Desde el Comité de Unidad Campesina -CUC- denunciamos que terratenientes encabezados por la familia Arriaza Migoya, han realizado una alianza entre algunos finqueros para ejecutar desalojos extrajudiciales de familias Q´eqchi´s de las comunidades de Plan Grande; Comunidad Agraria El Esfuerzo Túnico, Santa Rosita y Ebenezer de El Estor, Izabal, creando y coordinando grupos armados con armamento de alto calibre.

En los últimos días, se han visto vehículos con individuos fuertemente armados circulando en las cercanías de las comunidades, intimidando a las familias que viven allí. Estos terratenientes y finqueros han formado fuerzas paramilitares para sembrar el miedo y la zozobra entre las comunidades. La creación y utilización de fuerzas paramilitares por parte de terratenientes es un delito y una clara violación de las normas internacionales de derechos humanos.

La jueza de paz Sandra Nineth Ayala Tello ha estigmatizado a las comunidades, acusándolas falsamente de estar fuertemente armadas. Esta acusación forma parte de una estrategia de criminalización, que busca justificar la presencia de sus grupos armados y las agresiones en contra de comunidades indígenas y campesinas. Esta estrategia está orquestada por una alianza conformada para desinformar y justificar la violencia en contra de las comunidades indígenas y campesinas, impulsada por la familia Arriaza Migoya, el alcalde Genaro Ico Cholom, comprometido con los finqueros de la región para pagar su deuda de campaña electoral y la jueza Sandra Nineth Ayala Tello.

En la comunidad Dolores, Cobán, Alta Verapaz, el alcalde y consejo municipal de Cobán, avalaron una orden de desalojo, pero ante la evidencia de su involucramiento que fue señalado por otras autoridades procedieron a retractarse emitiendo otro escrito en la que mencionaban que, no tenían condiciones para instalar un albergue.

Desde el Comité de Unidad Campesina, alentamos al Gobierno de Guatemala a actuar para evitar el derramamiento de sangre de las familias campesinas; desarticular estos grupos armados, identificar a los responsables de estas fuerzas paramilitares y que les caiga el peso de la ley. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para garantizar la vida, seguridad y los derechos de las comunidades indígenas Q´eqchi´s afectadas. Asimismo, que los gobernadores cumplan su responsabilidad de garantizar el respeto irrestricto y los compromisos en materia de derechos humanos, asumidos por el Estado de Guatemala.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a los organismos internacionales a que tomen nota de esta grave situación y demanden a los distintos órganos del Estado de Guatemala para que ponga fin a la violencia y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las comunidades indígenas y campesinas.

POR EL DERECHO A LA VIDA

NO MAS DESALOJOS Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS

Comité de Unidad Campesina -CUC-

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo

de las y los Trabajadores del Campo.

Miembros de la Convergencia Waqib Kej, Asamblea Social y Popular, Albamovimientos,

Asamblea internacional de los Pueblos y de la Vía Campesina Internacional