EL GOBIERNO DE GIAMMATTEI, MINISTERIO PÚBLICO Y TRIBUNALES IMPULSAN DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS EN GUATEMALA

Comunicado: EL GOBIERNO DE GIAMMATTEI, MINISTERIO PÚBLICO Y TRIBUNALES IMPULSAN DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS EN GUATEMALA.

Comunidades indígenas y campesinas en estos momentos están con la amenaza de desplazamientos forzados y crisis humanitaria en varios departamentos, existiendo, en Alta Verapaz, al menos 1,048 órdenes de captura por el delito de usurpación agravada; 6 presos políticos, más de 13 órdenes de desalojo, así como una orden de desalojo en cada uno de los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y en Zona Reyna, El Quiché.

Asimismo, en el valle del Polochic las comunidades de Agrario Esfuerzo Túnico, Chineval y Buena Vista conformadas por aproximadamente 158 familias, están bajo amenazas de ser desalojadas, aunado a órdenes de captura contra 44 comunitarios criminalizados dentro de ellas 3 son mujeres indígenas.

En el departamento de Él Peten, se reportan al menos 110 desalojos programados para ser ejecutados en este semestre.

También, como resultado de los desalojos ya efectuados hay al menos 12 fallecidos entre los años 2018-2023.

La lucha de los pueblos indígenas y campesinos es una lucha histórica por la defensa de la vida, la tierra, los territorios y bienes naturales para garantizar su seguridad y sobrevivencia como colectivos. Las organizaciones sociales que acompañamos y observamos permanentemente el respeto a los derechos humanos por parte del Estado, estamos sumamente preocupados porque en el marco de la crisis institucional del Estado provocado por el pacto de corruptos, que se quieren aferrar al poder, se están intensificando los desalojos forzados.

Hemos documentado que asociaciones de terratenientes y el Ministerio Publico están promoviendo una serie de desalojos, violentado el debido proceso, sin derecho de defensa, sin notificación y sin garantizar la aplicación de estándares internacionales sobre desplazamientos establecidos en la Instrucción 3-2012 del Ministerio Publico,  la que establece claramente que debe realizarse una debida investigación sobre las tierras que ocupan pueblos indígenas, y debe otorgárseles el derecho de defensa.

Los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento de Naciones Unidas, establecen garantías mínimas antes de un desalojo, los que están siendo violados, porque no existe oportunidad para los pueblos y comunidades de ejercer su derecho de defensa; se está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza pública y no se establecen garantías de derecho a la vivienda, la alimentación, el agua, salud y educación después de un desalojo, tal como sucedió con la comunidad de Cumatz, Santa Cruz Barillas Huehuetenango, en donde participaron al menos 5 mil integrantes de la policía y ejército nacional e incluso quemaron viviendas y dejaron en la calle aproximadamente 125 familias, que hoy están amenazados de su existencia misma.

Denunciamos La responsabilidad del Estado de Guatemala por la falta de complimiento de sus obligaciones en relación a garantizar la sobrevivencia de las comunidades indígenas y campesinas, al impulsar desalojos forzosos a gran escala, comprometiendo la seguridad y sobrevivencia de dichas comunidades.

Condenamos estas acciones que son parte del pacto de corruptos, quienes aprovechando la crisis institucional que han creado, buscan actuar con impunidad y que sus acciones pasen desapercibidas.

Alertamos a la Comunidad internacional y a los mecanismos  de derechos humanos de Naciones Unidas que vigilan el cumplimiento de los derechos, particularmente la OACNUDH, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada, el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas,  Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y Relator Especial sobre derechos humanos de los desplazados internos a darle seguimiento a estos hechos y  formular las recomendaciones urgentes al Estado de Guatemala para garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que garanticen su supervivencia, particularmente su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales.

Hacemos un llamado a las organizaciones y órganos jurisdiccionales, Procuraduría de los Derechos Humanos a que se respeten los derechos humanos de los pueblos en resistencia.

 

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