Comunicados

El Estado de Guatemala, a través de las fuerzas de seguridad, ha lanzado un ataque en contra del Pueblo Q’eqchi’ que se ha pretendido disfrazar con el desalojo a la comunidad 9 de Febrero. La realidad de los hechos es que, con el dinero de los impuestos de las y los guatemaltecos, en un operativo de carácter nacional, se movilizó a más de mil quinientos efectivos de las fuerzas represivas, desde diversos departamentos, incluyendo departamentos fronterizos con México, con el fin de garantizar los intereses de las empresas Hidro Santa Rita y Energuate.   

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Ante la opinión pública nacional e internacional, exponemos y denunciamos que el territorio del pueblo Q´eqchi’ ubicado  en el municipio de El Estor, se viene librando una lucha sin descanso  desde el año 1960 hasta hoy día, para hacer valer nuestro derecho de acceso a la tierra, a un lugar digno donde vivir, trabajar, alimentar a la familia y fortalecer nuestra cultura e identidad. 

El jueves 10 de julio,la Policía Nacional Civil, los guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- y los cuadrilleros contratados por esta empresa, actuaron en contra de Comunidad 30 de junio Se´ Chaj, en el marco de una serie de ilegalidades: (1). La jueza Sandra Janeth Méndez Nájera autorizó el desalojo, pero nunca le notificó a la comunidad. (2). Sin enseñar la orden de desalojo los policías comenzaron a disparar bombas lacrimógenas en contra las mujeres y la niñez que se encontraba en la comunidad 30 de junio Se´Chaj. (3). El resultado de esta acción violenta, por los grupos ya mencionados, es de 3 jóvenes heridos, cuyos nombres no se mencionan por temor a represalias, también fueron quemadas varias viviendas. (4). 15 estudiantes, que se encontraban en el interior de la escuela, ubicada a 100 metros, del lugar donde se llevó a cabo el desalojo violento, resultaron intoxicados por las bombas lacrimógenas.

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Como resultado del convenio firmado el 30 de julio de 2014 entre la empresa Hidro Santa Rita y el presidente Otto Pérez Molina para reafirmar la cooperación entre el gobierno y esta empresa por 20 años, hoy, las fuerzas represivas del Estado guatemalteco, ante el ejercicio del derecho constitucional a manifestarse que realizaron las comunidades del norte de Cobán, arremetieron en contra de  la población y realizaron un desalojo violento en la comunidad Monte Olivo, Cobán Alta Verapaz, comunidad organizada en el Comité de Unidad Campesina –CUC-.

El resultado, hasta ahora, es de 5 personas capturadas, identificadas como: Isabel Choc Beb, Magdiel Ical Jun, Tomas Chen, Obdulia Ical Jun y Carmen Jun, estos compañeros/as presentan golpes en diferentes partes del cuerpo ocasionados por la Policía Nacional Civil, PNC. También se reportan decenas de personas afectadas por las bombas lacrimógenas entre ellas unos 45 niños/as que presentan síntomas de intoxicación por los gases que ha lanzando la PNC.

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El Comité de Unidad Campesina CUC, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej y la CLOC-Vía Campesina en Guatemala a la opinión pública da a conocer que: la Libre Emisión del Pensamiento y la Libertad de Expresión está siendo coartada  por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal al resolver que “las personas que no ejerzan el periodismo en cualquiera de sus formas, serán responsables penalmente ante los tribunales de justicia por sus publicaciones”.

Esta sentencia se deriva de una querella presentada por el señor Ricardo Méndez Ruiz por “difamación calumnia e injuria” en contra del coordinador general del CUC, Daniel Pascual Hernández. En su momento se presentó un recurso de reposición pero la misma Sala de Apelaciones la declaró sin lugar.

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Como parte de la lucha por el cuidado del medio ambiente, la salud de las familias campesinas y la economía de las mismas el CUC ha entregado más de 250 estufas ahorradoras de leña a igual número de familias campesinas de los municipios Santa Cruz y Chiché del departamento del Quiché.

En los próximos días el CUC estará entregando 150 estufas ahorradoras de leña a igual número de familias, haciendo un total de 400 hogares beneficiados. Pero anteriormente el CUC ha trabajado con proyectos similares en los municipios La Blanca, San Marcos y Coatepéque, Quetzaltenango. Escuche esta nota periodística completa en: http://www.goear.com/listen/234cee2/exhumacion-huehuetenangocomunidad-indigena-chuarrancho-recupera-sus-tierras-ancestrales-radio-voces-iximulew

El día ayer, 24 de junio, alrededor de medio día, personas vestidas con uniformes de la policía, pero que se conducían en un vehículo particular, capturaron a Maximiliano Pérez, líder y autoridad comunitaria quien también es dirigente regional del CUC; lo introdujeron en el vehículo en el que se conducían y se retiraron del lugar.

Maximiliano Pérez es un dirigente de la región, miembro de una comunidad que se ha convertido en un centro de justicia ancestral para la mediación de conflictos que se han dado en la región del norte de El Quiché. En este centro de mediación se han resuelto conflictos con transportistas, conflictos intercomunitarios e incluso pago de deudas en banco del sistema, razón por la cual es buscada su participación por parte de diversas personas. Hay antecedentes de esta mediación en el marco del pluralismo jurídico que ha sido necesario implementar ante la discriminación de que son objeto los Pueblos Indígenas en Guatemala, tal y como lo reconoció la Procuraduría de los Derechos Humanos el 14 de marzo del presente año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

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