Hace un año, precisamente el lunes 19 de marzo, inició en el Parque Central de Cobán, Alta Verapaz, la Marcha Indígena Campesina y Popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el desarrollo rural integral.
Esta marcha que recorrió más de 200 kilómetros planteó al gobierno del presidente Otto Pérez Molina 68 demandas, todas relacionadas con acceso a tierra, seguridad alimentaria, defensa del territorio, defensa de nuestros bienes naturales, desarrollo rural integral y respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El 27 de marzo las 68 demandas de la Marcha fueron entregadas a los tres organismos de estado (Organismo Judicial, Organismo Legislativo y Organismo Ejecutivo), en ese entonces dos de los presidentes de esas instituciones (Gudy Rivera y Otto Pérez Molina) y uno de los representantes del órgano judicial se comprometieron a dar respuesta a los planteamientos, sin embargo a un año esas respuestas son mínimas.
Por esa razón este 20 de marzo de 2013, en el marco de la Asamblea General de la Marcha Indígena Campesina y Popular, los dirigentes de las organizaciones, pueblos originarios y movimientos populares que la conforman exigieron al presidente Otto Pérez Molina que cumpla con los compromisos asumidos.
Entre esos compromisos están: el darle tierra a las 800 familias del Polochic, desalojadas por el gobierno de Alvaro Colom; la condonación de la deuda agraria a nivel nacional; el impulso en el Congreso de la República de la iniciativa de ley 40-84 Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral; realizar un estudio para reconocer los monjones y la Cédula Real de la Comunidad Indígena, Santa María Xalapán en Jalapa, entre otros compromisos, pero el avance en estos temas son mínimos o nulos en algunos de ellos.
“En lugar de cumplir con estos compromisos el gobierno, a través de su ministro de gobernación, está criminalizando nuestra lucha”, dijo María Macz, subcoordinadora del Comité de Unidad Campesina CUC. 
Y es que lo dicho por Macz tiene que ver con los señalamientos que ha hecho el ministro Mauricio López Bonilla en contra de los pueblos originarios como Santa María Xalapán, ya que recientemente a través de los medios de comunicación los señala de violentos y peligrosos. Otra de las palabras utilizadas por el funcionario en contra de los movimientos populares es “terroristas”.
Por ello, se exigió al gobierno y grupos de la extrema derecha, durante la mencionada conferencia de prensa que se dejen de criminalizar los derechos de los pueblos originarios y de todo ciudadano que se vea afectado por la explotación de la madre tierra y nuestros territorios.