La incapacidad de la ministra de educación para dialogar, el intento de suprimir a las escuelas normales y la carrera de magisterio, así como la política impositiva de este gobierno es la causa de los conflictos entre la Policía Nacional Civil y estudiantes de escuelas normales, ocurridas en la mañana de este día, 2 de julio del presente año.

Ante estos lamentables hechos el Comité de Unidad Campesina CUC manifestamos lo siguiente:

 

Comunitarios del municipio de Zacualpa, se movilizaron desde le lugar conocido como El Entronque, Santa Rosa hasta la delegación del Organismo Judicial y el Ministerio Públicode Santa Cruz, El Quiché, para exigir que se investigue y castigue al alcalde municipal Ernesto Calachij, acusado por la población de abuso de poder y violación a sus derechos humanos.

Producto de la Marcha Indígena, Campesina y Popular, se han tenido logros, pero también tenemos una serie de preocupaciones que a continuación expresamos.

1.Nos preocupa la forma en que fueron presentada las respuestas ya que se sigue la misma ruta del gobierno de Colom: empezar con comisiones de alto nivel y terminar mandando las respuestas por correo electrónico a los testigos de honor. Consideramos que es una falta de respeto y de seriedad hacerlo de esta manera.

2.Hay estancamiento en los tema extractivo y de militarización; temas que son los que están generando una alta conflictividad social y que el gobierno se niega a resolver. Nuestra posición sobre estos dos temas es:

 

Sobre el tema extractivo y construcción de hidroeléctricas:

 

Representantes de campesinos denuncian que el Gobierno no ha cumplido una sentencia de la CIDH a favor de comunidades indígenas desalojadas.

Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, y María Josefa Macz, subcoordinadora general, india maya q´ueqchì, del Valle del Polochic, hoy en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ.

Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para exigir al Gobierno de Guatemala la protección de 800 familias de 14 comunidades maya q'eqchi que fueron desalojadas violentamente de las fértiles tierras del Valle del Polochic, en marzo de 2011. Pero al día de hoy el Estado guatemalteco no ha cumplido con el dictamen del organismo de la OEA de dar viviendas —arrasadas durante el desalojo— y alimentos a los afectados.

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