En el primer informe de la Instancia de Diálogos por el Agua, resultado de la consulta a unos 2500 líderes sobre el tema del agua, llaman la atención algunas de sus propuestas. Por ejemplo, “que la ley de aguas contenga sanciones económicas de un millón de quetzales a aquellas personas o empresas que contaminen o abusen del agua; que debe respetarse la normativa ya practicada por los pueblos indígenas autoridades ancestrales y autoridades comunitarias sobre el manejo sostenible de ese bien natural; que todas las actividades relacionadas con el agua deben contar con la participación y consentimiento previo e informado de las comunidades involucradas”. 

3 fincas más podrían entregarse este año si el gobierno cumple su compromiso

Rostros de hombres y mujeres que reflejaban alegría, satisfacción o quizá orgullo. Emociones encontradas para aquellos que vivimos y vimos la manera violenta en que éstas personas fueron desalojadas en marzo de 2011. Apretones de manos y palmadas en la espalda nos demostraron a los fuereños que las familias campesinas del Polochic no tienen empacho en mostrar su respeto, humildad, sencillez y cariño, eso les hace ser más humanos.

La Corte de Constitucionalidad, CC, otorgó un amparo provisional a favor de Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, CUC, quién es acusado falsamente de cometer difamación, calumnia e injuria.

El amparo suspende temporalmente todo el proceso penal que se tramita en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal en contra de Pascual Hernández.

 

Al menos 40 defensoras y defensores de derechos humanos fortalecieron sus conocimientos

“La criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos; respuestas jurídicas y políticas” fue el tema central del último taller de formación impartido por el Comité de Unidad Campesina –CUC- y Oxfam para personas que trabajan en pro de los derechos humanos en el Valle del Polochic, Alta Verapaz.

Según Irene Barrientos, responsable de ese proceso de formación a defensoras y defensores de derechos humanos, en Guatemala se criminaliza y se persigue penalmente a las personas que trabajan en defensa de su territorio y la Madre Tierra, y el pueblo Maya Q´eqchi no es la excepción.

El caserío Papalha del municipio Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz hace pública su solidaridad con Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina –CUC- quien fue ligado a proceso penal por emitir sus opiniones ante los medios de comunicación de Guatemala. #MiExpresiónMiDerecho

En el memorial, firmado por unos 200 ciudadanos Q´eqchi´, mayores de edad, se hace notar que Daniel Pascual Hernández es una persona que ha apoyado y conducido a los pueblos mayas en el marco de los derechos constitucionales que la “Carta Magna” establece.

De cumplirse los compromisos en el 2018 podría terminar el calvario para 578 familias que viven en condiciones paupérrimas.  

Un acuerdo marco en donde el Estado de Guatemala se compromete a dar cumplimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2011, a favor de 14 comunidades Maya Q ´eqchí desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, fue firmado el pasado 10 de junio de 2016.  


Mientras el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal le da trámite a un recurso de inconstitucionalidad, presentado el jueves 25 de los corrientes, sobre el caso de libertad de expresión del dirigente indígena y campesino Daniel Pascual Hernández, este 29 de febrero el defensor de Derechos Humanos solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que garantice su derecho a la emisión del pensamiento. Asimismo miles de personas y organizaciones continúan solidarizándose con Pascual Hernández y rechazando la criminalización y penalización de la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento en Guatemala #MiExpresiónMiDerecho.

El Defensor de Derechos Humanos, Daniel Pascual Hernández, coordinador del Comité de Unidad Campesina –CUC-, puso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos          PDH- en contra de Carmen Adelina Toaspern Medina, juez del Tribunal Duodécimo del ramo Penal por obviar la aplicación del artículo 35 de la Constitución Política de la República y el Decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente  -Ley de Emisión del Pensamiento-, en el proceso de acción privada en donde se conoce una querella presentada en contra del dirigente campesino, acusado falsamente de cometer los delitos de difamación, calumnia e injuria.

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