despliegue de funcionarios del MAGA, la SESAN, la Secretaría de Asuntos agrarios y la alcaldía de Panzós, el gobierno de Pérez Molina realizó este sábado 28 de enero un acto para entregar alimentos a las comunidades que en marzo del 2011 fueron desalojadas por las llamadas fuerzas de seguridad del Estado bajo la dirección de la familia Widmann. Es de recordar que esa entrega de alimentos llega con un atraso de seis meses, porque que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos había planteado que en junio pasado debía de ser atendidas las necesidades de alimentación, salud, vivienda y condiciones de seguridad de las familias.

 

Los funcionarios antes mencionados congregaron a familias desalojadas en el Valle del Polochic con el objetivo de hacer un show para consumo de los medios de comunicación; sin embargo, se toparon con la enorme dignidad del Pueblo Q’eqchi’. Las compañeras y compañeros de las comunidades desalojadas tomaron la palabra para expresar que no podían agradecer algo que era obligación del Estado guatemalteco; pero además demandaron que se cumplieran el resto de medidas pendientes, y sobre todo, lo que se esperaría de un gobierno que realmente quiera resolver la problemática agraria en el Valle del Polochic es la restitución de las tierras arrebatadas a las comunidades, el fin de la criminalización y persecución contra las y los líderes de las comunidades, el juicio y castigo de los responsables de los asesinatos y agresiones en contra de mujeres y hombres campesinos y el respeto a los derechos del Pueblo Q’eqchi’ haciendo uso de los instrumentos de las comunidades y los espacios constituidos para el efecto como el comité de peticionarios de las medias cautelares y otros que las y los pobladores desalojados determinen.

 

La actitud de las y los compañeros de las comunidades desalojadas en el Valle del Polochic evidencia que la dignidad no se compra con regalos y que el gobierno de Pérez Molina tiene la responsabilidad, como jefe del ejecutivo, de respetar los derechos individuales y colectivos de las comunidades Q’eqchi’s y en base a ello, no echar más leña al fuego, sino responder a las demandas de las comunidades desalojadas en el Valle del Polochic.

 

 

 

Comité de Unidad Campesina

CUC

 

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo

de las y los Trabajadores del Campo

 

28 de enero de 2012.

 

 

 

Dos campesinos de la comunidad Inup Agua Caliente de Panzós, Alta Verapaz, fueron heridos en el brazo con machete por cuadrilleros de la empresa Chabil Utzaj. El hecho ocurrió durante la destrucción de cultivos que los trabajadores de esa empresa cañera llevaron a cabo este 5 de enero de 2012. Los compañeros heridos son: Edgar Chub y Oscar Quej.

Líderes de Agua Caliente y de la comunidad El Sauce dijeron que desde las 8 de la mañana del día 5 los agresores llegaron a esas comunidades, custodiados por guardias de seguridad de Chabil Utzaj, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército guatemalteco, a cortar sus cultivos, entre ellos maíz, fríjol, chile y ayote.

 

Hoyseguimos recordando y condenando una de las masacresmás atroces ocurridas en la historia reciente de Guatemala. El 31 de enero de 1980, fuerzas militares, policía y grupos para-militares, dirigidos directamente por el gobierno militar del general Romeo Lucas García y mandos que dirigían estas fuerzas, masacraron a 37 personas dentro de la Embajada de España. La mayoría de ellos eran hermanos y hermanas indígenas, campesinos, estudiantes, pobladores y sindicalistas. Otros eran funcionarios de la embajada y figuras políticas de aquel período. Posteriormente fue asesinado el compañero Gregorio Yujá, quien había sobrevivido esta masacre y que hizo un total de 38 personas muertas en aquel trágico acontecimiento.

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