Ante los recientes acontecimientos en el occidente del país, el Comité de Unidad Campesino -CUC- se solidariza con las y los hermanos agricultores; así también lamentamos la pérdida de cosechas que ha generado las restricciones impuestas en el territorio nacional, imposibilitando el traslado de hortalizas a los centros urbanos, mercados locales, cantonales y de colonias.

 

El pasado 14 de mayo, en cadena nacional, el gobierno de Guatemala presidido por Alejandro Giammattei anuncio una serie de medidas restrictivas para todo el país, ante el incremento de casos de COVID-19, implementando un toque de queda absoluto, restringiendo la movilidad y la ESTRICTA PERMANENCIA de los habitantes en el lugar de su residencia, así como el cierre de los mercados locales, cantonales y centrales de mayoreo, permitiendo únicamente la continuación de la prestación de los servicios básicos y entre ellas la libre circulación del transporte de carga de alimentos, cosa que fue reprimida por las autoridades de la policía nacional civil.

 

Estás medidas desiguales que atropellan y han generado la paralización de la economía del campo, que alimenta sanamente a nuestro país, el cierre de los mercados, la imposibilidad del traslado y entrega de cosechas, siendo estás productos esenciales para el alimento del país. Sin embargo, las comunidades en un acto de solidaridad han regalado sus productos en diferentes pueblos antes de dejarlos podrirse.

 

Nunca como en esta crisis ha sido tan clara la relevancia de la agricultura a pequeña escala y del aporte estratégico de las familias campesinas y las comunidades indígenas. Nuestro esfuerzo por llevar el alimento a la mesa de las familias en pueblos y ciudades está a la vista. Durante la presente crisis provocada por el COVID19, el pueblo de Guatemala está abasteciéndose y alimentándose de lo que las y los campesinos, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, en general, hemos producido en nuestras pequeñas parcelas.

A lo largo de los años, casi sin apoyo estatal, hemos ofrecido a la sociedad entera alimentos producidos en condiciones muy adversas, de acuerdo con nuestras técnicas de producción, que son un conjunto de conocimientos y saberes que nos legaron nuestros antepasados y, en algunos casos, procesos agroecológicos.

En Guatemala se corre el peligro de que se judicialice y se persiga penalmente a las defensoras y defensores de derechos humanos, por denunciar violaciones o por opinar sobre aspectos políticos y sociales. Ante este escenario, convocamos a Conferencia de Prensa a realizarse el lunes 13 de enero de 2020, a partir de las 9 de la mañana en el Restaurante El Adobe, 7a. Avenida 9-45 de la zona 1. Gracias por acompañarnos. #YoDefiendoMiLibertadDeExpresion #SoyDDHH #MiLibreExpresionNoSeCriminaliza

 

Las fuerzas represivas del Estado y los trabajadores de los Ponce Leal, que desalojaron a 18 familias Maya Q´eqchi´ de la comunidad San José El Tesoro, Cobán, Alta Verapaz, mataron los animales de patio, se robaron paneles solares y otras pertenencias de los compañeros campesinos que con lujo de fuerza fueron hechados a la calle, el 9 de octubre del presente año.

Más de 100 familias indígenas y campesinas de la comunidad Palmeras de Cuyotenango, Suchitepéquez serán desalojadas el 3 de diciembre del presente año, por orden del juez de Primera Instancia Penal del mencionado departamento. El juez autorizó esta acción a pesar de existir una mesa de diálogo, entre comunitarios e instituciones que tienen que ver con acceso a tierra, para la búsqueda de una solución legal.

18 familias Maya Q´eqchi´ de la comunidad San José El Tesoro del municipio de Cobán, Alta Verapaz, están siendo desalojadas por las fuerzas represivas del Estado (Policía Nacional Civil, PNC, Ministerio Público, MP, Procuraduría General de la Nación, PGN, y Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Copredeh). Estos trabajadores públicos están accionando sin notificar previamente a la comunidad. De acuerdo con líderes comunitarios del lugar, la PNC, solo les dijo que se salieran y empezaron a destruir las viviendas, sin mostrar ni entregar copia de la orden judicial.

Al concluir ese desalojo, posiblemente se llevarían a cabo nuevos desalojos en las comunidades Río Cristalino y Cubilguitz. El caso de Río Cristalino es relevante, porque la mayoría de sus habitantes, adultos, tiene orden de captura, es decir, las mujeres y hombres cabeza de hogar podrían ser capturados y sus hijos e hijas podrían quedar desamparadas, al llevarse a cabo un desplazamiento forzoso en ese lugar.

Estas acciones de parte del Estado y encabezada por funcionarios de los organismos Ejecutivo y Judicial responden a intereses de finqueros, de empresarios y de ganaderos. Basta recordar que recientemente Jimmy Morales se comprometió con la Gremial de Palmeros hacer valer el estado de derecho a su favor. También recientemente el Congreso de la República benefició con una ley que exonera y da beneficios fiscales al sector ganadero del país. Asimismo, durante el decreto del Estado de Sitio, Morales, aseguró que iría tras las organizaciones y personas que defienden el territorio y la Madre Tierra; un mensaje de odio y ataque a las personas defensoras de derechos fundamentales en nuestro país.

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