Ante la criminalización de la lucha campesina por la recuperación de la Madre Tierra, los desalojos extrajudiciales, persecución política y penal de líderes indígenas y campesinos, y la reconcentración de la tierra en pocas manos deterratenientes y empresarios el Comité de Unidad Campesina CUC, demanda y exige al Gobierno resolver de inmediato la conflictividad que está afectando a comunidades indígenas y campesinas de diferentes regiones del país.
Al Fondo Nacional de Tierras (Fontierras) demandamos entre otras cosas:
Un informe sobre la situación financiera en relación a los gastos administrativos de la institución. Y tratar la deuda agraria de forma integral no solamente la condonación de mora e intereses. Analizar la situación u funcionamiento de las oficinas departamentales del Fontierras.
Al presidente de la república y su junta de ministros demandamos: el diseño de una política agraria, la cual debe trabajarse entre representantes del Organismo Ejecutivo y organizaciones campesinas atendiendo a un verdadero desarrollo rural integral en el país. Exigimos la suspensión de los desalojos extrajudiciales. Presupuesto e implementación de la Política de Desarrollo Rural Integral. La derogatoria de los artículos de usurpación y usurpación agravada en el Código Penal. La adquisición de las fincas, propiedad de Chabil Utzaj, en el Valle Polochic, Alta Verapaz, vía los mecanismo financieros con el Banco Centroamericano de Integración Económica que permita a las comunidades de esa región acceder a esos terrenos.
Asimismo al Congreso de la República exigimos: que informe sobre la asignación presupuestaria para la institucionalidad agraria, para el año 2011. La aprobación de urgencia nacional de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y demás leyes agrarias tanto en lo adjetivo como en lo sustantivo y la instauración de los tribunales agrarios. Por último la derogatoria de los artículos 256 y 257 del Código Penal Guatemalteco.
Así también demandamos a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que: los jueces investiguen la situación jurídica de las tierras en conflicto antes de emitir orden de desalojo sin que exista certeza jurídica y técnica en cuanto a la propiedad o posesión de terrenos supuestamente usurpados. Que se aborde la problemática de la criminalización de la lucha agraria en el país. Que la emisión de resoluciones judiciales se hagan con fundamento en el Convenio 169 de la OIT, artículos 66, 67 y 68 constitucionales y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y demás convenios y legislación vigente en el país. Que no se acceda a la petición del Ministerio Público en cuanto aumentar la condena de Ramiro Choc.
Al Ministerio Público exigimos: que los fiscales no soliciten desalojos sin que exista certeza jurídica y técnica en cuanto a la propiedad o posesión de terrenos supuestamente usurpados. Verificar los casos en que se evidencia anomalías en procedimientos penales de delitos de usurpación, robo agravado y otros. Y que las solicitudes de resoluciones judiciales se hagan apegados a los convenios internacionales y legislación vigente en Guatemala.
¡Solución a la conflictividad agraria ya!
¡A mayor represión, mayor organización…!
Comité de Unidad Campesina –CUC-
Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo
Miembro de la CLOC-Vía Campesina y Wakib´Kej
Guatemala, 25 de noviembre de 2010