“Guatemala presenta una crisis alimentaria profunda, además el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional no está siendo debidamente acompañado por políticas estructurales adecuadas en el abordaje de las causas que generan el hambre y la pobreza”, esto fue lo expresado por la Misión Internacional de Verificación del Derecho a la Alimentación y la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en Guatemala.
Lo dicho por la Misión es una problemática histórica en Guatemala principalmente en el área rural, la mayoría de programas y políticas que han implementado los gobiernos son acciones paliativas a este problema y no lo resuelven de fondo.
Hasta ahora Guatemala ocupa el primer lugar en America Latina y el cuarto lugar a nivel mundial en prevalencia de desnutrición crónica infantil.
Por otro lado la Misión informó que la violencia, persecución y criminalización en contra de líderes sociales, indígenas y campesinos continúa practicándose. Rafael Gonzáles subcoordinador del Comité de Unidad Campesina –CUC- explicó que desde la Firma de los Acuerdos de Paz para la presente fecha, se han registrado más de 35 asesinatos de líderes y lideresas campesinos, sin que se haya capturado o juzgado a los responsables.
La misión por su parte acotó que: “hemos conocido casos paradigmáticos de la creciente criminalización y persecución que sufren los líderes y liderezas de las comunidades y las organizaciones que defienden el derecho a la alimentación, al agua, e inundaciones severas en la parte baja del territorio”, se mencionó como ejemplo los conflictos existentes en: La montaña de las Granadillas, Zacapa; San Miguel Ixtahuacán, San Marcos por la explotación minera; en los municipios chorties por el caso del Corredor Tecnológico y otros más.
Estos datos reflejan la situación de la criminalización y violación a los derechos humanos de los movimientos sociales, indígenas y campesinos de Guatemala por parte de empresas nacionales e internacionales, muchas veces con el apoyo del gobierno.
También refleja la grave situación de hambruna y desnutrición en la que vivimos las y los guatemaltecos, no obstante, es en el campo donde esta situación se agrava. En este contexto las organizaciones sociales, indígenas y campesinas debemos exigir al gobierno que cumpla con su obligación de brindar seguridad alimentaria a la población y que detenga la criminalización de la lucha popular.