Como ha sido establecido por varias organizaciones populares y sociales, partidos políticos y misiones de observación nacional e internacional, el proceso electoral tuvo una serie de irregularidades y actuaciones parciales por parte de los órganos electorales. Todo estaba planificado para que la población viera como únicas opciones posibles a las candidatas y candidatos del Pacto de Corruptos. Sin embargo, en las elecciones presidenciales las y los votantes escogieron a un candidato diferente y que no ha sido parte de los corruptos.
Ahora, los partidos del pacto de corruptos que han sido los aliados de este gobierno y que no están conformes con los resultados de las elecciones, están haciendo todo lo posible para que la decisión de quién debe de pasar a la segunda vuelta, se decida en las cortes y que no se tome en cuenta los resultados en las mesas de votación. Para eso, han acudido a la Corte de Constitucionalidad, que desde su elección ha actuado a favor del gobierno, sus aliados y los corruptos y quieren que la ilegítima Corte Suprema de Justicia, que desde noviembre de 2019 venció su período constitucional, intervenga de nuevo en el proceso electoral.