Más de 100 familias indígenas y campesinas de la comunidad Palmeras de Cuyotenango, Suchitepéquez serán desalojadas el 3 de diciembre del presente año, por orden del juez de Primera Instancia Penal del mencionado departamento. El juez autorizó esta acción a pesar de existir una mesa de diálogo, entre comunitarios e instituciones que tienen que ver con acceso a tierra, para la búsqueda de una solución legal.

Hace más de 3 años, los comunitarios han realizado gestiones a través del Ministerio Público, MP, y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senabed, para que esas tierras sean extinguidas al narcotraficante Juan Alberto Ortiz López, alias “Juan Chamalé”, y luego adjudicadas a las familias campesinas que la solicitan, porque todas son de escasos recursos y no tienen donde cultivar sus granos básicos. No obstante, el juez está emitiendo un desalojo a pesar de que el inmueble se encuentra inmovilizado, violando los procesos legales y de diálogo que se han llevado a cabo, y contraviniendo los convenios internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los campesinos y campesinas.

Cabe mencionar que, en tres años, es la sexta ocasión que el juez gira orden de desalojo en contra de estas familias. A lo anterior se suma un intento de desalojo extrajudicial orquestado por empresas cañeras que tienen interés sobre ese inmueble.

Condenamos y rechazamos el desalojo, porque violenta y vulnera los derechos humanos de las familias que están posesionadas en dichas tierras. El Estado no garantiza la seguridad de las personas, ni mucho menos aplica los protocolos de desalojo mandatados por Naciones Unidas.

EXIGIMOS CATEGÓRICAMENTE:

1. Que el juez de Primera Instancia Penal de Suchitepéquez se abstenga de emitir órdenes de desalojo porque las tierras se encuentran inmovilizadas y no hay persona que pueda recibirlas o decidir por ellas.
2. Que estas tierras, adquiridas con dinero mal habido, sean adjudicadas a las familias necesitadas y que se encuentra en posesión de ellas.
3. Que cese la criminalización y represión en contra de defensores y defensoras de la madre tierra.
4. Demandamos a la Cenabed agilizar el proceso de extinción de dominio de esas tierras.
5. Llamamos a las campesinas y campesinos, organizaciones y movimientos sociales, a estar atentos y vigilantes ante las medidas represivas del Estado de Guatemala contra comunidades indígenas y campesinas que recuperan y defienden la Madre Tierra.

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA -CUC-

Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo.

                                                          Guatemala, 29 de noviembre de 2019.