En el primer informe de la Instancia de Diálogos por el Agua, resultado de la consulta a unos 2500 líderes sobre el tema del agua, llaman la atención algunas de sus propuestas. Por ejemplo, “que la ley de aguas contenga sanciones económicas de un millón de quetzales a aquellas personas o empresas que contaminen o abusen del agua; que debe respetarse la normativa ya practicada por los pueblos indígenas autoridades ancestrales y autoridades comunitarias sobre el manejo sostenible de ese bien natural; que todas las actividades relacionadas con el agua deben contar con la participación y consentimiento previo e informado de las comunidades involucradas”. 

El uso y acceso al agua para actividades domésticas y consumo humano debe ser considerado como un Derecho Humano dentro de la normativa que apruebe el Congreso de la República, esta es una propuesta en la que coinciden varios sectores de la población guatemalteca. Es menester cuidar las fuentes de agua y los ríos para que los ecosistemas que de ellos dependen puedan sobrevivir en estos tiempos en que ya ha iniciado el debate a nivel mundial por quién controla el vital líquido. Guatemala tiene una ventaja y es que, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, nuestro territorio tiene y se abastece anualmente con 93 mil millones de metros cúbicos de agua tanto subterránea como superficial. De estos, únicamente 10 millones de metros cúbicos son utilizados dentro del territorio nacional, mientras que el resto se va a los océanos Pacífico y Atlántico, a los territorios de México y el Salvador. En este punto, hay una controversia, ya que existen más de 150 mil familias que habitan en el Corredor Seco afectadas porque sus tierras no producen a falta de agua. Se necesita hacer la infraestructura necesaria para riego y el tratamiento específico del agua para el consumo humano. También en el área urbana hay personas que no cuentan con agua a diario y además sobrepagan el precio del vital líquido.

3 fincas más podrían entregarse este año si el gobierno cumple su compromiso

Rostros de hombres y mujeres que reflejaban alegría, satisfacción o quizá orgullo. Emociones encontradas para aquellos que vivimos y vimos la manera violenta en que éstas personas fueron desalojadas en marzo de 2011. Apretones de manos y palmadas en la espalda nos demostraron a los fuereños que las familias campesinas del Polochic no tienen empacho en mostrar su respeto, humildad, sencillez y cariño, eso les hace ser más humanos.

Desde tempranas horas del día, quizá uno de los más esperados de sus vidas, las mujeres se fueron a bañar y se vistieron con sus mejores atuendos, mientras un grupo de señoras madrugó para cocinar los tamalitos y el caldo de Kaxlan o caldo con “tib´ kaxlan”, para el almuerzo de los invitados e invitadas.

De cumplirse los compromisos en el 2018 podría terminar el calvario para 578 familias que viven en condiciones paupérrimas.  

Un acuerdo marco en donde el Estado de Guatemala se compromete a dar cumplimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2011, a favor de 14 comunidades Maya Q ´eqchí desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, fue firmado el pasado 10 de junio de 2016.  

El acuerdo dice que, “el Gobierno comprará la finca Tinajas, también arrendará con opción a compra, en dos años, las fincas Paraná y Miralvalle” en donde se reasentarán más de 500 familias que regresaron a vivir en condiciones paupérrimas a los terrenos de donde fueron desalojadas hace más de 5 años.

 

Al menos 40 defensoras y defensores de derechos humanos fortalecieron sus conocimientos

“La criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos; respuestas jurídicas y políticas” fue el tema central del último taller de formación impartido por el Comité de Unidad Campesina –CUC- y Oxfam para personas que trabajan en pro de los derechos humanos en el Valle del Polochic, Alta Verapaz.

Según Irene Barrientos, responsable de ese proceso de formación a defensoras y defensores de derechos humanos, en Guatemala se criminaliza y se persigue penalmente a las personas que trabajan en defensa de su territorio y la Madre Tierra, y el pueblo Maya Q´eqchi no es la excepción.

La Corte de Constitucionalidad, CC, otorgó un amparo provisional a favor de Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, CUC, quién es acusado falsamente de cometer difamación, calumnia e injuria.

El amparo suspende temporalmente todo el proceso penal que se tramita en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal en contra de Pascual Hernández.

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