Expresamos nuestro profundo rechazo a las acciones que desde el Ministerio Público y los tribunales se han ejecutado, acabando con la escasa legalidad con la que se debe asegurar los derechos y garantías de todos los guatemaltecas y guatemaltecos.
En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de acciones que socavan la legalidad por parte de aquellos que actúan como títeres de las élites corruptas. Entre ellos se encuentran la Fiscal General Consuelo Porras, Rafael Currichiche, Cinthia Monterroso, el Juez Fredy Orellana, así como algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.
Impulsando o consintiendo una serie de maniobras que amenazan la frágil legalidad de nuestro país y profundizan lo que bien puede definirse como un Golpe de Estado Judicial. Estas maniobras, como las realizadas por el Ministerio Público, que ha confiscado toda la documentación del reciente proceso electoral, con la clara intención de anular la voluntad de las y los electores expresada en las urnas el 25 de junio y 20 de agosto, que amenaza con invalidar todos los resultados de las votaciones ya realizadas. Todo esto con el único propósito de mantener el statu quo en Guatemala y perpetuar la corrupción e impunidad en Guatemala.
Además, es preocupante el ataque del poder legislativo contra la población de nuestro país, con la búsqueda de aprobar leyes regresivas que favorecen a estas élites corruptas. Ejemplos de estas leyes son la Ley Monsanto con la que buscan privatizar las semillas y plantas que nuestros pueblos han creado a lo largo de milenios y la Ley de Amnistía total para dejar en libertad y no enjuiciar a quienes han cometido crímenes como genocidio, tortura, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad.
Ahora, más que nunca, debemos movilizarnos para evitar que estas mafias arraigadas en el poder del Estado alcancen sus objetivos. Debemos asegurarnos de que prevalezca la voluntad expresada en las urnas y derrotar a las élites corruptas y a sus cómplices. Tenemos el derecho y el deber de manifestarnos para exigir la inmediata renuncia de estos títeres de la impunidad y la detención de sus acciones antidemocráticas ya que como dice el artículo 45 de la Constitución, “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías”.
Los diversos pueblos que coexistimos en Guatemala no estamos dispuestos a tolerar que las élites corruptas continúen gobernando el país. El pueblo guatemalteco merece vivir en una país democrático y justo, y es nuestro deber garantizar que esto se cumpla.
CABEZA CLARA, CORAZÓN SOLIDARIO, Y PUÑO COMBATIVO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO.
COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA -CUC-
Miembro de Waqib Kej, de la Asamblea Social y Popular, y de la Vía Campesina internacional.
Iximulew, 2 de octubre de 2023
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