“Buenos días, decirles que venimos en representación de comunidades pueblos y organizaciones que estamos sumamente preocupados por la situación del país. Nosotros venimos a presentar este informe y de entrada queremos reiterar la necesidad del informe de la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de su reciente visita a Guatemala”.
“Contarles que es lamentable nuestra situación, porque salimos de los acuerdos de paz que nos llevó a cerrar la guerra en el país, pero que lamentablemente en este momento estamos viviendo situaciones alarmantes similares a la guerra, hay alrededor de 16 y 17 muertos diarios en nuestro país”.
“Nos preocupa la conflictividad a partir del desarrollo de las políticas de privatización que hubieron y que hay en nuestro país, por los tratados comerciales, por las concesiones mineras, por las concesiones petroleras, y las concesiones de hidroeléctricas”.
“El acaparamiento de la tierra para cultivar palma y caña para agrocombustibles esta llevando a una reconcentración de la tierra general y que a partir de eso se han dado una serie de violaciones de derechos humanos, individuales y colectivos que tienen que ver con la violación y el derecho a ser consultados para estas políticas”.
“La imposición de estas empresas en territorios de pueblos indígenas, estamos hablando de más de 300 licencias de explotaciones mineras, entre exploración y explotación, 119 licencias para proyectos hidroeléctricos y recientemente la creciente criminalización de dirigentes y líderes comunitarios”.
Toda esa criminalización de los defensores de derechos humaos pasa a manos de los juzgados en donde giran órdenes de captura y cuando estos no lo logran, el Organismo Ejecutivo se encarga de hacer estados de sitio en donde, concretamente, se anulan formalmente y de hecho las diferentes garantías constitucionales”.
“Esto ha llevado también, a niveles de asesinatos, amenazas, desapariciones y secuestros como fue el caso de la comunidad indígena Santa María Xalapán. Y entre otros casos que queremos poner como ejemplo”.
“También, tenemos que decir, que ésta persecución no es sólo penal, sino de hecho por parte de las empresas privadas de seguridad. Hay algunos casos que están siendo procesados en los tribunales. Incluso, ya hay casos en juicio en donde hay penas en contra de jefes de guardias privados de seguridad”.
“Las agresiones no son sólo éstas, se han dado una serie de acusaciones de ciertos periodistas y columnistas que escriben en diferentes medios de comunicación y es lamentable que en este caso el Estado Guatemalteco les haya aprobado la personería jurídica, como es el caso, de que el ministerio de gobernación haya aprobado la personería jurídica de la mal llamada fundación contra el terrorismo, encargada de una serie de acusaciones hacia diferentes defensores de derechos humanos, derechos individuales y derechos colectivos”.
“En este sentido, queremos decirles que traemos estas denuncias. Las estrategias que usan para agredirnos son diversas, son de hecho, son de grupos paramilitares, son departe del Estado, entre otros, nosotros somos quiénes estamos viviendo esta situación, cada vez más crítica”.
Nota:
Daniel Pascual es coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- y miembro de la Convergencia Nacional Maya Waqib Kej. Participó como peticionario en la Audiencia 149 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- en Washington D.C. referente a la Criminalización de la Protesta Social en Guatemala, porque ha sido calumniado, difamado y señalado falsamente, junto a otros dirigentes populares y defensores de derechos humanos, de crear conflictos sociales, de ser terroristas, entre otras cosas, por el Gobierno, algunos supuestos periodistas y el grupo exmilitar denominado fundación contra el terrorismo.
La audiencia se realizó hoy 28 de octubre de 2013 a las 8:15 de la mañana, hora de Guatemala.