La imagen del hogar, los amigos/as, los vecinos, el Territorio en si, iba quedando atrás, mientras los vehículos avanzaban kilómetro a kilómetro.

En los ojos de las mujeres y niños se podía ver la ilusión que les causaba descubrir “la tierra prometida”.

Ha quedado grabada en nuestra mente, la imagen de niños y niñas de 3 a 12 años que junto a sus padres, preparados con sus pocas pertenencias a la orilla de la carretera, esperaban la llegada de los buses, eran las 2 de la madrugada del día 5 de agosto del presente año, fecha en que el gobierno, a marchas forzadas, se comprometió a trasladarlos a su nuevo hogar ubicado en el municipio de Cobán, a más de 200 kilómetros de su tierra natal, Panzós, Alta Verapaz.

Similar imagen guarda nuestro pensamiento de estas familias que junto a otras 659 de 14 comunidades fueron desalojadas violentamente del 15 al 19 de marzo de 2011 en el Valle del Polochic.

El día 16 de marzo (segundo día de los desalojos), a las 7 ó 9 de la noche niños mujeres y hombres de la comunidad Quinich también se encontraban en la oscuridad, pero esa vez, con lagrimas en los ojos y un dolor inmenso en el corazón al ver como sus casas y sus pertenencias eran consumidas por las llamas y al sentirse impotentes ante la represión de más de 3,000 agentes de la Policía Nacional Civil, Ejército, guardias de seguridad privada y cuadrilleros de la empresa Chabil Utzaj…

(2014). A las 3 de la madrugada, Hermelindo Cux, dirigente del Comité de Unidad Campesina –CUC-, quién junto a funcionarios de las institucionalidad agraria del país coordinaban el traslado, indicó a los pilotos de los autobuses la dirección y nombre de las comunidades donde debía abordar cada una de las 110 familias que serían trasladadas. Estos inmediatamente se dirigieron a la localidad indicada. 

La claridad del día se hizo presente muchas de las familias descendieron de los buses y frente a la iglesia de la aldea Telemán, Panzós, agradecieron al Ajaw e invocaron al Nahual del día (E-11), esta actividad fue la última que hicieron en el municipio que los vio nacer y crecer -emprendieron el viaje-. 

En un descanso por la comunidad Papalja, del municipio La Tinta, las familias colocaron en los autobuses sus pancartas alusivas al traslado, -porque esta actividad es resultado de su gran lucha campesina y no podía pasar desapercibida-. Sin embargo, antes de llegar al municipio de Cobán estas pancartas fueron arrancadas con disimulo por los funcionarios al ordenar el lavado de los mismos, pues desde un inicio se opusieron a que la población de Cobán se diera cuenta de que tendrían nuevos vecinos.

En un acto protocolario organizado por la Secretaría de Asuntos Agrarios, SAA, en un ecohotel de la localidad realizado a puerta cerrada, el gobernador departamental, de Alta Verapaz, Ronald Sierra, pidió a las 110 familias vivir en armonía con los habitantes de unas 18 comunidades aledañas al lugar donde fueron asentadas.

“Cada uno de nosotros debemos contribuir para que la conflictividad que hay en nuestro país sea equilibrada” recomendó el funcionario. Esto era de esperarse porque tanto el gobernador como el alcalde municipal de Cobán tienen la visión errónea de que las comunidades campesinas son las que crean conflictividad y ven como víctimas a las empresas extractivas que llegan a alterar la vida de las familias originarias, cuando es todo lo contrario.

En su intervención Daniel Pascual, coordinador general del CUC expresó, “efectivamente no vamos a descansar, que me disculpe el gobernador y los demás funcionarios, vamos a seguir luchando por el resto de familias, porque los que faltan son la mayoría”. Pascual añadió: “la tierra la hemos pedido conforme a la ley haciendo uso de nuestros derechos, ante el despojo de tierras que hacen los finqueros y empresarios y que es un hecho histórico en nuestro país”.

Después del acto protocolario se volvió a retomar el viaje hacia la comunidad El Recuerdo San Pascual que se ubica a unas 4 horas, en vehículo, del casco urbano de Cobán.

Los autobuses que transportaron a las 110 familias y la caravana que las acompaño, conformada por representantes de organizaciones populares, llegaron a eso de las 18:30 horas a unos 5 kilómetros de donde se ubica la comunidad El Recuerdo San Pascual. Y no pudieron seguir por el mal estado del camino, aunque el día anterior los funcionarios habían asegurado que el acceso vehicular estaba garantizado, fue imposible que los autobuses entraran hasta la comunidad en mención.

Fue entonces cuando la imagen paradisíaca de “la tierra prometida” cambió y se convirtió en el calvario para las 110 familias que tuvieron que transportar sobre sus espaldas sus pertenencias. En plena obscuridad solo se escuchaban susurros en idioma Q´eqchi´ y el llanto de niños y niñas causado por lastimaduras y heridas de las piedras y las caídas ocasionadas por el grueso lodo.

Los susurros adentro de los ranchos no cesaban y se divisaba como mujeres y hombres intentaban prender fuego, dejaban sus cargas dentro de las chozas y regresaban por más, así fue amaneciendo y 24 horas después las familias no habían terminado de instalarse.

En una entrevista que el periodista Santiago Boton de Telesur le realizó a Oscar Cucul representante de la comunidad, este relató que unas 450 personas estaban padeciendo de vómitos y diarrea por las malas condiciones en que fueron ubicadas. Hasta el momento se desconoce la situación de estas familias porque debido a la lejanía donde fueron ubicadas no hay señal telefónica.

Debido a la falta de canales de comunicación, Cucul no estará presente en la reunión de seguimiento al traslado, programada para este lunes 11 de agosto en la SAA.

En este contexto se teme que mientras el acceso a la comunidad El Recuerdo San Pascual no se solucione y la comunidad esté incomunicada será más difícil que el desarrollo integral llegue para las 110 familias que fueron ubicadas en ese territorio.

Mientras tanto, en El Valle del Polochic dos familias, los Pellas y los Wittman siguen cubriendo la Madre Tierra con caña de azúcar sacándole el mayor beneficio posible. Alrededor de los sembradíos de caña 629 familias de las 769 desalojadas violentamente en marzo de 2011 viven en condiciones paupérrimas y esperan que el gobierno de Otto Pérez Molina cumpla con darles tierra para vivir y producir alimentos, y un reasentamiento digno en tierras aptas para la producción y ubicadas en lugares accesibles.