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En el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, las mujeres indígenas y campesinas del Comité de Unidad Campesina -CUC- manifestamos nuestro repudio y rechazo a las acciones impulsadas por las autoridades de Gobierno en complicidad con finqueros al utilizar a la Policía Nacional Civil (PNC) y guardias de seguridad privada para desalojar a familias indígenas y campesinas, utilizando métodos del pasado para reprimir y violentar emocional y físicamente a niñas, niños, mujeres, hombres, abuelas y abuelos, sin que los delegados de las instituciones que tienen como finalidad garantizar los Derechos Humanos, asuman una actitud apegada a tutelar los mismos.

Las familias desalojadas han sido abandonas por el Estado quién debe garantizar los derechos mínimos y esenciales como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda, entre otros. Estas familias han planteado sus demandas ante las instituciones correspondientes y no han sido escuchadas, para lo único que recuerdan su existencia es para desalojarlos, destruyendo y acabando con lo poco que poseen, pues si no es la PNC quien incendia sus humildes viviendas, lo hacen cuadrilleros necesitados de un mínimo ingreso económico  y utilizados por los finqueros para enfrentarse a sus propias hermanas y hermanos indígenas.

En esos violentos despojos y desplazamientos las mujeres llevan la peor parte, no solo son afectadas física y emocionalmente, sino que también económicamente al ser destruida su casa, al ser quemada su ropa, utensilios de cocina y sus granos básicos, base de la alimentación familiar.

Anoche, 20 de noviembre de 2017, 18 familias Maya Qe´chi´s de la comunidad Semuy, Municipio de Cahabón, que habían sido desalojadas violentamente el 3 de noviembre de este año, sufrieron nuevos ataques, ahora con armas de fuego y armas blancas, por guardias de seguridad y cuadrilleros contratados por la empresa Trece Aguas. El primer ataque sucedió a eso de las 18:00 horas, cuando personal de la empresa en mención capturó ilegalmente al compañero Erwin Ché de 54 años, lo amarraron de ambas extremidades y lo amenazaron de muerte con armas de fuego; al ver la situación el resto de familias campesinas se reunieron y lograron liberarlo.

Alrededor de las 22:00 horas, volvió un grupo más nutrido de hombres, rodeó a las familias de la comunidad Nuevo Semuy y de nuevo empezaron a dispararles desde varias direcciones a largo de media hora; en esos momento hirieron de gravedad a Emilio Toc y Ricardo Maquin. Después del ataque las familias se dispersaron y lograron contactar al centro de salud más cercano pero la respuesta fue que la ambulancia andaba haciendo otras diligencias y regresaría horas más tarde. Desgraciadamente en la madrugada de hoy (21 de noviembre, 2017) falleció el compañero Emilio Toc Pop, sin ser auxiliado por personal de salud.

Nuestra compañera Francisca Aguilar fue asesinada por desconocidos a eso de la 4:00 horas de este 31 de octubre de 2017. Los asesinos, vía teléfono móvil, le pidieron que saliera de su vivienda para entregarles 15 libras de pollo que le habían solicitado el día anterior, pero cuando la compañera Francisca estaba cerca de los malechores, uno de ellos sacó un arma y le disparó en repetidas ocaciones, así lo narró una de sus hijas quien observo lo ocurrido.

Francisca Aguilar era una compañera activa dentro de nuestra organización en el municipio de Santiago Chimaltenango, por lo tanto exigimos que se investigue el hecho y se dé con los responsables.

Después de que hombres y mujeres de distintos orígenes nos movilizamos rechazando la intención del señor Jimmy Morales de expulsar al comisionado de la CICIG para cubrirse las espaldas y que los diputados cambiaron el código penal para protegerse ellos mismos, al presidente y permitir la liberación de los capturados por casos de corrupción, ninguno de los corruptos ha dado marcha atrás en sus intenciones. Al contrario, el Pacto de Corruptos se fortaleció con la participación de los veteranos militares, las fundaciones que tienen un discurso de odio, los narcoganaderos, el alcalde de Guatemala, algunas iglesias evangélicas, así como los alcaldes, empresarios, magistrados y jueces corruptos.

En lugar de corregir sus actuaciones intentan no solo asegurar las condiciones para mantener la corrupción e impunidad, sino que buscan detener y hacer retroceder los pasos iniciales que se han dado contra la corrupción. En esa dirección están proponiendo cambios a la ley electoral y de partido políticos que no responde al clamor que hemos hecho en las plazas; han propuesto una ley contra actos terroristas que atenta contra los derechos de las y los guatemaltecos; están impulsando la aprobación de una ley de aguas que beneficia a las empresas, no garantiza el derechos de las personas al vital líquido y permite el robo de nuestros ríos y nacimientos de agua; están discutiendo la aprobación del presupuesto del 2018 que les permitirá continuar con sus actos de corrupción y están negociando la junta directiva del Congreso para el próximo año.

DERROTEMOS EL PACTO DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

CON LA MOVILIZACIÓN COMUNITARIA Y POPULAR

El Sr. Jimmy Morales junto a la mayoría de diputados del Congreso de la República han hecho un pacto de corrupción e impunidad que busca desprestigiar el trabajo de la CICIG y el Ministerio Público, lograr la salida de sus puestos de Iván Velásquez y Thelma Aldana con el fin de detener la persecución y lograr la liberación de los corruptos que se encuentran detenidos.

Este pacto de corrupción e impunidad además de las dos leyes que aprobaron el 13 de septiembre, también quieren cambiar otras leyes como la posibilidad de que el Presidente de la República pueda destituir a la Fiscal General en cualquier momento, cambiar la Ley de Extinción de Dominio, el no pago de impuestos para los ganaderos, negociar el presupuesto de la nación del otro año y los puestos en la junta directiva del Congreso para el 2018. Pero en el fondo, el principal objetivo es detener y hacer retroceder la lucha contra la corrupción y la impunidad.

A este pacto, además de la presidencia y la mayoría de diputados del Congreso se han sumado también los veteranos militares, las fundaciones que tienen un discurso de odio, los narcoganaderos, el alcalde de Guatemala, algunas iglesias evangélicas, así como los alcaldes, empresarios, magistrados y jueces corruptos.

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