En los desalojos realizados hoy 15 de marzo, en el Valle del Polochic, fuerzas de seguridad y paramilitares atacaron a campesinos y campesinas, incluyendo niñas, niños y ancianos.

En la Comunidad Miralvalle el desalojo fue dirigido por el dueño del Ingenio Chabil Utzaj, Carlos Widmann, el gerente del mismo Ricardo Díaz y Jorge Mario Barrientos a quienes responsabilizamos de los hechos y sus consecuencias.

Más de 800 familias de 14 comunidades ubicadas en el Valle Polochic, en el municipio de Panzós del departamento de Alta Verapaz están siendo desalojadas, este martes 15 de marzo, por más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Ejército y guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj. Las 800 familias sumidas en la extrema pobreza y desempleo, decidieron entre octubre y noviembre del año 2010, posesionarse en las tierras del improductivo ingenio Chabil Utzaj. Desde esos meses se dedicaron a sembrar maíz y otros granos básicos para subsistir a las condiciones paupérrimas en que viven y ejercer su derecho a la alimentación.

URGENTE, COMUNICADO URGENTE

 

EL COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC-

 

A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA DESVIACION DE LOS RIOS EN COATEPEQUE, OCOS Y RETALHULEU.

INFORMAMOS LO SIGUIENTE:

Que continuamos sufriendo los daños y perjuicios causados por la construcción de presas, quíneles, bordas y checadoras por parte de empresarios de palma africana, banano y hule; quienes en su propio beneficio, y en perjuicio de las mencionadas comunidades, han venido desde hace años aprovechándose y desviando el caudal natural del agua en los ríos Pacayá, Ocosito, El Rosario, Naranjo. Se ha comprobado que para tal efecto a dichos empresarios no les ha importado que en el invierno las comunidades ubicadas en la parte baja de los ríos se inunden, y que en el verano se queden sin agua, debido a la infraestructura construida en sus fincas, además del efecto contaminante que provoca en los ríos.

EL COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA, CUC, rechaza enérgicamente la ampliación por 30 días más del estado de sitio en el departamento de Alta Verapaz decretado por el Gobierno el 19 de diciembre del año pasado. El estado de sitio fue aprobado por el gobierno con el pretexto de contrarrestar al narcotráfico y recuperar la seguridad en la región, sin embargo con ello quedó en suspenso las garantías constitucionales de la población y organizaciones, tales como la libre locomoción y el derecho a organizarse y manifestación pública.

El 28 de febrero de 2011 varias comunidades de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos realizaron medidas de presión para que el Gobierno cumpla con las medidas cautelares (MC-269-07), otorgadas por la Comisión Internacional sobre Derechos Humanos (CIDH), en donde se establece la suspensión temporal de la mina Marlin, de Montana Exploradora, Gold Corp.

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