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Fotografía Prensa Comunitaria.

Las comunidades del pueblo Q´eqchi´ en el Estor, Izabal, se encuentran bajo una intensa intimidación por parte del gobierno de Guatemala, por medio de las fuerzas represoras de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encuentran protegiendo las acciones de la empresa minera CGN, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha suspendido temporalmente sus operaciones desde el año 2019.

La CC mandato la realización de un proceso de consulta el cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha realizado, así también este ministerio se rehúsa acreditar a los representantes y autoridades indígenas Q´eqchi´, quienes, si son reconocidas por las comunidades de la región, para su legítima participación en dicho proceso.

Las comunidades de esta región se han unidos ante el constante asedio de las autoridades en la región Q´eqchi´, manifestándose para la defensa de su territorio exigiendo que la mina deje de operar y que respete la decisión de las comunidades.

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La audiencia de primera declaración de Rudy Amílcar López originario del pueblo Mam de Huehuetenango, fue suspendida para el 14 de octubre a las 10:00 am. siendo retenido aún en la carceleta dentro de Torre de Tribunales.  López fue detenido ilegalmente por la Policía Nacional Civil sin ninguna orden de juez y señalado a dedo por el alcalde Ricardo Quiñonez de ciudad de Guatemala, abusando de su autoridad y haciendo uso de prácticas que violentan los derechos humanos de la población tal cual fuera como en los años de represión en nuestro país.

Dicho proceso ilegal sigue acumulando una serie de anomalías desde el momento de la aprensión de Amílcar López, ya que la detención ilegal se hizo 07 horas después de los supuestos hechos que se le imputan y a petición del alcalde Quiñonez, prestándose a un juego perverso las autoridades de la PNC, ya que hasta las 20:30 horas del 12 de octubre se le hicieron saber sus derechos, eran las 22:00 horas cuando todavía no se tenía la prevención policial, la cual aún la estaban preparando para que coincidiera con la declaración del agente captor de la PNC, lo que nuevamente viene a vulnerar los derechos humanos de Amílcar López.

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Manifiesto del Comité de Unidad Campesina -CUC- en su 43 Aniversario

 

Hace 43 años, el 15 de abril de 1978, en una aldea del municipio de Parramos, Chimaltenango, cansados de las inhumanas condiciones de vida y explotación en las fincas, de la represión y persecución que se daba en las comunidades indígenas y campesinas, de las “agarradas para el cuartel” en los pueblos donde se llevaban a los jóvenes indígenas a la fuerza para integrarlos al ejército, de los bajos precios a nuestros productos y del el racismo y discriminación que se vivía en todos lados; mujeres y hombres indígenas y ladinos o mestizos pobres, prevenientes de El Quiché, la Costa Sur y Chimaltenango, con el corazón cargado de valentía y esperanza, realizaron la Primera Asamblea Nacional y fundaron al Comité de Unidad Campesina -CUC- .

 

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Los municipios de San Antonio, San Bernardino, San Miguel Panam, de Suchitepéquez, dos comunidades Aldea Grande en la boca costa, así como en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá de Sololá, se han visto afectados y vulnerados en sus derechos por la empresa prestadora de servicio de energía eléctrica, ya que esta ha realizado un corte generalizado del servicio básico dejando sin este servicio básico alrededor de 90 mil familias por más de tres días.

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Guatemala, 8 de marzo 2021

El Comité de Unidad Campesina –CUC- con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, saluda a las mujeres indígenas y campesinas, quienes, están viviendo en condiciones mucho más difíciles ante la pandemia del COVID-19. Las mujeres indígenas y campesinas están enfrentando mayor empobrecimiento, desempleo y bajos salarios, alza en los productos de la canasta básica, incremento en el pasaje, lo cual, dificulta la comercialización de productos familiares y aumenta la desnutrición. A esto se suma la falta de atención en salud para ellas y sus hijos e hijas, y les incrementa la carga de cuidados pues deben estar atendiendo la educación de sus hijas e hijos, con el agravante de que muchas madres son analfabetas.

El COVID-19 no solo afecta la salud física sino también la salud mental y emocional por lo que en el último año se ha incrementado la violencia contra las mujeres, niñas y niños  en todas sus manifestaciones. Han aumentado los secuestros y asesinatos de niñas y mujeres, evidenciando una vez más la vulnerabilidad de las mujeres y la falta de voluntad de las instituciones gubernamentales de garantizar la seguridad y atención a las demandas.

A causa de la lucha incesante por la recuperación de la Madre Tierra, las mujeres indígenas y campesinas seguimos siendo víctimas de represión, criminalización y persecución penal. Esta vulneración de derechos les perjudica en otros aspectos de la vida personal, familiar y comunitaria como por ejemplo a sus hijas e hijas se les niega el derecho a la identidad, derecho a la educación, derecho a la libertad de locomoción, las mujeres tienen miedo de salir de sus comunidades, e ir al mercado, al centro de salud o al molino. Por eso exigimos respeto a los derechos de las mujeres y atención a sus necesidades urgentes.

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La comunidad Arameo, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal, ha sido objeto de un desalojo extrajudicial a manos de un grupo armado, quienes quemaron sus viviendas y pertenencias, robando y

saqueando las tiendas, así también golpeando e hiriendo a jóvenes de dicha comunidad.

Las mujeres, niñas, niños, hombres y personas de la tercera edad, con miedo y temor por sus vidas, se han tenido que refugiar en comunidades vecinas adentrándose en la montaña, sin recursos, ni alimentos, con el miedo de que este grupo armado siga intimidándolos y queriendo sacar de las otras aldeas.

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Organizaciones sociales y campesinas recomiendan iniciar urgentemente una discusión incluyente y técnica para la atención adecuada de la actividad agropecuaria campesina.

Aunque se reconoce la necesidad de apoyar con urgencia y prioridad la economía campesina, el análisis de la iniciativa de ley número de registro 5978, que propone aprobar una Ley para el fortalecimiento de la actividad agropecuaria campesina, revela falencias técnicas serias, por lo que su aprobación produciría disposiciones e instituciones fiscalmente insostenibles en el tiempo, y con ello contraproducente. Las organizaciones sociales y campesinas suscritas instan al Congreso de la República a no aprobar esta propuesta de urgencia nacional, e instalar una mesa técnica incluyente en la que participen las organizaciones campesinas, para retomar el análisis y discusión de propuestas anteriores y acordar la mejor forma de fortalecer la actividad agropecuaria campesina.

esde el punto de vista de las finanzas públicas, las propuestas de la iniciativa de ley 5878 significarían un aumento significativo del gasto público, el cual no es cuantificado ni técnicamente evaluado en la exposición de motivos de la propuesta. Aunque propuestas como la creación del Fondo para el Fomento de la Agricultura Familiar, del Bono para el Fortalecimiento Agropecuario de Q 3,000.00 anuales para cada familia, de seguros agropecuarios, de un programa de impulso a la educación, desarrollo de infraestructura de almacenaje, la vinculación de la producción campesina a los mercados alimentarios institucionales, formación de actividades agropecuarias y de un Consejo Nacional para la Agricultura Campesina podrían evaluarse y discutirse por estar asociadas a algunas demandas legítimas del sector campesino, deben atender la premisa básica de analizar su efectividad, viabilidad y sostenibilidad fiscal. Es preciso cuantificar técnicamente el gasto público adicional que generaría su aprobación, e identificar y aprovisionar los recursos financieros para hacerlos fiscalmente sostenibles en el tiempo.

  1. SIN DEMORAS LA AYUDA DEBE LLEGAR A LAS FAMILIAS AFECTADAS
  2. Tormenta ETA en Guatemala
  3. CONTINÚAN LOS ACOSOS VIOLENTOS A LAS FAMILIAS EN CUBILGÜITZ, COBÁN ALTA VERAPAZ
  4. Entrega de Kit de higiene a comunidades en municipios de Izabal y Alta Verapaz
  5. LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO Q’EQCHI’ DEBE DE PARAR

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