Si alguien tuviera duda sobre quién manda en este país, ya queda demostrado que por muy “socialdemócrata” que se declare el gobierno, las decisiones siguen en las manos de los terratenientes aglutinados en la Cámara del Agro.
En los últimos días el pueblo guatemalteco ha sido objeto de una farsa política, en donde el presidente Álvaro Colom ha vuelto a hacerle burlas a la población, anunciando medidas ante la crisis alimentaria sólo para retirarlas pocos días después.
La aplicación de la Ley Obligatoria y de Fomento Para el Cultivo de Granos Básicos (40-74) sería una medida acertada ante la crisis alimentaria que vive el pueblo, ya que se esperaría que en las fincas de productos de exportación como palma africana, caña de azúcar y banano, se sembrara el 10% de las tierras con los granos básicos maíz, frijol, arroz, trigo, soya y sorgo.
Con esta medida se abriría el camino para que el gobierno y las instituciones del estado cumplieran con su deber constitucional de velar por el bien común y no sólo por los intereses de los grupos poderosos que han gobernado este país desde la derrota del gobierno democrático en 1954.
Sin embargo, otra vez ha bastado con que los empresarios expresen su descontento para que el “gobernante” de marcha atrás. En un instante se esfumaron las promesas del presidente, quien alega haber tenido “mala asesoría” y ahora ya no busca aplicar la ley, sino derogarla. En fin, la iniciativa corrió la misma suerte que los “precios topes” de alimentos, introducidos por el mandatario en abril y abandonados días después por presión empresarial.
No es de sorprenderse que la única propuesta que ha obtenido la vista buena por el sector empresarial, es la aceleración de la implementación del Tratado de Libre Comercio con la eliminación de aranceles a productos de la canasta básica, lo que beneficiará a los importadores. En una situación donde la solución es el fomento de producción nacional de maíz y frijol, la eliminación de los aranceles llega como otro golpe más a la soberanía alimentaria del país.
Queda evidente que en Guatemala no manda el gobierno electo, sino la oligarquía de terratenientes que se opone a la construcción de un estado de derecho donde las leyes y el gobierno son para todos los ciudadanos, no importando su posición económica. Las leyes que perjudican a los campesinos pobres se aplican con rigurosidad, mientras que las leyes que afectan a los terratenientes no sólo no se aplican, sino que se derogan al instante cuando lo pide la Cámara del Agro.
El reciente anuncio del gobierno de que 120,000 productores de maíz recibirán créditos y subsidios de Q2,000 para la siembra de una manzana cada uno, no deja de ser otra medida desacertada y populista. ¿Acaso el presidente nos puede decir en qué tierras van a sembrar los campesinos? Si el censo agropecuario de 2003 muestra que en 17 de los 22 departamentos del país el promedio de tierra que tienen los productores de maíz es menos de 2 manzanas. ¿El gobernante pretende ignorar que los campesinos de Guatemala hemos luchado por una reforma agraria porque no tenemos tierras para vivir y trabajar?
Mientras tanto, los campesinos estarán obligados a buscar tierras arrendadas a los terratenientes cañeros, palmeros, huleros, bananeros y ganaderos, quienes tienen cada vez menos voluntad de arrendar sus terrenos ociosos a los campesinos pobres que alimentan al país.
Hace tiempo que el Comité de Unidad Campesina hemos advertido cuáles serían los efectos de los tratados de libre comercio, la concentración de la tierra, el modelo agroexportador y ahora el uso de alimentos para agrocombustibles, porque constituyen amenazas contra la soberanía alimentaria y la vida de la población rural.
La reforma agraria integral es cada vez más urgente por ser la única garantía de la alimentación del pueblo, como lo fue reconocido por la conferencia de la FAO en Brasil en abril, y como fue manifestado recientemente en la cumbre de la FAO en Roma, Italia, donde el papa Benedicto XVI resaltó la urgencia de reformas estructurales para valorizar el aporte de los pequeños productores agrícolas.
Por lo anteriormente expresado manifestamos:
Responsabilizamos al gobierno de Colom por haber puesto la seguridad alimentaria a merced de la oligarquía empresarial y importadores de alimentos, quienes ya demostraron su falta de preocupación por el bien común. Desde ya hacemos responsable al gobierno por la desnutrición, hambre y muertes causadas por la crisis alimentaria.
Al derogarse la ley 40-74, el presidente Álvaro Colom sólo tendrá dos opciones de salvar su credibilidad: impulsar un nuevo proyecto de ley de cultivo obligatorio para los latifundios, o impulsar una reforma agraria que contempla tierras para los campesinos que producen los granos básicos de los depende la población.
Hacemos un llamado a las comunidades campesinas de tomar las medidas necesarias para poder defender el derecho a la alimentación y poder producir.
¡Por la reforma agraria integral - 30 años de lucha campesina!
Comité de Unidad Campesina -CUC-
Miembro de CNOC, Waqib’ Kej, CLOC y Vía Campesina