LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO Q’EQCHI’ DEBE DE PARAR

       Las organizaciones integrantes del Frente Indígena Campesino de Iximulew, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo Q’eqchi’, ante la ola de represión política, gubernamental y extrajudicial que están sufriendo. Condenamos los ataques brutales, extrajudiciales y paramilitares que se desarrolla sistemáticamente, especialmente en contra del pueblo Q’eqchi’; los crímenes en contra de Carlos Mucú,  Misael López y la desaparición forzada de Carlos Enrique Coy y  ahora los hechos violentos ejecutados la noche del 15 de agosto del presenta año en la comunidad de Cubilgüitz, Cobán A. V., en contra de la vida de  40 familias que reclaman su derecho a la tierra, estos actos se suman a la   evidente incapacidad y la nula voluntad política   gubernamental para resolver la conflictividad agraria que se  existe en dicho territorio y en todo el país.

Las 40 familias agredidas tienen más de 15 años de estar asentadas en el lugar a partir de que, luego de muchos años de trabajar para la familia Dieseldorff, fueron despedidas sin el pago de sus prestaciones salariales. Dado que son familias campesinas del pueblo Q’eqchi’, desde entonces han reclamado que se les entregue tierra en pago de sus prestaciones. La propietaria Dorothee Anne Diesseldorff Neal de Glimderse se ha negado a responder a esta justa demanda y ha presionado y logrado que algunos de los extrabajadores acepten un el pago equivalente a un tercio de lo que justamente corresponde; sin embargo las 40 familias agredidas siguen exigiendo el pago digno de sus derechos laborales equivalentes a 4 manzanas por familias más el lote donde actualmente viven, sin embargo los Dieseldorff, que desde 1890 se fueron adueñando de decenas de fincas, que en el tiempo de su mayor auge, llegaron a equivaler aproximadamente la mitad del departamento de Alta Verapaz, se niegan a acceder a esas demandas y han presionado a las familias para que se desliguen del CUC.

En ese contexto que aparece César Montes con su agrupación, jugando el papel de grupo de choque en favor de los finqueros ya que se presentan donde hay lucha por la tierra y comienzan a amedrentar a las y los campesinos, hasta lograr su desalojo. Esta forma de operar les resulta convenientes a los terratenientes que utilizan sus guardias privadas o grupos como el de César Montes para atacan a familias que luchan por la tierra, aparentando enfrentamiento entre campesinos, tal ya lo han hecho en distintos lugares, en el Valle del Polochic.

César Montes, para los medios de comunicación mantiene un discurso incendiario, mientras pacta con las empresas depredadores de la Sierra de las Minas, los empresarios palmeros, mineros y huleros, actuando para convencer a las comunidades que permitan la entrada de las empresas y, cuando esto no funciona, actúa como una especie de moderno esquirol, en distintos desalojos extrajudiciales.  Ese  papel  le  permitió  trabajar  desde  2007  con  tres  gobiernos  distintos  y desplazarse en aeronaves de empresarios; por este sucio trabajo, no es casual que haya sido invitado por el Sr. Jimmy Morales a un acto en el Palacio Nacional.

Ni el CCDA ni ninguna de las organizaciones del Frente Campesino de Iximulew tiene relación con los atacantes de las familias agredidas en Cubilgüitz y estos hechos evidencias la forma de operar extrajudicial y violenta de los finqueros y permite justificar las acciones represivas gubernamentales.

Rechazamos las declaraciones del Sr. Giammatei, ya que los hechos de la noche del 15 de agosto no son enfrentamiento entre hermanos, sino un nefasto plan que ha incluido una compaña en los medios de comunicación de una supuesta asociación defensora de la propiedad privada, el levantado de información de los lugares donde las familias indígenas y campesinas resisten en defensa de sus territorios, la declaración de estados de excepción y el regreso al pasado con asesinatos y desapariciones. Por eso repudiamos que el Sr. Giammattei, en medio de la pandemia y utilizando recursos que deberían destinarse a preservar la salud de las y los guatemaltecos, haya nuevamente decretado Estado de Prevención en los municipios de El Estor, Morales y Livingston, en Izabal; Panzós y Santa Catarina La Tinta en Alta Verapaz,  so pretexto de  que dichos municipios se realizan actos que afectan la gobernabilidad y seguridad de los habitantes, mientras las estadísticas evidencian que en otros municipios de Guatemala es donde se dan los índices de mayor criminalidad.

Hacemos un llamado a la sociedad civil a manifestar su solidaridad y exigir justicia por los crímenes en contra de  la comunidad de Cubilgüitz, Cobán A.V. y las 40 familias afectadas y pronunciarse fuertemente contra el Estado de Guatemala para que garantice la vida de la población especialmente de quienes defienden la tierra y el territorio Q’eqchi’.

A la comunidad Internacional, llamamos a mantener la observancia de la situación de los Derechos Humanos en Guatemala dado el agravamiento de la situación de las y los defensores de Derechos Humanos y el desmantelamiento de la institucionalidad de la paz, junto a la pretensión de cooptar totalmente todas las instituciones del Estado por parte de los intereses corruptos y criminales.

Exigimos al Gobierno de Guatemala, Ministerio Publico y Procuraduría de Derechos Humanos, investigue a los autores materiales e intelectuales de los crimines ejecutados contra el pueblo Q’eqchi’  especialmente los ejecutados en la comunidad de Cubilgüitz, Cobán A.V. la noche del 15 de agosto de 2020; rechazamos las actuaciones del Oficial 2º. del Juzgado de Paz de  Cobán, Sr Marco Tulio Medina que no quería aceptar el recurso se exhibición personal a favor de las familias agredidas y  demandas al Estado de Guatemala resolver en lo inmediato las demandas por la tierra que ostenta la comunidad. Que detenga toda estrategia de desalojo y criminalización de la dirigencia  comunitaria  empleada  hasta  la  fecha,  pues  solo  profundiza  la  conflictividad en  los territorios, especialmente indígenas.

 

Iximiulew, (Guatemala) 17 de agosto del 2020.

 

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