1.       Las próximas elecciones son ilegítimas, ilegales y fraudulentas.

Las próximas elecciones no tienen legitimidad por que se dan en medio de una crisis política en la que los partidos políticos, el gobierno y los tribunales han optado por la impunidad y la corrupción; el congreso no ha querido aprobar las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, las cortes avalan la corrupción y la impunidad. Las campañas electorales se han realizado violando la ley y se financian con dinero del narcotráfico, de los que tienen negocios con el gobierno o del crimen organizado. También son elecciones ilegales porque los partidos políticos han violado reiteradamente la ley con la campaña anticipada, violaron el artículo 113 de la Constitución que dice que para optar a cargos públicos se debe tener características de honradez, capacidad e idoneidad, además han sobrepasado el techo del gasto de campaña establecido legalmente y se ha inscrito a personas con acusaciones de corrupción o tráfico de influencias; por lo que llegarán a los cargos de elección popular personas corruptas y ladronas. Estas elecciones son fraudulentas porque están tratando de hacer pasar las elecciones como algo legítimo y en el marco de la ley, cuando son fruto de un pacto de impunidad; por eso rechazamos estas elecciones y las consideramos nulas.

 

La situación en que vivimos los campesinos y campesinas en la Costa sur, se está agudizando cada día más con la reconcentración de la tierra que realizan las empresas de producción de palma africana y caña  de azúcar para incrementar la producción de agro combustibles y otras empresas agrícolas que producen para la exportación. Puesto que los campesinos vivimos del cultivo de productos alimenticios, tanto para el autoconsumo, como para abastecer los mercados locales y cubrir con ello las necesidades básicas en el hogar; pero actualmente muchas de las familias ya no tienen donde cultivar sus propios alimentos y tienen que migrar a las ciudades en el interior del país y a los Estados Unidos, pues la explotación laboral por dichas empresas y el desempleo se ha incrementado en los últimos años por la misma reconcentración de la tierra.

Como parte de los pueblos, comunidades y organizaciones del pueblo de Guatemala, que de forma ordenada, pacífica y de buena fe, nos hemos manifestado expresando nuestra  indignación y rechazo ante la ruptura democrática, la violación a la Constitución y el rompimiento del Estado de Derechos por los inaceptables hechos de corrupción cometidos por parte de las más altas autoridades del organismo ejecutivo, empresarios corruptores y los políticos  corruptos que han violentado las más elementales normas éticas, en particular al violar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes de Guatemala.

 

Las comunidades indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa al Gobierno y la opinión pública informan, que el 27 de marzo de 2012, en horas de la noche, el presidente, Otto Pérez Molina, se comprometió con la Marcha Indígena, Campesina y Popular a dar prioridad a 8 de 68 demandas planteadas.

Dentro de las 8 demandas priorizadas, se incluye, en el tema cuatro: la solución de conflictos de la Comunidad Santa María Xalapan, para lograrlo el gobierno se comprometió a que la Secretaría de Asuntos Agrarios, SAA, y el Sistema Nacional de Diálogo de la Presidencia, SND, realizarían un estudio históricoy técnico  de la comunidad indígena  Santa María Xalapán y los linderos definidos por la cédula real y que se regularice y registre en la Propiedad Inmueble a favor de la Asociación Civil Comunidad Indígena Santa María Xalapán.

La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara con lugar la solicitud de antejuicio contra Otto Pérez Molina, pone en evidencia, una vez más, la responsabilidad del presidente ante los graves delitos de corrupción y, por lo mismo, el incumplimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución. Pérez Molina es responsable de haber violentado la Constitución y el Estado de Derecho, por tal razón ahora no se puede escudar en que “cumplirá el período constitucional”. La Asamblea Social y Popular reafirmamos lo que hemos expresado desde el principio. ¡Otto Pérez Molina debe renunciar!

Con la participación de 650 integrantes de 88 delegaciones de Pueblos, Autoridades Ancestrales, Comunidades en Resistencia, Campesinos, Mujeres, Estudiantes, Jóvenes, Sindicalistas, Profesionales y Académicos, Artistas, ONGs, Defensores de Derechos Humanos de las cuatro esquinas de nuestra Guatemala, nos hemos reencontrado en la Segunda Asamblea Social y Popular en estas jornadas luminosas de despertar ciudadano y popular para reafirmar nuestra indignación ante la corrupción e impunidad, pero también para reafirmar nuestra voluntad de continuar tejiendo relaciones y articulaciones para que nuestra voz sea escuchada.

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