Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Guatemala, durante la cual se reunió en Cobán, Alta Verapaz, con representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, populares y autoridades ancestrales. Este encuentro fue crucial para abordar el contexto de la conflictividad agraria en la región y la crisis humanitaria generada por los desalojos judiciales y extrajudiciales que afectan a las familias q’eqchi’s.

Uno de los puntos más importantes discutidos fue la problemática histórica de la conflictividad agraria, la cual se ha visto agravada por la coptación del sistema de justicia. Durante la reunión, los delegados de la CIDH recibieron información detallada sobre los múltiples factores que confluyen en estos desalojos, incluyendo la violencia directa y estructural, la violencia de género y los asesinatos, que en conjunto han creado una crisis humanitaria devastadora para las poblaciones indígenas de la región.

Los representantes de las comunidades y organizaciones sociales expusieron cómo estos desalojos no solo desplazan a las familias de sus tierras, sino que también destruyen sus medios de subsistencia y su tejido social. La violencia asociada a estos desalojos, tanto física como psicológica, afecta de manera desproporcionada a mujeres y niños, exacerbando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

La visita de la CIDH representa una oportunidad crucial para visibilizar esta problemática a nivel internacional y buscar soluciones que respeten los derechos humanos y la dignidad de las comunidades afectadas. Las organizaciones presentes en el encuentro exhortaron a la delegación de la CIDH a recomendar al Estado de Guatemala el reconocimiento del despojo histórico de tierras y las amenazas al derecho de propiedad ancestral, agravadas por la implementación de proyectos extractivos y la expansión de monocultivos como la palma africana.

Además, pidieron a la CIDH que inste al Estado de Guatemala a declarar una moratoria sobre los desalojos que provocan desplazamientos forzosos y a cesar la persecución y criminalización de las comunidades indígenas defensoras de la tierra y el territorio. Estas medidas son esenciales para detener las injusticias y promover la paz y la justicia en Alta Verapaz.