Comunicado: EL GOBIERNO DE GIAMMATTEI, MINISTERIO PÚBLICO Y TRIBUNALES IMPULSAN DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS EN GUATEMALA.

Comunidades indígenas y campesinas en estos momentos están con la amenaza de desplazamientos forzados y crisis humanitaria en varios departamentos, existiendo, en Alta Verapaz, al menos 1,048 órdenes de captura por el delito de usurpación agravada; 6 presos políticos, más de 13 órdenes de desalojo, así como una orden de desalojo en cada uno de los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y en Zona Reyna, El Quiché.

Asimismo, en el valle del Polochic las comunidades de Agrario Esfuerzo Túnico, Chineval y Buena Vista conformadas por aproximadamente 158 familias, están bajo amenazas de ser desalojadas, aunado a órdenes de captura contra 44 comunitarios criminalizados dentro de ellas 3 son mujeres indígenas.

Las comunidades organizadas en el Comité de Unidad Campesina CUC exponemos lo siguiente:

Por violación a sus derechos laborales en febrero de 1994, los trabajadores de la Hacienda San Juan El Horizonte, decidieron organizarse legalmente en un sindicato para demandar a los propietarios de dicha Hacienda, Álvaro Blanco Aguirre y Carlos Blanco Aguirre, el respeto a sus derechos laborales que estaban siendo vulnerados, como lo era el pago de sus prestaciones.

Esa situación los llevó a buscar apoyo para encontrar una forma de hacer valer sus derechos como trabajadores, sin embargo, la respuesta de los empresarios y del Estado fue utilizar la represión y criminalización de la lucha de los trabajadores.  Las mismas prácticas de represión que hoy se siguen implementando por parte de las empresas de monocultivos en la región, como es el caso de los ex trabajadores de Hacienda san Gregorio Piedra Parada, que laboraron por más de 30 años para dicha empresa y no pudieron gozar de la seguridad social por el incumplimiento de las obligaciones patronales y en lugar de reparar los perjuicios causados a los ex trabajadores, han sido  criminalizados; ejemplo es el caso de la defensora de derechos humanos  Dalila Mérida y de cuatros  defensores de derechos fundamentales de los ancianos. Como consecuencia del incumplimiento y apropiación indebida de las cuotas patronales al IGSS, a la fecha han fallecido más de 60  ex trabajadores al no contar con el servicio de la atención médica y seguridad social por parte deI IGSS.

Las familias Blanco Aguirre y Campollo son responsables de la masacre del 24 de agosto de 1,994, utilizando helicópteros para el vil asesinato por las fuerzas represivas del estado y finqueros de la región los trabajadores.

1.Basilio Guzmán Juárez,

2.Efrain Recinos Gómez.

3.Juan José García.

4.Diego Orosco.

Hoy denunciamos ante la opinión pública, que a los trabajadores y trabajadoras agrícolas se les sigue violando sus derechos laborales por parte de los terratenientes de esta región.

Como el caso de los trabajadores de finca Hortensia de Flores Costa Cuca.

 

Por lo anteriormente expuesto:

EXIGIMOS:

  1. Al Ministerio Público hacer las investigaciones que le corresponde para que se haga justicia por estas graves violaciones de derechos a la vida que se cometieron en contra de los trabajadores de la Hacienda San Juan El Horizonte y San Gregorio Piedra Parada y de la finca Hortensia para que no queden en la impunidad.

 

  1. Que el Estado de Guatemala a través de sus instituciones cumplan con los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

 

  1. Al Gobierno de la República de Guatemala que cumpla con su compromiso a través del fondo para la vivienda FOPAVI de terminar de construir las 54 viviendas ya aprobadas y la aprobación inmediata de las 42 viviendas que faltan por aprobar, así como garantizar la educación, el agua potable y la salud de las familias que fueron afectadas y construir el monumento en memoria de las víctimas de esa masacre, para dignificar la lucha de los trabajadores.

 

  1. A la Fiscalía del Ministerio Público en Coatepeque y a los patronos, el cese inmediato de la represión y criminalización en contra de las y los ex trabajadores y defensores de derechos humanos en la región.

 

De manera respetuosa solicitamos la solidaridad y acompañamiento de las organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos, a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, en las gestiones para el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala a favor derechos de las familias afectadas.

Hacemos un llamado a las comunidades, organizadas y movimientos sociales a nivel nacional e internacional a estar atentos y vigilantes en estos casos.

 

 

CABEZA CLARA, CORAZÓN SOLIDARIO, Y PUÑO COMBATIVO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO.

 

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA -CUC-

Miembro de Waqib Kej, de la Asamblea Social y Popular, y de la Vía Campesina internacional.

 

Coatepeque, 24 de agosto de 2022

 

Descargar el comunicado en el siguiente link...

Comunicado

REPRESENTANTES DE 18 COMUNIDADES DE LA SIERRA DE SANTA CRUZ, IZABAL, DEMANDAN LA TITULACIÓN DE SU TERRITORIO AL ESTADO DE GUATEMALA

Los representantes de las comunidades ancestrales que habitamos en la Sierra Santa Cruz, en El Estor Izabal, exigimos al Estado de Guatemala por medio del Registro de Información Catastral que titulen nuestra tierra.

Vivimos en una región abandonada por los diferentes gobiernos, no contamos con centros de salud, caminos, ni escuelas, energía eléctrica, tampoco tenemos acceso a agua potable, vivimos gracias al cuidado que hacemos de los bosques, los ríos y de la agricultura.

El Comité de Unidad Campesina -CUC-, saluda la lucha histórica de 36 valientes mujeres Achí, así como las mujeres en el caso Tactic que este año fueron protagonistas de los juicios por violencia doméstica y sexual, así como por desaparición forzada durante el conflicto armado interno, después de 40 años de resistencia y lucha constante, fueron condenados los responsables, dando justicia a mujeres, que son ejemplo de valentía y perseverancia.

Hechos importantes para todas las personas que luchan por la memoria, verdad y justicia, por la defensa de los derechos humanos, la defensa del territorio y la madre tierra, los elementos naturales y el agua. Sin embargo, sigue siendo una labor peligrosa porque se ha recrudecido la represión, la criminalización y persecución penal, los desalojos violentos en contra de comunidades empobrecidas y los asesinatos. A pesar de este panorama seguimos en pie de lucha.

La criminalización y persecución en contra de juezas y fiscales honorables del Ministerio Público, que velan por los derechos humanos del pueblo, quienes han tenido que salir del país para garantizar si integridad física, esto, con el fin de mantener la impunidad y seguir saqueando los recursos del Estado y mantener el PACTO DE CORRUTOS, en ese sentido rechazamos rotundamente las acciones de la FISCAL GENERAL y jefa del ministerio público y en consecuencia su reelección, pues está demostrado que es la FISCAL DE LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD.

Las mujeres indígenas y campesinas, rechazamos las políticas gubernamentales que protegen a las y los corruptos; que buscan beneficiar y defender los intereses de la oligarquía en contra de la vida de las personas, la fauna y la flora saqueando los la riqueza en los territorios.

Rechazamos la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones (violencia doméstica, de género, política, la represión, la persecución), el alto costo de la vida, la especulación y el incremento de los artículos de la canasta básica, situación que repercute en la vida de niñas, niños y mujeres, e incrementa el empobrecimiento de familias indígenas y campesinas.

Exigimos la aprobación de la iniciativa de ley 5452 –ley de empoderamiento económico de las mujeres- para que su implementación contribuya a la autonomía económica de las mujeres.

Finalmente, las mujeres indígenas y campesinas, hacemos un llamado a todos los sectores a mantener y fortalecer la organización, unidad y la lucha para enfrentar a este Pacto de Corruptos y sus consecuencias para la mayoría de la población.

¡NO MÁS CORRUPCIÓN, NO MÁS IMPUNIDAD, NO MÁS SAQUEO!

LAS MUJERES EXIGIMOS UN/A FISCAL HONORABLE,

NO UNA FISCAL PARA LAS MAFIAS

POR UNA VIDA DIGNA, LAS MUJERES EN LUCHA PERMANENTE

 

¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo!

Miembros de la Convergencia Waqib Kej, Asamblea Social y Popular y Vía Campesina Internacional

IXIMULEW, 08 DE MARZO 2022

Descargar el comunicado aquí ...

Desde mediados de la década de 1960 las y los campesinos Q’eqchi’s hemos estado reclamando que se nos adjudicaran las tierras de nuestros antepasados; tierras que fueron robadas por Flavio Monzón y otros terratenientes. Fueron estos terratenientes quienes pidieron la presencia del ejército en Panzós al final de los años setenta.

 

El 29 de mayo del año 1978, las comunidades campesinas Q’eqchi’s salieron a manifestarse para exigir al alcalde, Walter Overdick García, el derecho a la tierra que nuestros abuelos venían demandando desde hacía más de 15 años. Ante la presencia de cerca de 1,500 personas frente a la municipalidad de Panzós, el ejército de Guatemala respondió disparando en contra de hombres, mujeres, niños y niñas cometiendo la masacre de alrededor de cien personas, entre ellas Adelina Caal Maquin, más conocida como Mama Maquin, por el liderazgo que ejercía en la lucha del pueblo Q’eqchi’.

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