Comunidad Palmeras nuevamente se encuentra bajo amenaza de desalojo

Nuevamente más de 150 familias indígenas y campesinas están siendo amenazadas por parte del Estado de Guatemala ante la emisión de orden de desalojo programado para el próximo 27 de agosto 2020; dichas familias se encuentran en tres inmuebles que conforman la Hacienda Palmeras y Finca Primavera en el municipio de Cuyotenango en Suchitepéquez, inmovilizadas por un proceso de extinción de dominio. Las y los comunitarios han realizado diferentes gestiones para que estas tierras sean adjudicadas a las familias que se encuentran en inmediaciones de La Finca Palmeras.

El Juez de Primera instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Suchitepéquez con sede en Mazatenango, a pesar del proceso de extinción de dominio, ha generado una nueva orden de desalojo contra estas familias, lo que traerá  como consecuencia que ex trabajadores colonos de la finca Palmeras sean afectados directos, a quienes se les estará violentando sus derechos humanos.

Asimismo, el señor Juez de Paz de Cuyotenango, quien también conoce el caso, ha emitido dos resoluciones judiciales de fechas 9 y 18 de junio del 2020, pero ha negado el acceso al expediente e información a los abogados de las familias afectadas. El acceso a la información que obra en el expediente es indispensable para posibilitar el ejercicio del derecho de defensa de las familias afectadas.

Las resoluciones emitidas por el Juez de Paz contravienen la Constitución Política de la República de Guatemala que señala en su Artículo 14 que los abogados, en forma verbal o escrita, tienen "derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos, diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata".

Por tal razón, desde el Comité de Unidad Campesina hemos presentado una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos por violación de derechos humanos de defensa, al debido proceso; a las garantías judiciales, a un recurso efectivo y al libre acceso a la información, por lo que esperamos el resultado de la investigación de la Procuraduría y que se determine la responsabilidad en la comisión de las vulneraciones de derechos humanos.

Condenamos y rechazamos la intención de parte de los operadores de justicia por ordenar nuevamente desalojar a las familias que se encuentran en inmediaciones de La Finca Palmeras, ya que violentaría y vulnera sus derechos humanos; y es ya conocido que el Estado de Guatemala no garantiza la seguridad de las personas, ni mucho menos aplica los protocolos de desalojo mandatados por Naciones Unidas.

Exigimos al Gobierno de Guatemala, el cese a la persecución en contra de las familias indígenas y campesinos.

Solicitamos que la Procuraduría de los Derechos Humanos resuelva la denuncia por violación a derechos humanos que se ha planteado.

Que la Finca Palmeras, que pasará a poder del Estado por el proceso de extinción de dominio sea adjudicada a las familias campesinas llegando a un acuerdo entre las partes.

Actualmente, nos encontramos enfrentando la pandemia del COVID-19 y al emitirse orden de desalojo en contra de las familias campesinas se pone en riesgo la vida de estas y se vulneran los derechos de la salud de la población, por lo que le exigimos al Gobierno de Guatemala de marcha atrás en su intención de desalojar a las familias.

 

Comité de Unidad Campesina -CUC-
¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo
de las y los trabajadores del campo!
Miembro de la CLOC-Vía Campesina, Albamovimientos,  Asamblea Internacional de los Pueblos,

la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej y la Asamblea Social y Popular

Iximulew, 22 de julio 2020

 

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