Recientemente líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas denunciaron que el Ministerio Público ha solicitado 28 órdenes de captura en contra de hombres y mujeres que siguen defendiendo su territorio en contra de las hidroeléctricas y minería.

El MP les acusa de los delitos de “robo agravado y detenciones ilegales”, demostrando una vez más que las instituciones de seguridad y justicia del Estado, únicamente, velan porlos intereses de las empresas extractivas y violan el derecho de los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Autoridades ancestrales y pueblos indígenas de Guatemala dieron a conocer a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, sus argumentos jurídicos, históricos y políticos que evidencian la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por parte del sector empresarial y el Decreto del Congreso de la República 48-97, Ley de Minería.

Los pueblos indígenas a través de sus abogados expusieron esta mañana (20 de julio) a los magistrados de la CC que la ley de minería es inconstitucional porque no toma en cuenta a los pueblos originarios, afectados directos por la explotación minera.

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