Un grupo de 23 compañeras y compañeros campesinos de Sololá (región Gaspar Culán), se encuentran practicando los saberes ancestrales en el terreno para prácticas agroecológicas del Comité de Unidad Campesina –CUC- ubicado en el municipio de Parramos, Chimaltenango.

Como parte de las prácticas se han sembrado hortalizas y se han capacitado en el procesamiento de productos como, “chile en escabeche y tomate casero”. Desde hace una década el CUC inició el proceso de recuperación de saberes ancestrales en el marco de la agroecología en diferentes regiones del país.

Como parte del avance en el proceso agroecológico las comunidades de Sololá están fortaleciendo sus conocimientos en el procesamiento de hortalizas producidas por ellos mismos para poner en práctica el intercambio comunitario y la economía indígena y campesina.

Las 25 familias desalojadas, el 1 de noviembre de 2017, de la comunidad La Cumbre del Municipio de Tactic, Alta Verapaz están atravesando por una situación de pobreza grave porque no tienen un lugar seguro para vivir, además los pocos granos básicos que recuperaron durante el desalojo y las donaciones recibidas posteriormente se están terminando.

El 27 de los corrientes líderes comunitarios denunciaron que a causa de las constantes amenazas e intimidaciones que han recibido de parte de Raúl Morales Cahuec y sus trabajadores las familias tuvieron que abandonar el campamento temporal que habían instalado en un camino de terracería que pasa por la mencionada comunidad.

Al enterarse de que las familias se alejaron del lugar el señor Morales y sus colaboradores ingresaron al lugar donde se asentaba la comunidad y se llevaron 500 tubos (pvc), 100 sacos de cemento y 10 quintales de hierro, materiales que servirían para ejecutar un proyecto de agua entubada, gestionada meses antes por la comunidad.

Anoche, 20 de noviembre de 2017, 18 familias Maya Qe´chi´s de la comunidad Semuy, Municipio de Cahabón, que habían sido desalojadas violentamente el 3 de noviembre de este año, sufrieron nuevos ataques, ahora con armas de fuego y armas blancas, por guardias de seguridad y cuadrilleros contratados por la empresa Trece Aguas. El primer ataque sucedió a eso de las 18:00 horas, cuando personal de la empresa en mención capturó ilegalmente al compañero Erwin Ché de 54 años, lo amarraron de ambas extremidades y lo amenazaron de muerte con armas de fuego; al ver la situación el resto de familias campesinas se reunieron y lograron liberarlo.

Alrededor de las 22:00 horas, volvió un grupo más nutrido de hombres, rodeó a las familias de la comunidad Nuevo Semuy y de nuevo empezaron a dispararles desde varias direcciones a largo de media hora; en esos momento hirieron de gravedad a Emilio Toc y Ricardo Maquin. Después del ataque las familias se dispersaron y lograron contactar al centro de salud más cercano pero la respuesta fue que la ambulancia andaba haciendo otras diligencias y regresaría horas más tarde. Desgraciadamente en la madrugada de hoy (21 de noviembre, 2017) falleció el compañero Emilio Toc Pop, sin ser auxiliado por personal de salud.

En el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, las mujeres indígenas y campesinas del Comité de Unidad Campesina -CUC- manifestamos nuestro repudio y rechazo a las acciones impulsadas por las autoridades de Gobierno en complicidad con finqueros al utilizar a la Policía Nacional Civil (PNC) y guardias de seguridad privada para desalojar a familias indígenas y campesinas, utilizando métodos del pasado para reprimir y violentar emocional y físicamente a niñas, niños, mujeres, hombres, abuelas y abuelos, sin que los delegados de las instituciones que tienen como finalidad garantizar los Derechos Humanos, asuman una actitud apegada a tutelar los mismos.

Las familias desalojadas han sido abandonas por el Estado quién debe garantizar los derechos mínimos y esenciales como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda, entre otros. Estas familias han planteado sus demandas ante las instituciones correspondientes y no han sido escuchadas, para lo único que recuerdan su existencia es para desalojarlos, destruyendo y acabando con lo poco que poseen, pues si no es la PNC quien incendia sus humildes viviendas, lo hacen cuadrilleros necesitados de un mínimo ingreso económico  y utilizados por los finqueros para enfrentarse a sus propias hermanas y hermanos indígenas.

En esos violentos despojos y desplazamientos las mujeres llevan la peor parte, no solo son afectadas física y emocionalmente, sino que también económicamente al ser destruida su casa, al ser quemada su ropa, utensilios de cocina y sus granos básicos, base de la alimentación familiar.

Después de que hombres y mujeres de distintos orígenes nos movilizamos rechazando la intención del señor Jimmy Morales de expulsar al comisionado de la CICIG para cubrirse las espaldas y que los diputados cambiaron el código penal para protegerse ellos mismos, al presidente y permitir la liberación de los capturados por casos de corrupción, ninguno de los corruptos ha dado marcha atrás en sus intenciones. Al contrario, el Pacto de Corruptos se fortaleció con la participación de los veteranos militares, las fundaciones que tienen un discurso de odio, los narcoganaderos, el alcalde de Guatemala, algunas iglesias evangélicas, así como los alcaldes, empresarios, magistrados y jueces corruptos.

En lugar de corregir sus actuaciones intentan no solo asegurar las condiciones para mantener la corrupción e impunidad, sino que buscan detener y hacer retroceder los pasos iniciales que se han dado contra la corrupción. En esa dirección están proponiendo cambios a la ley electoral y de partido políticos que no responde al clamor que hemos hecho en las plazas; han propuesto una ley contra actos terroristas que atenta contra los derechos de las y los guatemaltecos; están impulsando la aprobación de una ley de aguas que beneficia a las empresas, no garantiza el derechos de las personas al vital líquido y permite el robo de nuestros ríos y nacimientos de agua; están discutiendo la aprobación del presupuesto del 2018 que les permitirá continuar con sus actos de corrupción y están negociando la junta directiva del Congreso para el próximo año.

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