Desde el segundo trimestre del presente año, finqueros, jueces y fiscales corruptos han impulsado una oleada de desalojos ilegales en contra de comunidades indígenas y campesinas que vulneran derechos de cientos de familias en situación de pobreza, abandono y exclusión.

En Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izaba, Escuintla y Jalapa, por mencionar los más recientes, se han efectuado o están previstos una serie de desalojos que son ilegales por las siguientes razones:

1. Violan el Artículo 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que las tierras de comunidades indígenas gozarán de protección especial del Estado.
2. Violan los Estándares Internacionales en materia de desalojos forzosos, así como otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido establecidos como parte del bloque constitucional.
3. Las actuaciones de jueces y fiscales ejecutando desalojos con resoluciones o procedimientos defectuosos violan el artículo 46 Constitucional que establece que, en materia de Derechos Humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Los desalojos promovidos por finqueros y ejecutados por jueces y fiscales corruptos han creado una crisis humanitaria para cientos de familias, porque además de despojarles, robarles y quemarles sus bienes; pierden sus cosechas y se ven afectados su derecho a la alimentación, agua y derecho a vivienda. De la misma manera, los niños y niñas no pueden seguir estudiando, son afectados por las inclemencias del tiempo, enfermedades y con altas probabilidades de ser afectados por epidemias, sin posibilidades de atención médica, en particular la niñez, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Eso sin contar el impacto en la salud mental, psicológica y la seguridad individual.

El Estado de Guatemala está obligado, por ley, a cumplir con los Estándares Internacionales en materia de desalojos y solamente pueden realizarse si se garantiza el derecho a la defensa de las comunidades, para promover el bienestar general y además de proveer una indemnización y una rehabilitación completa y justa, además de garantizar servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras tales como agua potable, energía para cocinar, calefacción y luz, saneamiento, lavaderos de ropa, acceso a alimentos y formas de almacenarlos, vertederos de basura, drenajes y servicios de emergencia, y en los casos apropiados, acceso a recursos naturales y comunes; vivienda habitable, culturalmente apropiada que ofrezca a los habitantes espacio suficiente, protección del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas a la salud, que garantice la seguridad física; el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, acceso a la educación y atención a la niñez. En su lugar, se ha generado un contexto de violación sistemática a los derechos humanos y se deja a las familias abandonadas a su suerte

Esto es más grave aún ya que las comunidades de Buena Vista y Santa Rosita, en El Estor tuvieron que salir de sus lugares de vivienda, en la Sierra de Santa Cruz, debido a desastres generados por tormentas tropicales y llevan 9 años de abandono durante tres gobiernos anteriores. Aunado a lo anterior, esos gobiernos se negaron a cumplir una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordenó el respeto a la propiedad ancestral de 247 caballerías en Sierra de Santa Cruz.

En San José el Tesoro, en Cobán, Alta Verapaz, además de disparos y lanzamiento de bombas lacrimógenas, también sucedió que, ante la vista indiferente de la PNC, cuadrilleros y seguridad privada procedieron a destruir y quemar viviendas, robar enseres y quemar el sagrado maíz.

Situación similar se enfrentan comunidades Xincas en Santa María Xalapán donde hay varias órdenes de desalojo a pesar de que dicha comunidad posee una Cédula Real desde hace más de 250 años, que reconoce la propiedad colectiva de sus tierras. Sin embargo, finqueros usurpadores, jueces y fiscales sobornables promueven desalojos en contra del derecho de propiedad ancestral y lo establecido en la Constitución.

 En el caso del Estor, finqueros que se han adueñado de tierras baldías y del Estado pretenden, de nuevo, desalojar a las comunidades, a pesar de que, en la Finca Santa Rosa, hay una diferencia de 4 caballerías baldías de más entre la extensión que la Empresa Comercial Agrícola Sociedad Anónima, representada por Carlos Quirín Shoder, reclama como de su propiedad y lo que está inscrito en el Registro de la Propiedad.

El Ministerio Público, en lugar de investigar la certeza jurídica del supuesto propietario, criminaliza y persigue a los habitantes de las fincas Tzinté Buena Vista y Santa Rosita. De la misma manera, el juez de Puerto Barrios, Edgar Anibal Artega y la jueza del Estor, Sandra Ayala actúan con total parcialidad y complicidad con los finqueros y jamás han permitido que las comunidades ejerzan su derecho a defensa.

El último hecho que evidencia esa complicidad y falta de parcialidad se sucedió el día de ayer donde la jueza Sandra Ayala, en menos de cuatro horas resolvió posponer por 2 meses el desalojo, a partir de una solicitud del finquero donde sin ninguna prueba acusa a la comunidad de contar con armas de fuego de grueso calibre.

Alertamos que esa acusación, además de estigmatizar y profundizar la criminalización de las familias indígenas y campesinas, puede ser el preámbulo para acciones violentas en contra de la comunidad, de las que posteriormente se les quiera responsabilizar. Esa misma maniobra ha sido utilizada en otros lugares para cometer asesinatos y ataques en contra de campesinos y campesinas indefensos.

En comparación, esa misma jueza de El Estor, el 22 de mayo ordenó un desalojo, a pesar de haber una sentencia que establecía que no se podía realizar el desalojo hasta no contar con una sentencia en firme; no llevar una notificación formal del desalojo y haberle señalado que se había interpuesto interpuesto un amparo, mismo que no fue respondido por la sala correspondiente, sino hasta diez días después. Por esas actuaciones parcializadas ya se procedió a presentar denuncia penal en contra de la jueza de paz Sandra Nineth Ayala Tello por abuso de autoridad.

Finalmente, el alcalde de El Estor, Izabal, en conferencia de prensa el pasado fin de semana, expresó estar más preocupado por la feria titular que por el respeto a los derechos humanos y estableció una “mesa técnica” sin presencia de representantes de las comunidades afectadas, ni del CUC. En lugar de que él, junto a su consejo municipal emitan un acuerdo municipal rechazando los desalojos, le hace el juego a los finqueros y financistas que promueven los desalojos.

Denunciamos que la oleada de desalojos impulsada por jueces, fiscales y finqueros corruptos, no buscan el respeto al derecho a la propiedad, sino garantizar las ilegalidades con las que los terratenientes, históricamente han despojado de sus tierras a las comunidades indígenas y campesinas; crean una crisis humanitaria que ya ha afectado a cientos de familias y son actuaciones ilegales, no solo por vicios de procedimiento, sino por violar la Constitución de la República, los estándares internacionales y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos firmados por el estado guatemalteco.

Alertamos y llamamos a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y a la comunidad internacional estar atentos ante estas graves violaciones a los derechos humanos y convocamos a la sociedad guatemalteca y a la solidaridad nacional e internacional a brindar apoyo ante la situación de emergencia humanitaria generada por los desalojos. Animamos a nuestras hermanas y hermanos de otras comunidades y organizaciones amenazados con los desalojos a resistir ante la violación de sus garantías constitucionales y unificar esfuerzos por parar la oleada de desalojos.

 

NO MAS DESALOJOS Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS

EXIGIMOS LA CAPTURA Y JUICIO DE LOS ASESINOS DE MARCELO YAXÓN Y JOSÉ DOMINGO MONTEJO

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo

de las y los Trabajadores del Campo.

Comité de Unidad Campesina CUC

 

25 de junio de 2024

 

 

 

 

 

 

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