Las comunidades y organizaciones abajo firmantes ante
la opinión pública nacional e internacional,

DENUNCIAMOS:

del Norte y Petén, y expulsan a la población q’eqchi’ de las tierras del valle del Polochic, negándonos la posibilidad de sembrar nuestros granos básicos, que abastecían también al resto del país.  Decenas de comunidades campesinas han desaparecido ya en estas regiones y sus pobladores viven en la inseguridad e incertidumbre.

Esta reconcentración de la tierra en manos de unas cuantas empresas está ocurriendo con pleno conocimiento y apoyo del MAGA, del Fondo de Tierras y del RIC, instituciones estatales que por mandato deberían velar por la seguridad alimentaria de la población rural, así como garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos y de los pueblos, y de los Acuerdos de Paz que establecieron el compromiso de democratizar la estructura agraria del país.

Para expandir sus plantaciones de palma africana y caña de azúcar, estos empresarios están acaparando tierras que anteriormente se destinaban a la producción de alimentos básicos, contribuyendo así al encarecimiento de los alimentos, a la escasez y al hambre del pueblo.  Al mismo tiempo, están destruyendo los bosques remanentes, secando humedales, desviando el cauce de los ríos y haciendo movimientos de tierra en dichas áreas, con lo cual desaparece la biodiversidad del lugar, patrimonio de todos los guatemaltecos, sin que las instituciones competentes, tales como el MARN, el INAB y el CONAP, ejerzan ningún control ni regulación a tales actividades.

En la mayoría de casos, las y los campesinos nos vemos obligados a vender la tierra ante el abandono de las instituciones del Estado y la pobreza extrema, pero de igual manera somos víctimas de engaño y estafa, así como de amenazas, presiones diversas y violencia por parte de los agentes de los empresarios.

Por lo anterior, EXIGIMOS:

1. A las instituciones del Estado competentes, que cumplan con su mandato para detener la pérdida de tierra por parte de las familias y comunidades campesinas de estas regiones y para poner un alto a la impunidad con que algunas empresas de agrocombustibles están actuando, afectando la seguridad alimentaria de la población guatemalteca y el patrimonio natural nacional.

2. A las instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que fiscalicen la utilización de los fondos otorgados tanto a las instituciones agrarias del país, como a las empresas de agrocombustibles en el país, para garantizar su adecuada utilización y evitar que las acciones impulsadas o consentidas contribuyan al empobrecimiento y al hambre de la población guatemalteca más pobre y excluida.

3. A los empresarios agroindustriales, que detengan el acaparamiento de la tierra y el agua, así como la destrucción de nuestros recursos naturales, respetando los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz.  De igual manera, exigimos que cumplan con todas las obligaciones laborales de ley para con los trabajadores de las plantaciones y plantas procesadoras. 

!NI UNA MANZANA DE TIERRA MÁS PARA LOS EMPRESARIOS Y TERRATENIENTES,
NO RETROCEDAMOS LO ALCANZADO CON LOS ACUERDOS DE PAZ, NI PERMITAMOS QUE VULNEREN NUESTROS DERECHOS!

Comunidades de los municipios de Sayaxché, Ixcán, Chisec,
Fray Bartolomé las Casas, Panzós, El Estor
y  Comité de Unidad Campesina (CUC)