“El gobernante, saliente, de Guatemala, puede dejar encaminada la solución definitiva de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic”, expresaron defensores de derechos humanos y organizaciones indígenas y campesinas, entre ellas el Comité de Unidad Campesina –CUC-, durante una conferencia de prensa, realizada este día en la capital guatemalteca.
Además exigieron a la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh), que cumpla con las acciones a favor de unas 800 familias q´eqchies que se encuentran viviendo en condiciones inhumanas después de los desalojos violentos efectuados en marzo de este año.
Cabe resaltar que la Copredeh es una de las entidades gubernamentales a quien se le delegó, por parte del Estado, la responsabilidad de atender las Medidas Cautelares dictadas el 20 de junio de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las 14 comunidades desalojadas en el Valle del Polochic.
“Consideramos que el gobierno tiene la capacidad de brindar albergue, salud, alimentación y seguridad a las familias desalojadas, pero no lo ha querido hacer”, enfatizaron los integrantes de la Comisión de Peticionarios (CP) de las medidas cautelares ante la CIDH.
“A más de cinco meses de los desalojos violentos en el Valle del Polochic el Estado ha recurrido a falsos argumentos para evadir su responsabilidad en la solución de la crisis que él mismo generó en aquella región”[1], concluyó la CP. (Ver comunicado de prensa, en archivo adjunto).
[1]Del 15 al 20 de marzo de este año, unos 800 elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército, el Ministerio Público, la guardia de seguridad privada y cuadrilleros de la empresa Chabil Utzaj desalojaron violentamente a 14 comunidades ubicadas en el Valle del Polochic, Panzós, Alta Verapaz. Desde entonces tres líderes comunitarios han sido asesinados, 18 heridos y muchos han sido amenazados de muerte por los guardias de seguridad de la empresa cañera.