Comunicados

: Comunicados; 09 Agosto 2012; Visto: 4796

Criminalización y persecución política del movimiento indígena, campesino y popular guatemalteco

Recientemente líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas denunciaron que el Ministerio Público ha solicitado 28 órdenes de captura en contra de hombres y mujeres que siguen defendiendo su territorio en contra de las hidroeléctricas y minería.

El MP les acusa de los delitos de “robo agravado y detenciones ilegales”, demostrando una vez más que las instituciones de seguridad y justicia del Estado, únicamente, velan porlos intereses de las empresas extractivas y violan el derecho de los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

: Comunicados; 08 Agosto 2012; Visto: 3905

Desvío y dragado de ríos en Ocós y Coatepeque...

http://www.youtube.com/watch?v=ezpTuFJKDgM

: Comunicados; 25 Julio 2012; Visto: 3493

Marcha Indígena, Campesina y Popular rechaza las reformas a la constitución...

http://www.youtube.com/watch?v=OJ5Mt2JW_bM

: Comunicados; 03 Agosto 2012; Visto: 3332

CUC exige destitución de fiscales distritales del MP...

http://www.youtube.com/watch?v=N2PRFtsFqCs

: Comunicados; 23 Julio 2012; Visto: 3587

La Palabra Maya

: Comunicados; 01 Agosto 2012; Visto: 3058

San Raymundo rechaza proyecto de expansión eléctrica en su territorio...Parte II

http://www.youtube.com/watch?v=SzFCndroJ64

: Comunicados; 20 Julio 2012; Visto: 7016

Pueblos indígenas argumentan inconstitucionalidad de la Ley de Minería…

Autoridades ancestrales y pueblos indígenas de Guatemala dieron a conocer a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, sus argumentos jurídicos, históricos y políticos que evidencian la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por parte del sector empresarial y el Decreto del Congreso de la República 48-97, Ley de Minería.

Los pueblos indígenas a través de sus abogados expusieron esta mañana (20 de julio) a los magistrados de la CC que la ley de minería es inconstitucional porque no toma en cuenta a los pueblos originarios, afectados directos por la explotación minera.