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Después de 34 años da inicio el juicio por la masacre de la embajada de España en Guatemala donde fueron quemadas 37 personas, entre ellas campesinos, diplomáticos, exfuncionarios de gobierno y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estas personas exigían al gobierno detener la ola de violencia en el departamento de El Quiché, así como mejorar las condiciones laborales en las fincas.

Con un acto político y una visita a la tumba donde descansan los restos de los niños David Estuardo Pacay Maas y Ageo Isaac Guitz Maas culminó la semana de actividades que la Comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz planificó para rememorarlos a un año de su asesinato.

David y Ageo fallecieron el 26 de agosto del año pasado por la gravedad de las heridas de bala que les ocasionó, el 23 de ese mismo mes, el sicario Guillermo Pacay Bol, trabajador de la empresa Hidro Santa Rita. Los comunitarios relataron que esta persona confesó, en días posteriores, que dicha empresa lo había contratado para asesinar al líder comunitario David Chen pero al no encontrarlo disparó en contra de los niños.

El Gobierno dice que el 98.7% de los derechos de vía para el tramo carretero que conectaría la Carretera Interamericana con San Juan Sacatepéquez, específicamente con la finca San Gabriel, ya fueron adquiridos, según los funcionarios “cumpliendo con lo establecido en ley”, sin embargo se niegan a entregar esa información a más de 60 mil habitantes de las 12 comunidades del área occidental de San Juan que rechazan dicho proyecto público-privado.

 

Los habitantes de la comunidad Monte Olivo, Cobán , Alta Verapaz vivieron un día emotivo al recibir a los cinco ciudadanos de esa localidad que fueron apresados injustamente por la Policía Nacional Civil, PNC, durante el desalojo violento ejecutado en esa localidad el 14 de agosto de 2014. 

El 27 de agosto las tres mujeres y los dos hombres, defensores de Derechos Humanos, salieron de la prisión con una medida sustitutiva por seis meses ya que los delitos como: lesiones leves y atentado, de los que fueron acusados, ameritaba esa decisión del juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán.

La imagen del hogar, los amigos/as, los vecinos, el Territorio en si, iba quedando atrás, mientras los vehículos avanzaban kilómetro a kilómetro.

En los ojos de las mujeres y niños se podía ver la ilusión que les causaba descubrir “la tierra prometida”.

Ha quedado grabada en nuestra mente, la imagen de niños y niñas de 3 a 12 años que junto a sus padres, preparados con sus pocas pertenencias a la orilla de la carretera, esperaban la llegada de los buses, eran las 2 de la madrugada del día 5 de agosto del presente año, fecha en que el gobierno, a marchas forzadas, se comprometió a trasladarlos a su nuevo hogar ubicado en el municipio de Cobán, a más de 200 kilómetros de su tierra natal, Panzós, Alta Verapaz.

 

Líderes, de ambos sexos, de las ocho Comunidades Indígenas de la Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal demandan a la Corte de Constitucionalidad, CC, la nulidad plena de las inscripciones anómalas de sus tierras que hicieran empresas madereras, financieras y sociedades anónimas en el Registro General de la Propiedad.

La nulidad de esas inscripciones y el reconocimiento legitimo del derecho que tienen estas comunidades a la propiedad de la tierra se lo solicitan a la CC porque los magistrados de esa instancia tienen en su poder un Amparo presentado ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por los comunitarios en contra del Registro General de la Propiedad en el año 2012. Ver http://youtu.be/7bS52E617fs

El 5 de marzo de este año los líderes de las comunidades indígenas afectadas presentaron sus alegatos frente a los magistrados de la CC argumentando que históricamente esas tierras les pertenecen. Ver http://youtu.be/0AjhTHadO2Y

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