Familias indígenas y campesinas q’eqchi’s de la Comunidad Buena Vista Tz’inte’ en el Estor Izabal han sido violentadas e intimidadas por las fuerzas de seguridad y represivas del gobierno de Guatemala, ante la incursión de un contingente policial y militar de alrededor de 120 patrullas que llegaron para ejecutar una orden de allanamiento en la comunidad.

La orden de allanamiento fue girada por el Juez “B” Pluripersonal de Primera Instancia Penal, de Narcoactividad y Delitos contra el ambiente del departamento de Izabal y como consecuencia de este acto, 28 familias fueron desalojadas de hecho ya que tuvieron que huir a la montaña.

Utilizando el mismo procedimiento con el que, en marzo del 2011, fueron desalojadas 14 comunidades en el Valle del Polochic, en esta ocasión, las fuerzas represivas policiales y militares que efectuaron esta incursión, fueron dirigidas por Oscar Orozco supuesto administrador de la finca y el finquero Luis Fernando Arriaza Migoya, supuesto propietario de la Finca Tz'inte que ha utilizado este territorio para la siembra y explotación de monocultivo de Hule.

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El Comité de Unidad Campesina y la Comunidad Poqomam San José, rechazamos las presiones ilegales impulsadas por parte del Rector M. SC. Ing. Murphy Paiz, la Junta Directiva y el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El 3 de julio de 2020 un grupo de personas que no se identificaron pero, se conducían en vehículos y vestían uniformes e insignias de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, acompañados de un contingente policial de la Policía Nacional Civil -PNC-, ingresaron a la Comunidad Poqomam San José, ubicada en la carretera vieja del municipio de Palín, departamento de Escuintla, este caso se refiere a un reclamo de posesión ancestral en territorio Poqomam en parte de una finca que fue adjudicada a la USAC hace décadas.

Las autoridades de la USAC plantearon una denuncia, por lo que el Ministerio Público, actuando bajo el principio de objetividad, ha decidido la realización de un estudio que permita determinar la verdad sobre posesión de esta propiedad ancestral, por esto, resulta incoherente que las autoridades universitarias emprendan acciones en nuestra contra y ejerzan presiones ilegales e injerencia en el actuar independiente del Ministerio Público por medio de comunicados públicos.

Esas acciones como la del 3 de julio, que calificamos de intimidatorias, se repitieron el 4 y 5 de julio de 2020, y fueron llevadas adelante por el grupo de personas que aducían ser representantes de las autoridades universitarias, lo que a nuestro juicio demuestra una falta de seriedad en el cumplimiento de los acuerdos a los que hemos arribado, siendo el más importante de ellos: que especialistas realicen un estudio histórico para establecer el origen de la propiedad y si la finca Medio Monte o parte de ella fue adjudicada a la Universidad en perjuicio de los derechos del pueblo Maya Poqomam; valga decir que en nuestro caso tenemos el resultado del estudio que realizamos como cumplimiento de ese compromiso.

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Nuevamente más de 150 familias indígenas y campesinas están siendo amenazadas por parte del Estado de Guatemala ante la emisión de orden de desalojo programado para el próximo 27 de agosto 2020; dichas familias se encuentran en tres inmuebles que conforman la Hacienda Palmeras y Finca Primavera en el municipio de Cuyotenango en Suchitepéquez, inmovilizadas por un proceso de extinción de dominio. Las y los comunitarios han realizado diferentes gestiones para que estas tierras sean adjudicadas a las familias que se encuentran en inmediaciones de La Finca Palmeras.

El Juez de Primera instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Suchitepéquez con sede en Mazatenango, a pesar del proceso de extinción de dominio, ha generado una nueva orden de desalojo contra estas familias, lo que traerá  como consecuencia que ex trabajadores colonos de la finca Palmeras sean afectados directos, a quienes se les estará violentando sus derechos humanos.

Asimismo, el señor Juez de Paz de Cuyotenango, quien también conoce el caso, ha emitido dos resoluciones judiciales de fechas 9 y 18 de junio del 2020, pero ha negado el acceso al expediente e información a los abogados de las familias afectadas. El acceso a la información que obra en el expediente es indispensable para posibilitar el ejercicio del derecho de defensa de las familias afectadas.

Las resoluciones emitidas por el Juez de Paz contravienen la Constitución Política de la República de Guatemala que señala en su Artículo 14 que los abogados, en forma verbal o escrita, tienen "derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos, diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata".

Por tal razón, desde el Comité de Unidad Campesina hemos presentado una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos por violación de derechos humanos de defensa, al debido proceso; a las garantías judiciales, a un recurso efectivo y al libre acceso a la información, por lo que esperamos el resultado de la investigación de la Procuraduría y que se determine la responsabilidad en la comisión de las vulneraciones de derechos humanos.

Condenamos y rechazamos la intención de parte de los operadores de justicia por ordenar nuevamente desalojar a las familias que se encuentran en inmediaciones de La Finca Palmeras, ya que violentaría y vulnera sus derechos humanos; y es ya conocido que el Estado de Guatemala no garantiza la seguridad de las personas, ni mucho menos aplica los protocolos de desalojo mandatados por Naciones Unidas.

Exigimos al Gobierno de Guatemala, el cese a la persecución en contra de las familias indígenas y campesinos.

Solicitamos que la Procuraduría de los Derechos Humanos resuelva la denuncia por violación a derechos humanos que se ha planteado.

Que la Finca Palmeras, que pasará a poder del Estado por el proceso de extinción de dominio sea adjudicada a las familias campesinas llegando a un acuerdo entre las partes.

Actualmente, nos encontramos enfrentando la pandemia del COVID-19 y al emitirse orden de desalojo en contra de las familias campesinas se pone en riesgo la vida de estas y se vulneran los derechos de la salud de la población, por lo que le exigimos al Gobierno de Guatemala de marcha atrás en su intención de desalojar a las familias.

Comité de Unidad Campesina -CUC-
¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo
de las y los trabajadores del campo!
Miembro de la CLOC-Vía Campesina, Albamovimientos,  Asamblea Internacional de los Pueblos,

la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej y la Asamblea Social y Popular

Iximulew, 22 de julio 2020

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Desde el Comité de Unidad Campesina -CUC-, RECHAZAMOS totalmente el estado de sitio decretado e impuesto por el Presidente de la República Alejandro Giamattei y su Consejo de Ministros bajo el decreto 13-2020, afectando a los municipios de El Estor, Morales, Livingston del departamento de Izabal así como en Panzós, Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz; medida represiva, desproporcionada y sin fundamento en contra de la población Q’eqchi’ y Poqomchí que no resuelve las problemáticas de este territorio.

Con este estado de sitio, las comunidades Q’eqchi’s y Pocomchí que históricamente han tenido posesión de la tierra y que han sido sistemáticamente despojadas, nuevamente son objeto de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, que busca únicamente la protección de empresas dedicadas al monocultivo de palma africana, minería de níquel, hidroeléctricas e ingenios que han venido a generar una serie de conflictos agrarios históricos en la región.

La existencia de riquezas del subsuelo, tierra fértil y agua abundante de esta región son condiciones para que las grandes empresas en contubernio con diferentes gobiernos a lo largo del tiempo han expropiado y arrebatado violentando los derechos de las comunidades, como la masacre sucedida en Panzós en 1978, con el fin de reconcentrar la tierra para las diferentes producciones de las megaindustrias.

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Ante los recientes acontecimientos en el occidente del país, el Comité de Unidad Campesino -CUC- se solidariza con las y los hermanos agricultores; así también lamentamos la pérdida de cosechas que ha generado las restricciones impuestas en el territorio nacional, imposibilitando el traslado de hortalizas a los centros urbanos, mercados locales, cantonales y de colonias.

El pasado 14 de mayo, en cadena nacional, el gobierno de Guatemala presidido por Alejandro Giammattei anuncio una serie de medidas restrictivas para todo el país, ante el incremento de casos de COVID-19, implementando un toque de queda absoluto, restringiendo la movilidad y la ESTRICTA PERMANENCIA de los habitantes en el lugar de su residencia, así como el cierre de los mercados locales, cantonales y centrales de mayoreo, permitiendo únicamente la continuación de la prestación de los servicios básicos y entre ellas la libre circulación del transporte de carga de alimentos, cosa que fue reprimida por las autoridades de la policía nacional civil.

Estás medidas desiguales que atropellan y han generado la paralización de la economía del campo, que alimenta sanamente a nuestro país, el cierre de los mercados, la imposibilidad del traslado y entrega de cosechas, siendo estás productos esenciales para el alimento del país. Sin embargo, las comunidades en un acto de solidaridad han regalado sus productos en diferentes pueblos antes de dejarlos podrirse.

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