Sr. César Bernardo Arévalo de León
Presidente Constitucional
De la República de Guatemala
Pte.
Presidente Arévalo:
Las organizaciones firmantes, tomando en cuenta una serie de iniciativas y situaciones que se dan a nivel nacional, queremos expresar, por medio de esta carta abierta, nuestra preocupación por varios hechos que se han dado en la coyuntura nacional.
Nos preocupa sobremanera la aprobación del decreto ley No. 35-2024 recién aprobado por el Congreso de la República en el que se atribuyen funciones que atentan contra los derechos humanos; en particular, el artículo 60 de dicha ley, al presumir que el uso de las armas de fuego es un acto ordenado por la ley y, por otro lado, la calificación de “agresor” de la persona que resulte herida o asesinada, esto representa una regresión en cuanto a pactos derechos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, ratificados por el estado de Guatemala. Esa formulación, en lugar de establecer, con claridad, las circunstancias y propósitos para el uso de las armas de fuego, abre la puerta para que, además del uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma, ahora los agentes de la PNC puedan usar sus armas de fuego en contra de la población. La experiencia que tenemos como organizaciones indígenas y campesinas es que las fuerzas de seguridad han hecho uso de armas de fuego para reprimir las manifestaciones y protestas sociales, como sucedió, entre otros, en la masacre en Alaska, cometido contra el pueblo K’iche’ en Totonicapán o los atentados, el año pasado, contra las concentraciones en Retalhuleu y ahora, con esta formulación, se corre el riesgo de que se incrementen ese tipo de actuaciones.
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