Nuestra lucha es por la vida

Nosotras y nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, indígenas y ladinos, provenientes de las comunidades de Huehuetenango, Jalapa, Izabal, Guatemala, Chimaltenango, Sololá, Petén, Quiché, Quetzaltenango, Jutiapa, Alta Verapaz, Totonicapán, El Progreso, Retalhuleu, Suchitepéquez y San Marcos, nos reunimos en T’zoloj Ya’, Guatemala, del 28 al 30 de marzo para compartir nuestras experiencias de lucha y resistencia en defensa de la vida, la dignidad y el territorio.

 

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CAMPO PAGADO EN EL NUEVO DIARIO, 27 DE MARZO 2008

  1. Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que tiene la más injusta distribución de la tierra En los últimos cincuenta años, según los diversos censos agropecuarios, esta situación no ha cambiado en sus aspectos fundamentales y se ha agravado. Las luchas por la defensa de la tierra y el territorio no son fruto de manipulación o engaños a campesinos; son producto de estas causas estructurales que aumentan la conflictividad agraria. Esta crecerá mientras siga la injusticia en el campo.
  2. Ahora, con la exploración y explotación minera y petrolera, la construcción de megaproyectos, la entrega de territorios indígenas a empresas llamadas ambientalistas para el impulso de proyectos turísticos o para negociar con el ambiente, la expansión de los monocultivos como la caña de azúcar o la palma africana y la apropiación de las riquezas naturales, agua, suelo y subsuelo, se está concretando, hacia las comunidades indígenas y campesinas, la amenaza del robo de las tierras que les pertenece por derecho histórico. Este despojo está siendo ejecutado por terratenientes y empresarios nacionales y transnacionales, con la complicidad de funcionarios gubernamentales.
  3. El Estado promueve leyes y políticas públicas que son excluyentes, y favorecen las acciones depredadora que pasan por encima de los derechos comunitarios, generando una presión en contra de las comunidades. Esta presión sumada a la exclusión, pobreza, marginación y violaciones a derechos humanos y laborales, dan lugar a la situación de explosividad en el campo y los centros de trabajo, que ahora estamos viviendo . Mientras se aprueban con celeridad tratados comerciales, licencias de exploración y explotación minera y petrolera, órdenes de desalojo contra comunidades indígenas y campesinas y demás medidas que únicamente benefician los intereses de sectores minoritarios. En tanto la ley para la protección de tierras indígenas establecida en la Constitución, hace 23 años y la Reforma Agraria Integral, aún está en espera de elaborarse y el Estado guatemalteco continúa negando los derechos, la voz y reivindicaciones de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
  4. Las comunidades organizadas haciendo uso de las consultas populares, mesas de diálogo y medidas de presión, han expresado colectiva y públicamente su rechazo a los proyectos empresariales que ponen en riesgo la vida y existencia de los pobres de la tierra, no obstante, las respuesta de las dependencias del Estado ha sido la criminalización y persecución de las comunidades organizadas y sus líderes.

    Las ordenes de captura colectivas contra líderes y pobladores de las comunidades esta siendo utilizado con el propósito de limitar los derechos a la organización y manifestación de las comunidades. Ejemplos de esta situación son las órdenes de captura contra treinta pobladores de San Juan Sacatepéquez, después de que las comunidades del este municipio, basados en una consulta comunitaria, se opusieran a la destrucción que generará la cementera que se quiere instalar en el lugar; así como la detención sin las debidas garantías y el debido proceso del líder q’eqchi’ Ramiro Choc y las órdenes de captura contra siete líderes q’eqchi’ del Livingstón que participaron en una mesa de diálogo con entidades del gobierno el 22 de febrero del año en curso.

    La represión contra las comunidades organizadas ha llegado a crímenes que atentan contra el derecho a la vida como el asesinato ejecutado el 2 de marzo del presente año contra Miguel Ángel Ramírez, líder sindical y cofundador del sindicato bananero, miembro de UNSITRAGUA, SITRABANSUR de la finca Olga María, Tiquisate; y la ejecución extrajudicial, el 15 de marzo, de Mario Caal Bolón en un ataque de las fuerzas del Estado a la comunidad de Ensenada Puntarenas, Livingston, hechos que aún permanecen en la impunidad.

    Sumado a ello, sobre muchas comunidades asentadas históricamente en las tierras de sus antepasados, penden órdenes de desalojo, sin que el gobierno proponga otra salida para el beneficio colectivo y social o utilizando “mesas de diálogo” únicamente para ganar tiempo o desactivar las protestas, sin una verdadera voluntad política para encontrar soluciones.
  5. Las acciones hechas por el gobierno actual en lugar de atender las causas de la conflictividad agraria y responder a las reivindicaciones con una visión social y de solución a los conflictos, ha dado pasos para agudizar la conflictividad en el campo al avalar la persecución y represión contra las comunidades organizadas, a la vieja usanza del pasado, acusándolas de terroristas y militarizando las zonas conflictivas.

Ante el agravamiento de la conflictividad agraria, las organizaciones abajo firmantes, exigimos a los órganos del Estado:

  1. Respetar el derecho a la organización de las comunidades indígenas y campesinas, y terminar con la criminalización de las reivindicaciones de los pobres de la tierra y con ello la persecución de los líderes comunitarios, la militarización, los desalojos contra comunidades y las acusaciones de “terrorista” contra quien lucha por sus derechos, reconocido en el artículo 45 de la Constitución de la República, en donde se establece que es legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la misma.
  2. Hacer justicia y esclarecer quiénes son los responsables de la ejecución extrajudicial de Mario Caal, ya que el Estado tiene responsabilidad en estos hechos, igualmente investigar y enjuiciar a los responsables del asesinato del sindicalista bananero Miguel Ángel Ramírez.
  3. Suspender la persecución infundada contra los líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez y Livingston y respetar la presunción de inocencia y el debido proceso que han sido violados con la detención de Ramiro Choc y ordenar su liberación.
  4. Tomar medidas inmediatas, concretas y efectivas, tendientes a disminuir la conflictividad agraria y crear, con hechos, un clima que permita el abordaje, el reconocimiento de los derechos históricos y la solución a las reivindicaciones indígenas y campesinas.
  5. Detener los desalojos y capturas que están en curso para crear un clima de diálogo y suspender la política de autorizaciones para la exploración y explotación minera, petrolera y la construcción de grandes hidroeléctricas que inundarán comunidades.

 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -CNOC-
Coordinación y Convergencia Maya WAKIB’ KEJ
Comité Campesino del Altiplano -CCDA-
Comité de Unidad Campesina -CUC-
Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas -UVOC-
Coordinación de ONG y Cooperativas -CONGCOOP-
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala -UNSITRAGUA-
BLOQUE ANTIMPERIALISTA
FORO SOCIAL AMÉRICAS
Fundación Guillermo Toriello -FGT-
CEIBA

En la agudización de la crisis generada en Livingston, Izabal, el gobierno de la UNE le ha dado una salida militar y represiva a la problemática de las comunidades Q`eqchi´; como parte de su política de defensa de los intereses de los terratenientes nacionales y de las empresas transnacionales, asentados en dicha región.

El día de hoy, 17 de Marzo lanchas de la marina de guerra con policías y elementos de la marina de guerra, con el apoyo de un helicóptero están desarrollando operativos de cerco contra la comunidad Ensenada Puntarenas donde el sábado 15 de marzo fue asesinado el campesino Mario Caal y cuya muerte ha sido ocultada por el gobierno.

MANIFESTAMOS

A pesar de las protestas, el Congreso de Guatemala aprobó la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC. La aprobación se produjo en circunstancias negativas: con evidente desconocimiento por parte de los diputados del contenido y las implicaciones del TLC y en un momento en que el movimiento social solicitaba la realización de una Consulta Popular.

A diferencia de la agilidad con la que el Ministerio Público ha acumulado acusaciones en contra de Ramiro Choc, ahora, a un día de haber sido asesinado el campesino Mario Caal Bolón en Livingston, Izabal, este organismo, violando su ley orgánica, se niega a recoger las evidencias en el lugar en donde sucedieron los hechos para encubrir la ejecución extrajudicial perpetrada por el ejército y la policía nacional civil, ello para no contradecir las declaraciones del portavoz del ministerio de gobernación que negó el asesinato, expresando que” ningún cadáver ha ingresado a la morgue”.

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