Desde el Comité de Unidad Campesina -CUC-, RECHAZAMOS totalmente el estado de sitio decretado e impuesto por el Presidente de la República Alejandro Giamattei y su Consejo de Ministros bajo el decreto 13-2020, afectando a los municipios de El Estor, Morales, Livingston del departamento de Izabal así como en Panzós, Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz; medida represiva, desproporcionada y sin fundamento en contra de la población Q’eqchi’ y Poqomchí que no resuelve las problemáticas de este territorio.

 

Con este estado de sitio, las comunidades Q’eqchi’s y Pocomchí que históricamente han tenido posesión de la tierra y que han sido sistemáticamente despojadas, nuevamente son objeto de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, que busca únicamente la protección de empresas dedicadas al monocultivo de palma africana, minería de níquel, hidroeléctricas e ingenios que han venido a generar una serie de conflictos agrarios históricos en la región.

 

La existencia de riquezas del subsuelo, tierra fértil y agua abundante de esta región son condiciones para que las grandes empresas en contubernio con diferentes gobiernos a lo largo del tiempo han expropiado y arrebatado violentando los derechos de las comunidades, como la masacre sucedida en Panzós en 1978, con el fin de reconcentrar la tierra para las diferentes producciones de las megaindustrias.

 

El Comité de Unidad Campesina y la Comunidad Poqomam San José, rechazamos las presiones ilegales impulsadas por parte del Rector M. SC. Ing. Murphy Paiz, la Junta Directiva y el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 

El 3 de julio de 2020 un grupo de personas que no se identificaron pero, se conducían en vehículos y vestían uniformes e insignias de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, acompañados de un contingente policial de la Policía Nacional Civil -PNC-, ingresaron a la Comunidad Poqomam San José, ubicada en la carretera vieja del municipio de Palín, departamento de Escuintla, este caso se refiere a un reclamo de posesión ancestral en territorio Poqomam en parte de una finca que fue adjudicada a la USAC hace décadas.

 

Las autoridades de la USAC plantearon una denuncia, por lo que el Ministerio Público, actuando bajo el principio de objetividad, ha decidido la realización de un estudio que permita determinar la verdad sobre posesión de esta propiedad ancestral, por esto, resulta incoherente que las autoridades universitarias emprendan acciones en nuestra contra y ejerzan presiones ilegales e injerencia en el actuar independiente del Ministerio Público por medio de comunicados públicos.

 

Esas acciones como la del 3 de julio, que calificamos de intimidatorias, se repitieron el 4 y 5 de julio de 2020, y fueron llevadas adelante por el grupo de personas que aducían ser representantes de las autoridades universitarias, lo que a nuestro juicio demuestra una falta de seriedad en el cumplimiento de los acuerdos a los que hemos arribado, siendo el más importante de ellos: que especialistas realicen un estudio histórico para establecer el origen de la propiedad y si la finca Medio Monte o parte de ella fue adjudicada a la Universidad en perjuicio de los derechos del pueblo Maya Poqomam; valga decir que en nuestro caso tenemos el resultado del estudio que realizamos como cumplimiento de ese compromiso.

 

Nunca como en esta crisis ha sido tan clara la relevancia de la agricultura a pequeña escala y del aporte estratégico de las familias campesinas y las comunidades indígenas. Nuestro esfuerzo por llevar el alimento a la mesa de las familias en pueblos y ciudades está a la vista. Durante la presente crisis provocada por el COVID19, el pueblo de Guatemala está abasteciéndose y alimentándose de lo que las y los campesinos, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, en general, hemos producido en nuestras pequeñas parcelas.

A lo largo de los años, casi sin apoyo estatal, hemos ofrecido a la sociedad entera alimentos producidos en condiciones muy adversas, de acuerdo con nuestras técnicas de producción, que son un conjunto de conocimientos y saberes que nos legaron nuestros antepasados y, en algunos casos, procesos agroecológicos.

En Guatemala se corre el peligro de que se judicialice y se persiga penalmente a las defensoras y defensores de derechos humanos, por denunciar violaciones o por opinar sobre aspectos políticos y sociales. Ante este escenario, convocamos a Conferencia de Prensa a realizarse el lunes 13 de enero de 2020, a partir de las 9 de la mañana en el Restaurante El Adobe, 7a. Avenida 9-45 de la zona 1. Gracias por acompañarnos. #YoDefiendoMiLibertadDeExpresion #SoyDDHH #MiLibreExpresionNoSeCriminaliza

 

Ante los recientes acontecimientos en el occidente del país, el Comité de Unidad Campesino -CUC- se solidariza con las y los hermanos agricultores; así también lamentamos la pérdida de cosechas que ha generado las restricciones impuestas en el territorio nacional, imposibilitando el traslado de hortalizas a los centros urbanos, mercados locales, cantonales y de colonias.

 

El pasado 14 de mayo, en cadena nacional, el gobierno de Guatemala presidido por Alejandro Giammattei anuncio una serie de medidas restrictivas para todo el país, ante el incremento de casos de COVID-19, implementando un toque de queda absoluto, restringiendo la movilidad y la ESTRICTA PERMANENCIA de los habitantes en el lugar de su residencia, así como el cierre de los mercados locales, cantonales y centrales de mayoreo, permitiendo únicamente la continuación de la prestación de los servicios básicos y entre ellas la libre circulación del transporte de carga de alimentos, cosa que fue reprimida por las autoridades de la policía nacional civil.

 

Estás medidas desiguales que atropellan y han generado la paralización de la economía del campo, que alimenta sanamente a nuestro país, el cierre de los mercados, la imposibilidad del traslado y entrega de cosechas, siendo estás productos esenciales para el alimento del país. Sin embargo, las comunidades en un acto de solidaridad han regalado sus productos en diferentes pueblos antes de dejarlos podrirse.

Más de 100 familias indígenas y campesinas de la comunidad Palmeras de Cuyotenango, Suchitepéquez serán desalojadas el 3 de diciembre del presente año, por orden del juez de Primera Instancia Penal del mencionado departamento. El juez autorizó esta acción a pesar de existir una mesa de diálogo, entre comunitarios e instituciones que tienen que ver con acceso a tierra, para la búsqueda de una solución legal.

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