Las 12 comunidades del área de occidente del municipiode San Juan Sacatepequez, saludan fraternalmentea los hermanosde la“Marcha por la Resistencia, la Dignidad, en Defensa de la Tierra y el Territorio"en su recorrido de 214 kilómetros desde Coban haciala Plaza de laConstitución.
Hoy las comunidades indígenas y campesinas por la defensa del territorio, contra los desalojos y por el Desarrollo Rural Integral plantearon sus demandas al presidente de la República.
Nosotros queremos que se condone la deuda agraria que suman más de 300 millones de quetzales, queremos que deje de instalar al ejército en nuestras comunidades y que deje de criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y campesinos. Nos oponemos a la explotación minera y a los desalojos, dijo al presidente de Guatemala, Daniel Pascual del CUC.
Nosotros nos comprometemos a recibirlos como se merecen y atender su demanda dijo el presidente. Pero las comunidades indígenas, campesinas y las organizaciones populares que acompañan esta movilización dijeron que si no resuelve la problemática que les afecta el pueblos seguirá en pie de lucha.
La marcha indígena, campesina y popular que inició el 19 de marzo en el parque central de Cobán, Alta Verapaz, no se detiene, sigue avanzando hacia la ciudad capital. Las demandas de las comunidades indígenas y campesinas tendrán que ser escuchadas por el gobierno el 27 de marzo.
¡Cuando los de abajo caminan…los de arriba tiemblan!
Después de 18 horas, campesinos y campesinas de la comunidad indígena Santa María Xalapán, de Jalapa, se encuentran frente al presidio de hombres de este departamento exigiendo la liberación de sus máximas autoridades indígenas, capturadas ayer luego de que se dieran violentos desalojos por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Los comunitarios están haciendo un plantón pacífico, pero centenares de elementos de la Policía y el Ejército los tienen rodeados, lo que ha generado descontento en la población.
Alertamos a todas las organizaciones de derechos humanos para que estén vigilantes de esta situación lamentable debido a que las autoridades de gobierno no han querido reconocer que las tierras son de la comunidad indígena y no de los terratenientes que se están apoderando de la misma.
Las hijas e hijos de la Madre Tierra y del Maíz, nos hemos juntado en la tierra de Manuel Tot para iniciar una marcha desde estas tierras hacia la Ciudad Capital donde se encuentra la sede de los poderes, para que nuestra voz y nuestra demanda sean escuchadas.
Nuevamente la comunidad indígena de Santa María Xalapán, del municipio de Jalapa, Jalapa, fue víctima de un desalojo violento, efectuado por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
En este hecho violento fueron destruidas viviendas y fue capturado Roberto González, máxima autoridad indígena, y Mercedes Pérez, líder campesino del lugar.
Las hijas e hijos de la Madre Tierra y del Maíz, nos juntaremos en la tierra de Manuel Tot para iniciar una marcha desde estas tierras q’eqchi’s hacia la Ciudad Capital donde se encuentra la sede de los poderes, para que nuestra voz y nuestras demandas sean escuchadas.
Realizamos esta marcha por la urgente necesidad de resolver la conflictividad agraria en el país, por que se respeten los territorios y la Madre Naturaleza en todos aquellos lugares donde comunidades indígenas y campesinas han dicho que no quieren empresas mineras, petroleras, de construcción de megaproyectos o monocultivos; para que se detenga la persecución en contra de los que luchamos por nuestros derechos, por la condonación de los préstamos otorgados por medio del Fondo de Tierras y por la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral.
Desde hace varios años y de muchas formas hemos dado a conocer estas demandas y planteamientos. Hemos advertido que las medidas y decisiones que empresarios y gobernantes están tomando, ha llevado a nuestro país, a nuestras comunidades y a nuestras familias a una situación donde se profundiza la injusticia, la pobreza, los despojos y la violación a nuestros derechos.
Hacemos esta marcha a un año que el anterior gobierno desalojó a cientos de familias Q’eqchi’s en el Valle del Polochic, para favorecer la presencia y negocios del ingenio Chabil Utzaj.A partir de esos desalojos se desató una tormenta de amenazas, intimidaciones, ataques y asesinatos contra esas comunidades. Ha pasado un año y nada se ha hecho ni por el anterior, ni por este gobierno. Ha sido un año de no tener vivienda, de ver los cultivos destruidos una y otra vez, de padecer enfermedades y desnutrición y de no tener seguridad. Por eso muchas familias de esas comunidades están participando en esta marcha.
Por eso, ahora nos hemos unido comunidades de pueblos originarios y campesinas, organizaciones y personas que aman a Guatemala, y todas y todos nos dirigimos a la capital para que juntas nuestras voces se escuchen más y se nos dé respuesta, por parte de los tres poderes del Estado:
·Demandamos que se aborde con seriedad la problemática de la tierra.
El Estado sigue teniendo en su poder fincas y no existe razón para que las siga manteniendo, lo que se debe hacer es entregarlas a familias y comunidades indígenas y campesinas. En concreto demandamos que resuelva el problema de la tierra en Alta Verapaz, en particular en el Valle del Polochic, Cobán, Chisec y Carchá; en el Norte de El Quiché y Zacualpa; Santa María Xalapán, Jalapa, Petén, Sierra de Santa Cruz, Izabal y en otros lugares más donde se están dando en la actualidad despojos de tierras.
·Demandamos la condonación total y definitiva de la deuda agraria
Se debe anular las deudas que tienen comunidades campesinas producto de los préstamos otorgados por el Fondo de Tierras. Los gobiernos han salido en auxilio de los empresarios, ya es hora de que el Estado responda a las necesidades de las mayorías necesitadas.
·Exigimos que terminen los desalojos, la persecución y criminalización.
Los desalojos, la persecución en contra de líderes y lideresas indígenas y campesinos, las falsa acusaciones, las actuaciones de jueces y fiscales del MP a favor de las empresas, las órdenes de captura y juicios amañados, la intimidación y ataques en contra de miembros comunidades y organizaciones, así como los asesinatos y allanamientos, deben terminar.
·Cancelación de las licencias mineras de exploración y explotación minera, petrolera,la construcción de hidroeléctricas y el impulso de monocultivos.
Decenas de miles de personas en cientos de comunidades así como organismos de Naciones Unidas han expresado que la explotación minera debe terminar. Demandamos que se respeten los resultados de las consultas comunitarias y se cancelen las licencias mineras en Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa y Guatemala, incluyendo San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
·Exigimos la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.
Desde hace doce años venimos planteando y participando en un proceso que dio lugar a la propuesta de una ley que, desde el gobierno anterior se encuentra engavetada en el Congreso. Ya es tiempo de que se apruebe esa ley, tal y como se propuso por las organizaciones de la sociedad civil.
Demandamos una nueva política agraria que posibilite el acceso a la tierra, sin la utilización de los mecanismos de mercado, la aprobación de los códigos agrario sustantivo y procesal, así como los correspondientes tribunales agrarios y la creación de la Procuraduría Agraria que lleve a finalizar la criminalización de las demandas indígenas y campesinas. También exigimos la aprobación de la Ley de Radios Comunitarias
Muchas veces hemos hecho estos mismos planteamientos, nos hemos expresado en distintos espacios, por lo mismo, al llegar a la Ciudad Capital, el día Wajxaquib’ Batz, tengamos respuesta concreta a nuestras demandas.
Que Amanezca, que Llegue la Aurora
Guatemala, 18 de marzo de 2012.
Una vez más la justicia beneficia a los empresarios y a los que abusan del poder.
El 5 de marzo se realizó, en el juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Nebaj, Quiché, la audiencia para el auto de procesamiento y revisión de la medida de coerción por el “caso regadío”, en donde tanto la defensa del preso político Felipe Gutiérrez como el Ministerio Público solicitaron reformar los delitos, pero el Juez se negó a conocer el caso aduciendo que no era el momento para hacerlo.