En el primer informe de la Instancia de Diálogos por el Agua, resultado de la consulta a unos 2500 líderes sobre el tema del agua, llaman la atención algunas de sus propuestas. Por ejemplo, “que la ley de aguas contenga sanciones económicas de un millón de quetzales a aquellas personas o empresas que contaminen o abusen del agua; que debe respetarse la normativa ya practicada por los pueblos indígenas autoridades ancestrales y autoridades comunitarias sobre el manejo sostenible de ese bien natural; que todas las actividades relacionadas con el agua deben contar con la participación y consentimiento previo e informado de las comunidades involucradas”. 

El uso y acceso al agua para actividades domésticas y consumo humano debe ser considerado como un Derecho Humano dentro de la normativa que apruebe el Congreso de la República, esta es una propuesta en la que coinciden varios sectores de la población guatemalteca. Es menester cuidar las fuentes de agua y los ríos para que los ecosistemas que de ellos dependen puedan sobrevivir en estos tiempos en que ya ha iniciado el debate a nivel mundial por quién controla el vital líquido. Guatemala tiene una ventaja y es que, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, nuestro territorio tiene y se abastece anualmente con 93 mil millones de metros cúbicos de agua tanto subterránea como superficial. De estos, únicamente 10 millones de metros cúbicos son utilizados dentro del territorio nacional, mientras que el resto se va a los océanos Pacífico y Atlántico, a los territorios de México y el Salvador. En este punto, hay una controversia, ya que existen más de 150 mil familias que habitan en el Corredor Seco afectadas porque sus tierras no producen a falta de agua. Se necesita hacer la infraestructura necesaria para riego y el tratamiento específico del agua para el consumo humano. También en el área urbana hay personas que no cuentan con agua a diario y además sobrepagan el precio del vital líquido.

Resultado de los Diálogos

El 30 de agosto terminarán los “Diálogos por el Agua”, luego se entregarán los resultados a la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la República para la elaboración de una iniciativa de ley del agua que reúna los planteamientos que hicieron los diferentes sectores de la población en los mencionados Diálogos. Cabe recordar, que desde el 20 de julio se vienen realizando estas actividades en 21 de los 22 departamentos que conforman Guatemala.   

Los temas relacionados al agua que se abordan son: conflictividad, gobernanza y normatividad. De acuerdo con Carlos Alvarado, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las principales demandas de la población son, la necesidad de regular el uso del agua, el acceso al agua entubada para miles de familias del área rural y urbana, y la creación de normas que regulen y penalicen la utilización de los ríos.  

La penalización por la contaminación y desvío de los ríos que hacen empresas de monocultivos, principalmente en la Costa Sur de nuestro país, es una de las principales demandas de miles de personas que participaron en la “Marcha por el Agua, por la Madre Tierra, el Territorio y la Vida”, que se realizó del 11 al 22 de abril de este año y que la mayoría de los diputados y diputadas no vieron favorable para sus intereses políticos.

De acuerdo con Sidney Samuels, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, la penalización por contaminación y desvío de ríos es un tema que hasta el momento se continúa discutiendo entre diversos sectores de la población. “Algunos piensan que deben ser castigos drásticos, otros pensamos que deben ser sanciones monetarias pero que duelan, otros piensan que debe ser retribución en cuanto a trabajo en las cuencas, pero creemos que la primera opción es la que funcionaría para una ley de aguas en Guatemala”, puntualizó.

Hasta el momento el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha puesto más de 25 demandas ante el Ministerio Público en contra de empresas productoras de monocultivos que operan en el Sur Occidente y Norte del país.  

En relación a lo anterior, Daniel Pascual Hernández, representante de la Asamblea Social y Popular, dijo que la contaminación de los ríos que generan las empresas de monocultivos, minería e hidroeléctricas generan daños irreversibles a los seres humanos y ecosistemas y los responsables deben ser sancionados.  

“Los pueblos indígenas consideramos que la ley y política nacional de aguas debe proteger el Derecho Humano al Agua, debe castigar el desvío y contaminación de ríos, la destrucción ambiental que se genera cuando se usa mal el agua y que los responsables deben pagar no solo con multas, sino con prisión ejemplar, porque para nosotros eso es parte del ecocidio y genocidio que estamos viviendo en la actualidad”, enfatizó Pascual Hernández.  

Normar el uso del agua 

Después de la Marcha por el Agua, por la Madre Tierra, el Territorio y la Vida gran parte de la población guatemalteca ha estado hablando sobre el uso y acceso al agua, pero también sobre el desvío y contaminación de los ríos y demás fuentes de ese vital líquido. Asimismo muchos sectores de la población han presentado propuestas de ley ante el Congreso de la República. 

Se sabe que ese organismo de Estado ha recibido, hasta el momento, más de 15 iniciativas.   Ante este escenario, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Alianza Evangélica de Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la República y la Asamblea Social y Popular conformaron una comisión cuya iniciativa es hacer los “Diálogos por el Agua”, para que con la participación de todos los sectores de la población guatemalteca, interesados en el tema, den sus aportes para hacer una sola propuesta de ley de aguas, cuyo espíritu es normar el cuidado, acceso y uso de ese vital líquido enmarcado en el respeto al Derecho Humano al Agua. 

En relación a lo anterior, Ferdy Elías, presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso de la República, explicó que se ha avanzado un 80% en la elaboración del proyecto de ley que regule el uso del agua. De acuerdo con el funcionario se ha tomado en cuenta el aporte de los sectores que han participado en los mencionados Diálogos y se ha tomado parte de las iniciativas de ley presentadas anteriormente por otros sectores. 

“Para que funcione una ley como la que se presentará en los próximos días se necesita de recursos y eso solo se puede obtener si los que usan el agua para generar riqueza privada pagan por ello, trataremos de dejar bien normado el tema de aguas internacionales ya que por ejemplo, México debe pagar a Guatemala por el mantenimiento de las cuencas de agua que llega a ellos. El 40% del agua que usa México sale de Guatemala mientras que el 65% del agua que usa El Salvador nace de nuestro país”, señaló Elías.  

Elías añadió, que la propuesta de ley también contempla que las mineras e hidroeléctricas tienen que vender un porcentaje de su acciones a las comunidades y municipalidades en donde operarán con el objetivo de terminar con la desigualdad porque en la actualidad el beneficio es sólo para las empresas.   

Pascual Hernández, explicó que “una ley podría contribuir a minimizar la contaminación de los ríos, pero si no hay un gobierno o instituciones que apliquen esa normativa de nada serviría”.  

La propuesta del dirigente indígena y campesino es que la población debe estar vigilante para que el contenido de la propuesta de ley plasme una protección al uso autónomo que hacen los pueblos indígenas del vital líquido y que garantice el acceso y uso del agua a toda la población ya que es un Derecho Humano. 

Marta Gódinez, de la Asamblea Social y Popular acotó, que esta articulación propone que la ley de aguas se base en principios rectores como, que el agua es un bien estratégico, que es un bien natural, que es un derecho humano, que debe ser colectivo, que es la base para la seguridad alimentaria de la población, entre otros principios.  

La desembocadura de los “Diálogos por el Agua”, es ese mar de ideas y propuestas que formarán parte de la iniciativa de ley de aguas. La tarea de la población guatemalteca es conocer a profundidad el contenido de dicha iniciativa para apoyarla y exigir su aprobación en el Congreso de la República, porque todos y todas necesitamos de ese vital líquido para vivir.