LAS DOCE COMUNIDADES KAQCHIKELES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DENUNCIAN DISCRIMINACION EN CONTRA DEL ALCALDE MUNICIPAL FERNANDO BRACAMONTE MARQUEZ QUE EN COMPLICIDAD CON UN GRUPO DE VECINOS DE SAN ANTONIO LAS TROJES TRABAJADORES DE CEMENTOS PROGRESO, HAN PROVOCADO DESESTABILIZACION EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LAS TROJES.

En marzo del 2011 el gobierno de Colom desalojó a 14 comunidades Q’eqchi’s en el Valle del Polochic. Esos desalojos fueron producto de la concentración de tierras por parte del ingenio Chabil Utzaj, en ese entonces, propiedad de la familia Widman, que las compró a terratenientes que habían despojaron a familias mayas q’eqchi’s de su tierra.

Debido a que trabajadores de la planta de Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez y de la municipalidad de ese municipio están ingresando maquinaria para iniciar la perforación de un pozo mecánico en la Comunidad San Antonio Las Trojes I sin previa consulta ni notificación a los comunitarios, estos se encuentran alarmados y se prevén acciones legales y sociales para detener el proyecto.

De acuerdo con líderes comunitarios, ese proyecto beneficiaría solo a los empleados de la cementera y sus allegados, por otro lado denuncian que la empresa Cementos Progreso actúa sin pedir permiso a las autoridades indígenas del lugar, por eso denuncian públicamente la violación a sus derechos e irrespeto a su autoridad comunitaria.

Se dijo que en este momento hay presencia de la Policía Nacional Civil custodiando la maquinaria propiedad de la cementera. Asimismo se explicó que la perforación de ese pozo está avalado por la municipalidad de San Juan Sacatepéquez.

Se relató también que en diciembre del año 2012 se presentó un recurso de amparo ante el Juzgado de Paz de la localidad en contra del proyecto, pero hasta la fecha no se ha recibido notificación alguna, eso tiene aún más molestos a los habitantes de San Antonio Las Trojes.

El Comité de Unidad Campesina -CUC- exige a las autoridades municipales que atiendan las demandas de la comunidad Las Trojes I y que se actúe sin provocación ni criminalización a la exigencia de sus derechos como pueblos originarios.

 

 

Las organizaciones y comunidades indígenas, campesinas y populares que por mas de doce años hemos trabajado en la formulación e impulso de un instrumento jurídicos para impulsar el Desarrollo Rural Integral y que hemos estado presentes por cuatro días consecutivos en el Congreso de la Republica para exigir la aprobación de la iniciativa de ley 4084. Una iniciativa ampliamente discutida, con dictamen favorable de la comisión correspondiente y el respaldo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso. Presenciamos indignados como se violentan las institución y los mecanismos democráticos; así lo demuestra la intromisión de la Cámara del Agro y el CACIF, intentado coartar todo el proceso de construcción amplia y participativa que significo materializar la iniciativa de ley 4084.

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