El 13 de diciembre de los corrientes, trabajadores de la empresa Chabil Utzaj, destrozaron más de 48 manzanas de milpa propiedad de 54 familias que habitan en la comunidad Paraná de Panzós, Alta Verapaz.
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Desde la casa y en todos los espacios donde las mujeres estamos presentes contribuyamos a erradicar la violencia en todas sus expresiones
El Comité de Unidad Campesina CUC, este 25 de noviembre que se conmemora el día de la no violencia contra las mujeres, a la opinión publica manifiesta:
La violencia contra las mujeres es un problema social, político, económico, emocional y cultural, que afecta de manera violenta, primordialmente a las mujeres, lo cual se determina por la existencia de relaciones de poder entre los géneros y tiene como consecuencia la inmovilidad y obstaculización del ejercicio de la ciudadanía y de todas aquellas acciones que se encaminan a valorizar sus principios y valoresy el control sobre sus cuerpos.
El empobrecimiento al que hemos sido sometidos desde hace siglos las campesinas y campesinos, indígenas y ladinos pobres, se está agravado porla alta concentración y reconcentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes. Pero también por la falta de voluntad política departe de los gobiernos militares y derechistas que han gobernado nuestro país en las últimas seis décadas.
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Movimientos populares se reunenen con la CIDH para abordar los desalojos violentos en el Polochic
La Comisión Peticionaria de las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH a favor de las 14 comunidades desalojadas violentamente en el Valle del Polochic integrada por:
Comité de Unidad Campesina -CUC-, Unión Latinoamericana de Mujeres -ULAM-, Fundación Guillermo Toriello -FGT-, GHRC y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP-
ALA OPINON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DEL POLOCHIC AFECTADAS POR LOS VIOLENTOS DESALOJOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO Y LA EMPRESA CHABIL UTZAJCOMUNICAMOS
Querepresentantes delas comunidades afectadas por los desalojos en el Valle del Polochic y de la comisión de Peticionarios de las Medidas Cautelares 121-11 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos reunimos con la CIDH y representantes del gobierno de Guatemalael día 26 de octubre en su sede en Washington.
El Comité de Unidad Campesina a la opinión pública hace saber que:
La situación en que vivimos los campesinos y campesinas en la Costa sur, se está agudizando cada día más con la reconcentración de la tierra que realizan las empresas de producción de palma africana y caña de azúcar para incrementar la producción de agro combustibles y otras empresasagrícolas que producen para la exportación, tal es el caso de banano, hule y ganado;puesto que la mayoría de los campesinos vivimos del cultivo de productos alimenticios, tanto para el autoconsumo, como para abastecer los mercados locales y cubrir con ello las necesidades básicas en el hogar;pero actualmente muchas de las familias ya no tienen donde cultivar sus propios alimentos y tienen que migrar a las ciudades en el interior del país y a los Estados Unidos, pues la explotación laboral por dichas empresas y el desempleo se ha incrementadoen los últimos años por la misma reconcentraciónde la tierra.
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Comunidad q´eqchí sufre tercer atentado por grupo armado de la empresa Chabil Utzaj
Las familias q´eqchies que habitan en las orillas de la finca Paraná, del municipio de Panzós, Alta Verapaz, fueron víctimas de amenazas de muerte e insultos por 18 hombres que portaban escopetas y escuadras al cinto. Los desconocidos empezaron a actuar en contra de los comunitarios desde ayer, y hoy, aproximadamente a las ocho de la mañana, llegaron nuevamente acompañados de unos 60 cuadrilleros y patrullas de la Policía Nacional Civil a destruir los cultivos de maíz y frijol de las campesinas y campesinos.
El día 20 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dictó medidas cautelares a favor de las 14 comunidades en el Valle del Polochic desalojadas violentamente hace más de seis meses. Las medidas solicitan al Estado guatemalteco garantizar de forma urgente el derecho a la vida y la integridad física, el derecho a la alimentación y albergue, y la investigación de los hechos de violencia ocurridos que generaron la situación de alta vulnerabilidad que hoy atraviesan dichas comunidades.
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