Recientemente líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas denunciaron que el Ministerio Público ha solicitado 28 órdenes de captura en contra de hombres y mujeres que siguen defendiendo su territorio en contra de las hidroeléctricas y minería.

El MP les acusa de los delitos de “robo agravado y detenciones ilegales”, demostrando una vez más que las instituciones de seguridad y justicia del Estado, únicamente, velan porlos intereses de las empresas extractivas y violan el derecho de los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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