Comunicados

Campesinos de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se han movilizado hoy en protesta por los daños causados por la empresa minera MONTANA EXPLORADORA DE GUATEMALA, subsidiaria de la transnacional GLAMIS GOLD.

Desde su inicio, las comunidades indígenas vecinas del proyecto minero MARLIN han expresado su total rechazo a la empresa Montana, lo que fue evidente en la consulta comunitaria en las aldeas de Sipakapa en 2005 y en las protestas por los vecinos de San Miguel Ixtahuacán. A pesar del contundente rechazo por la población, Montana ha incursionado en las aldeas campesinas, utilizando varias formas de coerción y intimidación, y es señalada de varias violaciones de derechos humanos.

Ahora las comunidades están sufriendo los daños que antes advirtieron serían las consecuencias de la explotación minera por la empresa Montana. Miembros de la comunidad de la Aldea Agel han denunciado que la empresa ha contaminado las fuentes de agua, lo que ha producido la pérdida de los cultivos de los que dependen los campesinos para sobrevivir. Asimismo, niños se han enfermado de la piel por la contaminación, y la operación de la maquinaría ha causado daños en las viviendas de más de 100 familias.

Ante esta situación las comunidades han empezado el día de hoy a desarrollar una protesta en contra de la empresa minera. El CUC manifiesta su solidaridad con los campesinos de la Aldea Agel y la población de San Miguel Ixtahuacán en su lucha contra el saqueo a la Madre Naturaleza.

Exigimos al Gobierno de Álvaro Colom y al Congreso de la República que se respeten las consultas comunitarias y el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados sobre la realización de proyectos mineros, como establece el Convenio 169 de la OIT.

Llamemos a la solidaridad nacional e internacional a mantener la atención sobre lo que sucede en estas comunidades, por el antecedente de criminalización y represión hacia las comunidades campesinas por parte del gobierno de Colóm.

Las acciones ilícitas cometidas por los dueños de grandes plantaciones de palma africana, banano y hule ponen en riesgo la seguridad alimentaria y vida de familias campesinas en la Costa Sur.

El 14 de marzo del presente año, campesinos y campesinas de los municipios de Ocós (San Marcos) y Coatepeque (Quetzaltenango) denunciaron en un memorial entregado a las autoridades de gobierno, que los terratenientes habían desviado ríos y contaminada las aguas de la región, causando inundaciones de cultivos y viviendas en las áreas altas y desecamiento en las partes bajas, y poniendo en peligro la subsistencia de las familias campesinas.

Como consecuencia de las protestas, los campesinos han sufrido amenazas e intimidaciones, las que denunciaron ante el Ministerio Público el 25 de marzo. Sin embargo, hasta hoy día el Ministerio Público no ha tomada ninguna acción para proteger las vidas, cultivos y viviendas de los campesinos.

Por este medio publicamos una documentación fotográfica de los hechos ilícitos de los terratenientes.

Asimismo, denunciamos la negligencia total de parte del Ministerio Público y las autoridades pertinentes por dejar en impunidad los abusos cometidos por los terratenientes y las amenazas contra la vida de campesinos miembros de las comunidades afectadas.

Comité de Unidad Campesina-CUC-

Documentos relacionados:

• Memorial entregado a la presidencia y autoridades del gobierno
• Comunicado 25 de marzo
• Documentación fotográfica

Si alguien tuviera duda sobre quién manda en este país, ya queda demostrado que por muy “socialdemócrata” que se declare el gobierno, las decisiones siguen en las manos de los terratenientes aglutinados en la Cámara del Agro.

En los últimos días el pueblo guatemalteco ha sido objeto de una farsa política, en donde el presidente Álvaro Colom ha vuelto a hacerle burlas a la población, anunciando medidas ante la crisis alimentaria sólo para retirarlas pocos días después.

La aplicación de la Ley Obligatoria y de Fomento Para el Cultivo de Granos Básicos (40-74) sería una medida acertada ante la crisis alimentaria que vive el pueblo, ya que se esperaría que en las fincas de productos de exportación como palma africana, caña de azúcar y banano, se sembrara el 10% de las tierras con los granos básicos maíz, frijol, arroz, trigo, soya y sorgo.

Con esta medida se abriría el camino para que el gobierno y las instituciones del estado cumplieran con su deber constitucional de velar por el bien común y no sólo por los intereses de los grupos poderosos que han gobernado este país desde la derrota del gobierno democrático en 1954.

Sin embargo, otra vez ha bastado con que los empresarios expresen su descontento para que el “gobernante” de marcha atrás. En un instante se esfumaron las promesas del presidente, quien alega haber tenido “mala asesoría” y ahora ya no busca aplicar la ley, sino derogarla. En fin, la iniciativa corrió la misma suerte que los “precios topes” de alimentos, introducidos por el mandatario en abril y abandonados días después por presión empresarial.

No es de sorprenderse que la única propuesta que ha obtenido la vista buena por el sector empresarial, es la aceleración de la implementación del Tratado de Libre Comercio con la eliminación de aranceles a productos de la canasta básica, lo que beneficiará a los importadores. En una situación donde la solución es el fomento de producción nacional de maíz y frijol, la eliminación de los aranceles llega como otro golpe más a la soberanía alimentaria del país.

Queda evidente que en Guatemala no manda el gobierno electo, sino la oligarquía de terratenientes que se opone a la construcción de un estado de derecho donde las leyes y el gobierno son para todos los ciudadanos, no importando su posición económica. Las leyes que perjudican a los campesinos pobres se aplican con rigurosidad, mientras que las leyes que afectan a los terratenientes no sólo no se aplican, sino que se derogan al instante cuando lo pide la Cámara del Agro.

El reciente anuncio del gobierno de que 120,000 productores de maíz recibirán créditos y subsidios de Q2,000 para la siembra de una manzana cada uno, no deja de ser otra medida desacertada y populista. ¿Acaso el presidente nos puede decir en qué tierras van a sembrar los campesinos? Si el censo agropecuario de 2003 muestra que en 17 de los 22 departamentos del país el promedio de tierra que tienen los productores de maíz es menos de 2 manzanas. ¿El gobernante pretende ignorar que los campesinos de Guatemala hemos luchado por una reforma agraria porque no tenemos tierras para vivir y trabajar?

Mientras tanto, los campesinos estarán obligados a buscar tierras arrendadas a los terratenientes cañeros, palmeros, huleros, bananeros y ganaderos, quienes tienen cada vez menos voluntad de arrendar sus terrenos ociosos a los campesinos pobres que alimentan al país.

Hace tiempo que el Comité de Unidad Campesina hemos advertido cuáles serían los efectos de los tratados de libre comercio, la concentración de la tierra, el modelo agroexportador y ahora el uso de alimentos para agrocombustibles, porque constituyen amenazas contra la soberanía alimentaria y la vida de la población rural.

La reforma agraria integral es cada vez más urgente por ser la única garantía de la alimentación del pueblo, como lo fue reconocido por la conferencia de la FAO en Brasil en abril, y como fue manifestado recientemente en la cumbre de la FAO en Roma, Italia, donde el papa Benedicto XVI resaltó la urgencia de reformas estructurales para valorizar el aporte de los pequeños productores agrícolas.

Por lo anteriormente expresado manifestamos:

Responsabilizamos al gobierno de Colom por haber puesto la seguridad alimentaria a merced de la oligarquía empresarial y importadores de alimentos, quienes ya demostraron su falta de preocupación por el bien común. Desde ya hacemos responsable al gobierno por la desnutrición, hambre y muertes causadas por la crisis alimentaria.

Al derogarse la ley 40-74, el presidente Álvaro Colom sólo tendrá dos opciones de salvar su credibilidad: impulsar un nuevo proyecto de ley de cultivo obligatorio para los latifundios, o impulsar una reforma agraria que contempla tierras para los campesinos que producen los granos básicos de los depende la población.

Hacemos un llamado a las comunidades campesinas de tomar las medidas necesarias para poder defender el derecho a la alimentación y poder producir.

¡Por la reforma agraria integral - 30 años de lucha campesina!

Comité de Unidad Campesina -CUC-

Miembro de CNOC, Waqib’ Kej, CLOC y Vía Campesina

	Río Pacaya en el lugar conocido como San Rafael Pacaya I, Coatepeque, Quetzaltenango. Aun corre agua para lavar la ropa y bañarse.
	Río Pacaya en el lugar conocido como Santa Fe. (Hay un puente en construcción). Aquí podemos ver el río casi seco en comparación con la parte alta de la cuenca (Coatepeque).
	Presa construida en el río Mopá, arriba de la comunidad La Ayuda, Coatepeque. Esta presa está construida dentro de una plantación de palma africana, propiedad del señor Hugo Molina.
	Cultivo de maíz inundado por el río Pacaya, en el caserío Las Morenas, Ocós, San Marcos. Esta plantación fue perdida en su totalidad.
	Río Pacaya en invierno, provoca las inundaciones en la parte baja de la cuenca, esto a raíz de la construcción de bordas en las grandes extensiones de banano.
	Cultivo de plátano inundado por el desbordamiento del río Pacaya en la Colonia Barillas, Ocós, San Marcos. Esta plantación fue perdida en su totalidad. Las inundaciones son consecuencia de que los terratenientes han construido bordas en la parte alta de la cuenca, para evitar que el agua de invierno inunde sus plantaciones, teniendo esto como consecuencia la inundación de las comunidades ubicadas en la parte baja del.
	Comunidad de Las Morenas, Ocós, San Marcos. Viviendas inundadas por el río Pacaya en el 2007.

Documento relacionado:
Siguen impunes abusos y acosos de terratenientes contra comunidades campesinas en la Costa Sur

Como es de conocimiento público el día de ayer 7 de mayo del presente año, el presidente de la república en cadena de radio y televisión decretó el estado de prevención (decreto 1-2008) por el paro de transporte quienes según el presidente han atentado contra el orden público, al paralizar la circulación del transporte pesado. Inmediatamente desplazaron en forma combinada a elementos de la policía y el ejército en varias zonas del país, para controlar la situación.

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Coatepeque, Guatemala, 14 de marzo 2008

Señor Presidente de la República
Señores Ministros de:
Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Agricultura, Ganadería y Alimentación;
Trabajo y Previsión Social, y
Gobernación.

Señor Procurador de los Derechos Humanos.
Señor Fiscal General.
Señores Alcaldes de Coatepeque y Ocós.

Respetables Autoridades:

Los abajo firmantes, hombres y mujeres rurales de los municipios de Ocós, San Marcos, y Coatepeque, Quetzaltenango, contando con el apoyo del Comité de Unidad Campesina –CUC-, en defensa de nuestro derecho a la vida y al agua,

MANIFESTAMOS:

PRIMERO. Que el empresario Hugo Molina, propietario y arrendatario de las fincas San Juan El Horizonte (fraccionada en tres partes: Cañasol, La Parada y La Plata), El Ojushte, Poza Rica, y de las Haciendas Tres Ríos, La Chorrera y La Pitaya, ha desviando el cauce natural de los ríos Pacayá, Talpope, Mopa, Talticú, con el fin de irrigar grandes extenciones de palma africana.

SEGUNDO: Que otro empresario, Fernando Bolaños, propietario de la empresa BANASA, ha arrendado las fincas Las Mojarras, Caramelo, Campo Verde y Maravillas para la producción de banano, utilizando el agua del río Ocosito para la irrigación de dicha plantación.

TERCERO: Que el propietario, Roberto Quintanal, de la Hacienda Piedra Parada, productora de hule y frutales, frecuentemente contamina el río Pacayá, vertiendo productos tóxicos que afectan directamente la flora y la fauna existente en el río, así como a los comunitarios que consumen el agua y se alimentan de peces y cangrejos.

CUARTO: Que como consecuencia del desvio de los ríos a través de la construcción de presas, quineles y otras obras, resultan afectadas directamente catorce (14) comunidades: La Ayuda, San Rafael Pacayá, San Vicente Pacayá, El Troje, Santa Fé, La Blanquita, Los Encuentros, El Pomal, Chiquirines, Carrizales, Barillas, Las Morenas, Madroñales y El Palmar II, ya que éstas comunidades utilizan agua de los ríos para la satisfación de las necesidades cotidianas.

QUINTO: Que al quedar sin agua las comunidades antes mencionadas, se pone en riesgo la vida y la salud de las familias afectadas. La contaminación de las fuentes de aguaprovoca una serie de enfermedades que, también, ponen en peligro la vida de los comunitarios, principalmente niños y ancianos.

SEXTO: Que los pequeños productores de granos básicos son afectados directamente, ya que se les impide utilizar agua de éstos ríos para la irrigación de sus cultivos, lo que atenta contra la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

SEPTIMO: Que como consecuencia de la contaminación de los ríos, también se pone en riesgo la seguridad alimentaria de las familias afectadas, ya que muchas de ellas se dedican a la pesca artesanal, siendo su principal fuente de ingreso y alimento.

OCTAVO: Que el desvío del cauce natural de los ríos, además de violentar derechos fundamentales de la población, garantizados en nuestra Constitución Política, genera desastres ambientales, pues en invierno las comunidades ubicadas en la parte baja de la cuenca sufren severas inundaciones, provocando pérdidas en agricultura, infraestructura, vivienda, bienes familiares y vidas humanas.

NOVENO: Que para recbir notificaciones señalamos como domicilio las oficinas del Comité de Unidad Campesina en la ciudada de Guatemala, ubicadas en la 31 Avenida A 14-46 de la zona 7. Colonia Ciudad de Plata II. Número telefónico: 2434-9754.

DÉCIMO: Que la falta de agua nos tiene en una situación tan desesperada que no permite acciones dilatorias o burocráticas, y demanda una acción conjunta del Estado para evitar estallidos sociales. Ante tal situación,

DEMANDAMOS:

1. Al Presidente Constitucional de la República, Ingeniero Álvaro Colom Caballeros, que intervenga con todos los medios que su investidura le otorga, para garantizar el derecho a la vida y al agua de la población de escasos recursos de los municipios de Coatepeque y Ocós, demostrando con hechos que el suyo es un Gobierno que privilegie a los pobres.
2. Al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Luis Ferraté, actuar de inmediato para solucionar la problemática del desvio de los ríos en comunidades de los municipios de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, y Ocós, departamento de San Marcos.
3. Al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ing. Raúl Robles, su pronta intervención para evitar que por falta de agua se pierdan nuestras cosechas y que nuestra crónica inseguridad alimentaria y nutricional degenere en hambruna.
4. Al Ministro de Trabajo y Previsión Social, Lic. Edgar Alfredo Rodríguez, que respondiendo a la naturaleza tutelar del Derecho del Trabajo, vele por la estabilidad laboral de los comuneros que trabajan en las fincas y empresas mencionadas, ya que están siendo amenazados de despido por firmar el presente memorial y defender sus derechos fundamentales.
5. Al Minsitro de Gobernación, Lic. Vinicio Gómez, que instruya a la Policía Nacional Civil de los municipios citados para que, bajo el esquema de seguridad democrática postulado por el Presidente Colom, vele por la vida y los derechos básicos de los comuneros, y los proteja de las amenazas que les profieren los guardias privados de las empresas denunciadas.
6. Al Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Sergio Morales, intervenir en la pronta resolución de dicha problemática, ya que con el desvio y contaminación de los ríos se esta violentando nuestro derecho a la vida y a la seguridad alimentaria y nutricional, solicitándole que abra la investigación correspondiente e instruya al Auxiliar de la PDH en Coatepeque, para que vele por nuestra seguridad y derechos.
7. Al Fiscal General, Lic. Juan Luis Florido, intervenir de manera inmediata para investigar la posible comisión de delitos contra la vida, la salud, el ambiente y la seguridad alimentaria de los firmantes, conminar judicialmente a los responsables del desvio de los ríos para que los devuelvan a su cauce natural y así reparen el daño ambiental realizado, y deducirles las responsabilidades penales y civiles que estos ilícitos conllevan.
8. A las Autoridades municipales de Coatepeque, Quetzaltenango, y Ocós, San Marcos, tomar cartas en el asunto para garantizar el bien común de las familias afectadas.

Atentamente,

Daniel Pascual Hernandez
Coordinador General, Comité de Unidad Campesina –CUC-

[siguen firmas]

Documentos relacionados:

• Comunicado 25 de marzo
  
• Denuncia al Ministerio Público (pdf)
• Documentación Fotográfica