Respondiendo a intereses de empresas transnacionales y nacionales que se dedican a la explotación minera, a la instalación de hiedroeléctricas y demás megaproyectos extractivos, el gobierno está impulsando el reglamento al proceso de consulta a los pueblos indígenas, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicho re
glamento en ningún momento fue consensuado con los pueblos indígenas ni con la población ladina pobre en donde están operando empresas mineras e hidroeléctricas. Por eso desconocemos y rechazamos dicha iniciativa del gobierno.
Aclaramos que el Organismo Ejecutivo busca reglamentar las consultas comunitarias de buena fe, bajo el pretexto de legitimar dichas prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y originarios. Esto pone en grave peligro las más de 50 consultas realizadas en varios municipios del país. Además viola el derecho de los pueblos indígenas reconocidos también la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007.
Atendiendo al artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas y al derecho consuetudinario y colectivo que a los pueblos indígenas y originarios concierne exigimos al Organismo Ejecutivo, liderado por Álvaro Colom de que deje de violentar nuestras costumbres y derechos reconocidos en el artículo 26 esta Declaración que indica:
1.Que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2.Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3.Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
Basados en lo anterior podemos decir que con la imposición de dicho reglamento, no solo se viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que también se violan e interpretan los convenios internacionales a favor del gobierno y de las empresas exploradoras y explotadoras de nuestros recursos naturales.
Además el reglamento que hoy impulsa el gobierno reconoce como mecanismo de consulta a los Comités Municipales de Desarrollo (COMUDES) a los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y por último a representantes de pueblos indígenas, no así, a los pueblos indígenas en general. Esto lo hace con el único propósito de manipular el proceso de consulta para favorecer su política Energética y Minera que viene aplicándose desde el 2007 y que, como ya es costumbre, beneficia a los inversionistas y no a la población guatemalteca.
Bajo la política Energética y Minera el gobierno también impulsa la siembra de palma africana y caña de azúcar para la producción de agrocombustibles y esta llevando a cabo desalojos violentos en comunidades campesinas ubicadas en el Valle del Polochic, Panzós, Alta Verapaz defendiendo los intereses de los empresarios y terratenientes como los Widmann y violentando los derechos de los pueblos indígenas q´eqchis y criminalizando su lucha iniciada para la recuperación y defensa de su territorio y la Madre Tierra.
Por lo anteriormente expuesto el CUC exige al gobierno:
No aprobar el Reglamento al proceso de consulta del Convenio 169 de la OIT, porque no ha sido consultado con el pueblo indígena sino con una comisión conformada únicamente con funcionarios de gobierno tal como lo indica en la introducción de su reglamento.
No violentar los derechos consuetudinario y colectivo de los pueblos indígenas, porque al hacerlo también esta violando convenios internacionales en donde se reconocen nuestros derechos.
No seguir manipulando a líderes indígenas para su beneficio y el de los empresarios nacionales e internacionales.
No continuar con su política de criminalización y persecución de líderes comunitarios y dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas que luchan por la defensa del territorio y nuestra Madre Tierra.
Suspender los desalojos de comunidades campesinas a nivel nacional y especialmente del Valle del Polochic, Alta Verapaz.
Atender las demandas de las poblaciones indígenas y campesinas y no cerrar los espacios de diálogo, pues el gobierno debe trabajar para todo el pueblo y no solo para el pequeño grupo de ricachones.
A la población guatemalteca en general exhortamos a rechazar el reglamento a las consultas comunitarias de buena fe porque la minería y las hidroeléctricas no solo dañan a las comunidades aledañas, sino tiene efectos negativos, secundarios, en toda la población guatemalteca.
Nuestros ríos, nuestras montañas, nuestro territorio nuestra Madre Tierra nos pertenecen y somos nosotros los llamados a defenderlos por nuestra vida y la vida de las generaciones venideras.
¡No a la minería, no a las hidroeléctricas, no a la explotación petrolera, no a los monocultivos… No al reglamento del proceso de consulta de los pueblos indígenas!
Comité de Unidad Campesina
-CUC-
Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo…
Integrante de la CLOC-Vía Campesina y la Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej
Guatemala, abril de 2011