Familias indígenas y campesinas q’eqchi’s de la Comunidad Buena Vista Tz’inte’ en el Estor Izabal han sido violentadas e intimidadas por las fuerzas de seguridad y represivas del gobierno de Guatemala, ante la incursión de un contingente policial y militar de alrededor de 120 patrullas que llegaron para ejecutar una orden de allanamiento en la comunidad.

La orden de allanamiento fue girada por el Juez “B” Pluripersonal de Primera Instancia Penal, de Narcoactividad y Delitos contra el ambiente del departamento de Izabal y como consecuencia de este acto, 28 familias fueron desalojadas de hecho ya que tuvieron que huir a la montaña.

Utilizando el mismo procedimiento con el que, en marzo del 2011, fueron desalojadas 14 comunidades en el Valle del Polochic, en esta ocasión, las fuerzas represivas policiales y militares que efectuaron esta incursión, fueron dirigidas por Oscar Orozco supuesto administrador de la finca y el finquero Luis Fernando Arriaza Migoya, supuesto propietario de la Finca Tz'inte que ha utilizado este territorio para la siembra y explotación de monocultivo de Hule.

Las familias que habitan en esta comunidad han denunciado que alrededor de 200 cuadrilleros se han dedicado a saquear las viviendas, robando las posesiones de estás, así como un dinero que las familias han generado para poder cubrir emergencias que les afecten en comunidad como la actual situación que se vive con la Pandemia COVID-19.

El pasado 26 de julio, el presidente de la República Alejandro Giammattei, decretó un estado de prevención bajo el decreto 14-2020, en los municipios de El Estor, Morales y Livingston del departamento de Izabal, y en los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, argumentando los actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad, sin embargo, en varios de los municipios bajo el Estado de Prevención se registran los tasas más bajas de criminalidad, con lo cual queda en evidencia que la intención era buscar el desalojo de las familias indígenas y campesinas que se encuentran ubicadas en estás regiones.

CONDENAMOS Y RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE estos actos violentos en contra de las comunidades de parte del gobierno de Guatemala, acciones que se están volviendo reiterativas y que nos hacen retroceder a los tiempos represivos y de zozobra que se vivieron en los 36 años de guerra, que, como pueblos sufrimos por parte los diferentes gobiernos represores de ese tiempo.

Como Comité de Unidad Campesina hemos presentado ya una Acción de Inconstitucionalidad en contra de estado de prevención en dichos municipios, y EXIGIMOS al gobierno de Guatemala que dé marcha atrás en estas medidas represoras.

Exigimos que se garantice el pleno respeto a los derechos de las familias indígenas y campesinas de la comunidad Buena Vista Tz’inte’, especialmente los derechos de las niñas y los niños; su derecho a la vida, al acceso a la tierra, al agua y a los bienes naturales que pertenecen a los Pueblos Indígenas, establecidos en el marco del Convenido 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos, pactos y convenios firmados por el Estado de Guatemala

A la Procuraduría de Derechos Humanos que se pronuncie y sea garante de los derechos humanos de las familias de esta comunidad que ya está siendo violentada por las fuerzas represoras del Estado y dirigidas por las élites empresariales y a la comunidad y organismos internacionales a estar atentos de las violaciones a los derechos humanos como el que ahora denunciamos.

 Comité de Unidad Campesina -CUC-
¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo
de las y los trabajadores del campo!

Miembro de la CLOC-Vía Campesina, Albamovimientos,

Asamblea Internacional de los Pueblos,

la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej y la Asamblea Social y Popular

Iximulew, 28 de julio 2020