Este 30 de junio, campesinos y campesinas organizados en el Comité de Unidad Campesina - CUC -, desarrollamos jornadas de movilización y acciones para evidenciar cuál es la política agraria del gobierno.

Nos movilizamos para demostrar que, en plena crisis alimentaria, hay fincas que están ociosas mientras miles de campesinos y campesinas no tiene ni un pedacito de tierra para sembrar.

Desarrollamos acciones de protesta y movilización en las fincas de Coyuta, Masagua, Escuintla propiedad del Estado que se encuentra en manos del ICTA y que cuenta con un área que no se está utilizando y, en la Finca El Pino propiedad del Estado que está en manos del ejército e igualmente no está siendo utilizada para producir.

 

Desalojo en Finca El Pino, Fraijanes 30 de junio 2008

Con mantener estas tierras sin distribuir se está incumpliendo el Artículo 8 de la Ley del Fondo de Tierras que establece que éste “tendrá disponibilidad sobre los bienes inmuebles inscritas en el registro de la propiedad a favor del Estado”.

En este caso el gobierno de Colom se olvida de cumplir con la ley del Fondo de Tierras y mandó inmediatamente efectivos policíacos y militares a desalojar a las familias campesinas.

Igualmente nos movilizamos hacia la Finca El Recuerdo en Telemán, Alta Verapaz y la Finca Trece Aguas, Senahú, Alta Verapaz que tienen áreas ociosas

En la Finca El Recuerdo, al igual que en el pasado, cuando Justo Rufino Barrios autorizó a los finqueros a disparar para “defender” sus tierras, ahora, guardias privados del Ingenio Guadalupe; con el apoyo de un helicóptero se metieron a la finca y dispararon contra las y los campesinos, hiriendo a un compañero.

En la Finca Trece Aguas, el finquero les pagó a un grupo de campesinos y con el apoyo de 20 guardias privados se lanzaron en contra de nuestros compañeros y compañeras, haciendo aparecer los hechos como un conflicto entre campesinos. Es de recordar que en 1982, en esta misma finca el finquero pidió al ejército que desalojara a las y los campesinos acusándolos de ser guerrilleros, con el fin de no pagar las prestaciones laborales.

Con estos hechos ponemos en evidencia lo que hemos denunciado en múltiples ocasiones: hay tierra no cultivada y los finqueros prefieren que los guatemaltecos y guatemaltecas pasemos hambre y paguemos altos precios por los alimentos, antes que ceder un pequeños pedazo para cultivar granos básicos.

Igualmente con esta jornada de movilización y protesta hemos puestos en evidencia la falsedad e hipocresía del gobierno de Colom que, en lugar de hacer cumplir una ley que los finqueros llevan 34 años sin cumplir, ordena a su bancada que la dejen sin efecto. De esta forma hemos demostrado que con el gobierno de la UNE, la ley no es igual para todas y todos. Si se trata de campesinos indefensos, moviliza a sus fuerzas de seguridad como sucedió en esta ocasión. Si se trata de finqueros, pide disculpas y ordena derogar una ley que, en estos momentos nos permitiría enfrentar la crisis alimentaria.

Con estas acciones el Comité de Unidad Campesina ha querido demostrar que la represión, las violaciones a los derechos y la falsedad son la esencia de la política agraria de este gobierno.

Hacemos ver que el gobierno no tiene medidas claras para enfrentar la crisis alimentaria y de altos precios, y lo hacemos responsable de la reacción y acciones que tome la población ante el agravamiento de la crisis.

Llamamos a nuestros hermanos campesinos y campesinas a tomar sus medidas de seguridad porque este gobierno en coordinación con los terratenientes, es más represivo que los anteriores y por lo mismo debemos de organizar nuestra autodefensa y prepararnos para luchas más amplias.

 

Para enfrentar el hambre: Ocupar, Resistir y Producir

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los trabajadores del Campo

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–

MIEMBRO DE CNOC, WAQIB’ KEJ, CLOC Y LA VIA CAMPESINA

 

 

A primera hora de la mañana, 100 familias del municipio de Telemán Alta Verapaz, ocuparon la Finca El Recuerdo, en Panzós, Alta Verapaz, terreno que no tiene inscripción en el registro de propiedad y que hace dos meses comenzó a ser utilizado por el Ingenio Guadalupe, propiedad de la familia Widman, emparentados con la familia del ex - presidente Berger

Las familias campesinas se vieron en la necesidad de ocupar este terreno para poder producir los sagrados alimentos dado que el gobierno actual, en lugar de buscar solución a la inmediata necesidad de garantizar los alimentos ante la crisis alimentaria, se ha dedicado a tomar medias contradictorias como la liberación de aranceles que únicamente favorece a los importadores, el anuncio de implementar el Decreto 40-74 que obliga a los propietarios de más de 100 manzanas de tierra a utilizar el 10% para producir granos básicos y ante la reacción de rechazo por parte de la Cámara del Agro, en lugar de hacer cumplir la ley, como ha proclamado cuando la represión es contra campesinos y campesinas indefensas, dio marcha atrás y anunció la derogación de dicho decreto.

Las familias campesinas no podemos seguir esperando las medidas erráticas y plegadas a la oligarquía que está tomando el señor Colom. El tiempo de la siembra ya está pasando y miles de familias sin tierra corren el riesgo de quedarse sin alimentos.

A las 7:00 de la mañana el gerente del Ingenio Guadalupe, Guillermo Urrutia ordenó a la guardia privada desalojar a las familias campesinas, quienes con apoyo de un helicóptero privado, lanzaron lacrimógenas y dispararon en contra de las y los campesinos, hiriendo al compañero Cristóbal Cuc de 35 años.

La utilización de la seguridad de la finca para desalojar a los campesinos es a todas luces ilegal y evidencia cómo la producción de caña de azúcar y palma africana para producir agrocombustibles, están quitándole, inclusive a sangre y fuego, tierras a las familias campesinas para sembrar granos básicos.

Solicitamos el apoyo de la solidaridad nacional e internacional para denunciar estos hechos y exigir al gobierno de la UNE medidas inmediatas y serias que enfrenten de raíz la problemática de la crisis alimentaria.

 

Para enfrentar el hambre: Ocupar, Resistir y Producir

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los trabajadores del Campo

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–

MIEMBRO DE CNOC, WAQIB’ KEJ, CLOC Y LA VIA CAMPESINA

 

Hoy, con un fuerte despliegue de tanquetas, tres mil policías y soldados han ocupado militarmente la comunidad Las Trojes del municipio San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Han anunciado que tienen un listado de 25 personas a las que quieren capturar, por lo que intentan allanar las casas de los aldeanos.

Sin embargo, al no encontrar las 25 personas buscadas, los policías y soldados han capturado a 43 aldeanos, entre ellos las autoridades comunitarias de Las Trojes.

La incursión se da luego de que los aldeanos detuvieron una máquina de la empresa Cementos Progreso el sábado pasado alrededor de las 6:30 a.m., cuando ésta entraba al área de la mina. Han pedido la intervención de la alcaldesa Marta Sicán de Coronado para mediar entre las partes, pero a pesar de repetidas solicitudes al respecto, la petición fue negada.

Es la tercera vez que las fuerzas armadas y policiales irrumpen violentamente en las comunidades de San Juan Sacatepéquez para reprimir las protestas a las obras mineras en el municipio, la última incursión siendo la que se dio el 28 de marzo del presente.

La empresa Cementos Progreso de la familia Novella intenta implementar el proyecto minero a la fuerza, a pesar de que la población de San Juan Sacatepéquez ha manifestado en varias ocasiones su rechazo. En mayo 2007 se realizó una consulta comunitaria en las 12 comunidades que están en el área minera del municipio. El resultado fue un rechazo total a la explotación minera, con 8936 votos en contra y 4 votos a favor.

No tiene nada de raro entonces que el afán de los empresarios de desprestigiar las consultas comunitarias es grande. A pesar del rotundo “NO” a la minería en cada una de las comunidades consultadas, algunos medios de comunicación han dado información falsa, afirmando que en el municipio hay “50 comunidades” a favor de la minería. Esta afirmación resulta ridícula, considerando que los aldeanos han informado de la existencia de un total de 38 comunidades en el municipio.

Los aldeanos están ejerciendo sus derechos como ciudadanos. Las consultas comunitarias se realizaron en el marco del convenio 169 que obliga al estado a consultar a los pueblos indígenas sobre la explotación de los recursos en sus territorios. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Colom, en lugar de garantizar la aplicación de las leyes, actúa a favor de los empresarios, de manera violenta y a costo de la población.

El presidente acude otra vez al “Estado de Prevención”, limitando los derechos de los ciudadanos y facilitando la represión. Ya está claro que son el gobierno y las autoridades, las que constituyen un peligro para la sociedad, y no las protestas sociales.

El Comité de Unidad Campesina se solidariza con los campesinos de San Juan Sacatepéquez y condena enérgicamente la criminalización de las protestas sociales y la militarización del municipio.

 

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los trabajadores del Campo

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–

MIEMBRO DE CNOC, WAQIB’ KEJ, CLOC Y LA VIA CAMPESINA

 

Este 30 de junio, a las 5:00 de la mañana, 122 familias, con sus pocas pertenencias, ocuparon la Finca Los Pinos, Fraijanes, Guatemala, finca propiedad del Estado en manos del ejército, con una extensión de 40 caballerías que se encuentran totalmente ociosas.

Preparan el desalojo en Finca el Pino

Estas familias intentaron acceder a tierra pero no encontraron respuesta de las instituciones de Estado que, en lugar de resolver la grave problemática agraria, se ha dedicado a perseguir a campesinos y campesinas, ha reducido los fondos para acceder a fincas y con medidas contradictorias busca enfrentar la grave crisis que ya se está viviendo en el campo donde muchas familias han tenido que reducir sus tiempos de comida.

A las 9:00 de la mañana, alrededor de 150 efectivos antimotines del ejército se presentaron en el lugar y, sin orden judicial, procedieron a desalojar a las familias campesinas; capturaron a dos compañeros que posteriormente fueron rescatados de las manos de los militares y, en estos momentos, mantienen cercadas a las familias a la orilla de la carretera, mientras nuestros compañeros y compañeras se mantienen gritando consignas, con la decisión de permanecer en el lugar.

Según el Artículo 8 de la Ley del Fondo de Tierras las tierras del Estado improductivas deben ser entregadas a campesinos y campesinas organizadas, pero estas tierras siguen en manos del ejército mientras miles de hermanas, y hermanos campesinos pasan hambre y miseria.

El ejército no tiene potestad para efectuar desalojos y ésta acción, a todas luces ilegal, evidencia, una vez más que el gobierno de Colom recurre a la represión, a la imposición de estados de excepción, a las acusaciones de terrorismo y a la criminalización de la demandas sociales. Esta es la verdadera política agraria del gobierno de la UNE.

Exigimos el inmediato retiro de las tropas militares que tienen cercadas a las 122 familias y que el Estado, en cumplimiento de la ley, adjudique esas tierras que no se están utilizando, para que pueda ser puesta a producir por campesinos y campesinas que lo necesitan.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a demandar al gobierno que termine su política represiva, la remilitarización de la sociedad guatemalteca y le dé respuestas inmediatas y coherentes a la problemática agraria en una situación que se agrava con la crisis alimentaria.

 

Para enfrentar el hambre: Ocupar, Resistir y Producir

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los trabajadores del Campo

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–

MIEMBRO DE CNOC, WAQIB’ KEJ, CLOC Y LA VIA CAMPESINA

 

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, INDÍGENAS Y CAMPESINAS

(UNSITRAGUA, FNL, SNTSG, CNOC, CUC, FESTRA)

 

Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional manifestamos nuestro total rechazo a las prácticas de militarización y represión, como respuesta del Estado ante la problemática social.

 

Las acciones del actual gobierno nos hace recordar épocas precedentes de ingrata memoria, como las emprendidas por el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio y otros gobiernos que le sucedieron. Todos implementaron la suspensión de las garantías constitucionales como una de sus principales armas para enfrentar el descontento popular. La historia, si no se le conoce, torna cíclica.

 

El pueblo de San Juan Sacatepéquez lucha, con dignidad, por la defensa de su tierra y la integridad de sus territorio. Los acompañan la razón y el derecho. La empresa de la familia Novella amenaza con convertir sus jardines en desierto.

 

Ante su clamor nada, en absoluto, se resuelve con la intervención militar. Los problemas sociales que se multiplican a lo largo y ancho del país, requieren respuestas de otra naturaleza.

 

 Campesinas de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, protestan los abusos de las autoridades y la empresa Cementos Progreso, en la marcha del aniversario del CUC, 15 de abril 2008.
 

El precedente que establece el Gobierno de militarizar las áreas de conflicto por la vía de suspender las garantías constitucionales y lanzar sobre el terreno a sus perros de la guerra, es inaceptable. El pasado no debe volver, ni la impunidad puede seguir siendo el manto bajo el cual se abrigan todo tipo de atropellos en contra de los derechos e intereses superiores del pueblo.

Los movimientos sociales no son terroristas. Por el contrario, es el propio Estado quien siembra el terror, para defender los intereses de la familia Novella.

El actual Gobierno debe recordar que, quien siembra vientos, cosechará tempestades. Las derechas de este país deben saber que han de ponerle límites a su codicia, porque si no lo hacen, es el propio pueblo quien terminará por limitarlas.

Colom llama a los pobladores a establecer un diálogo luego de militarizar el área. No es válido dialogar cuando una de las partes apunta con un fusil en la sien de la otra. Claro que debe darse un proceso de diálogo pero en condiciones de equidad y respeto mutuo.

Para ello es precisa la mediación de actores que, como la Iglesia Católica, puedan desempeñar un arbitrio respetuoso y conciliador entre las partes.

La inteligencia, la razón, deben imponerse por encima del uso de la fuerza bruta.

Exigimos al Estado el inmediato retiro de sus tropas y que, también de inmediato, cese el Estado de Prevención.

 

¡A mayor represión, mayor organización!

Guatemala, 23 de junio 2008

El día de hoy, 30 de junio, comunidades organizadas en el Comité de Unidad Campesina – CUC – ocupamos lugares ociosos de las fincas Trece Aguas, en Senahú, Alta Verapaz; Nueva Concepción en Panzós, Alta Verapaz; Coyuta en Masagua, Escuintla y El Pino en Fraijanes, Guatemala; éste último en manos del ejército.

La característica general de los lugares ocupados es que están ociosos, mientras miles de campesinos y campesinas pasamos hambre por no tener ni un pedazo de tierra para sembrar el sagrado maíz.

Ante el alto precio de los abonos; la imposibilidad de poder arrendar tierras por que han sido arrendadas por varios años por los terratenientes sembradores de caña de azúcar y palma africana; el aumento en el precio de todas las cosas, sobre todo, de los alimentos y la falta de respuestas reales por parte de éste y los anteriores gobiernos, nos vimos obligados a ocupar tierras para producir y contar con los alimentos para que nosotros y nuestras familias tengamos qué comer.

Ocupación de la Finca El Pino, Fraijanes

Pedimos a la solidaridad nacional e internacional estar atentos ante la situación de estas fincas ocupadas.

 

Para enfrentar el hambre: Ocupar, Resistir y Producir

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los trabajadores del Campo

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–

MIEMBRO DE CNOC, WAQIB’ KEJ, CLOC Y LA VIA CAMPESINA

 

 

 

 

Guatemala, 18 de junio (CUC, FAUSAC, ACTIONAID) - La actual crisis alimentaria que enfrenta Guatemala y el resto del mundo obliga a retomar el tema agrario y de desarrollo rural de manera urgente en el país. Contar con una Ley de Desarrollo Rural Integral es un compromiso derivado de los Acuerdos de Paz, que ha venido siendo postergado por más de 12 años. Con el objetivo de avanzar en esta dirección, en abril de este año se instaló un nuevo mecanismo de diálogo entre el gobierno, el movimiento campesino y organizaciones sociales que conforman la Alianza para el Desarrollo Rural (ADRI), con el propósito de debatir y consensuar una Política y la Ley de Desarrollo Rural para Guatemala, para lo cual han sido formuladas diversas propuestas e iniciativas de ley desde distintos sectores sociales y partidos políticos.

Dadas las dificultades observadas en el debate del desarrollo rural, particularmente en torno al tema agrario, se unen, en un solo esfuerzo, una institución académica de carácter público como lo es la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos; una organización campesina con una trayectoria de lucha por las reivindicaciones campesinas, el Comité de Unidad Campesina (CUC) y una organización no gubernamental que trabaja desde el enfoque de Derechos, ActionAid, para impulsar el “Proyecto para la Construcción de referentes empíricos a la Propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral de las Organizaciones Sociales que conforman la ADRI”.

Las tres organizaciones que conforman esta Alianza consideramos que en Guatemala, el sujeto priorizado en una política nacional de Desarrollo Rural Integral debe ser la economía campesina, actividad a la que se dedica la gran mayoría de la población que habita en los territorios rurales. Esta priorización no persigue perpetuar su carácter de subsistencia, sino que apoyar su conversión en excedentaria. De esta manera, se contribuirá a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los campesinos (as) guatemaltecos, se producirán alimentos para toda la población, se dinamizará la economía de esos territorios y las familias campesinas tendrán una base para salir de pobreza en que actualmente se encuentran.

Las tres instituciones involucradas en el presente proyecto consideran que el tema agrario y el desarrollo rural no son aspectos que interesen únicamente a los campesinos ni a la población del área rural. Por el contrario, esta temática ha pasado a ser de alta prioridad en la agenda nacional, pues de su abordaje y solución dependen la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población, urbana y rural, así como la viabilidad y sostenibilidad los recursos naturales, patrimonio de todos los guatemaltecos.

Por este motivo, el día de hoy 18 de junio 2008 se firma la Carta de Entendimiento entre FAUSAC, CUC Y ACTIONAID, en la cual se establecen compromisos institucionales, mecanismos y aportes de esta alianza institucional; dando inicio a acciones y actividades que permitan aportar a la construcción de un referente empírico y su correspondiente elaboración teórica, que contribuya a sustentar el planteamiento político de desarrollo rural del movimiento campesino, indígena y de la alianza para el desarrollo rural (ADRI).

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