EN LUGAR DE PERSONAL DE SALUD, MEDICINAS Y APOYO A LAS FAMILIAS, EL GOBIERNO LLEVA ARMAS, SOLDADOS Y MIEDO PARA IZABAL Y ALTA VERAPAZ

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Desde el Comité de Unidad Campesina -CUC-, RECHAZAMOS totalmente el estado de sitio decretado e impuesto por el Presidente de la República Alejandro Giamattei y su Consejo de Ministros bajo el decreto 13-2020, afectando a los municipios de El Estor, Morales, Livingston del departamento de Izabal así como en Panzós, Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz; medida represiva, desproporcionada y sin fundamento en contra de la población Q’eqchi’ y Poqomchí que no resuelve las problemáticas de este territorio.

 

Con este estado de sitio, las comunidades Q’eqchi’s y Pocomchí que históricamente han tenido posesión de la tierra y que han sido sistemáticamente despojadas, nuevamente son objeto de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, que busca únicamente la protección de empresas dedicadas al monocultivo de palma africana, minería de níquel, hidroeléctricas e ingenios que han venido a generar una serie de conflictos agrarios históricos en la región.

 

La existencia de riquezas del subsuelo, tierra fértil y agua abundante de esta región son condiciones para que las grandes empresas en contubernio con diferentes gobiernos a lo largo del tiempo han expropiado y arrebatado violentando los derechos de las comunidades, como la masacre sucedida en Panzós en 1978, con el fin de reconcentrar la tierra para las diferentes producciones de las megaindustrias.

 

Actualmente, estas acciones represivas como la imposición de un estado de sitio, violenta los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, que derivarán en desalojos violentos, criminalización, persecuciones y amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos, capturas de líderes y lideresas comunitarias como ha sido evidenciado en otras ocasiones.

 

El septiembre del año pasado el gobierno anterior impuso un estado de sitio en 23 municipios de la región, sin mayores resultados, con un gasto de varias decenas de miles de quetzales y con los mismos argumentos que ahora utiliza el gobierno de Giammattei. En esa ocasión se buscaba levantar una cartografía para preparar acciones posteriores que ahora está implementando este gobierno.

 

Aunado a esto, las familias indígenas campesinas que habitan en estás comunidades afectadas por el estado de sitio, se encuentran en situación de pobreza extrema y un total abandono por parte del Estado, dada la ausencia de inversión social con elevados índices de desnutrición, analfabetismo y escasa o nula cobertura de servicios básicos, por lo que este estado de sitio es totalmente una violación a sus derechos humanos y es totalmente indignante que ante las históricas carencias y la situación generada por la pandemia del COVID-19 , en lugar de destinar médicos, enfermeras, medicinas, equipo para hacer las pruebas para detectar el coronavirus y apoyo a las familias que están en total abandono, la respuesta gubernamental sea soldados, policías, armamento, militarización y miedo. Esta condenable actuación del gobierno pone en evidencia a quién realmente responde y que al Sr. Giammattei le interesa defender los intereses empresariales y antes que la vida y la salud de los Pueblos Indígenas.

Exigimos al gobierno de Guatemala que de marcha atrás en esta medida y, en el marco del Convenido 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos, pactos y convenios firmados por el Estado de Guatemala, garantice el pleno respeto a los derechos de las familias indígenas y campesinas de la región, especialmente los derechos de las niñas y los niños; su derecho a la vida, al acceso a la tierra, al agua y a los bienes naturales que pertenecen a los Pueblos Indígenas.

Le recordamos al gobierno actual y los distintos órganos del Estado que cientos de familias en la región tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que existen sentencias que el Estado de Guatemala ha incumplido, por lo cual estará reincidiendo en la masiva violación de derechos humanos.

A las fuerzas represivas del Estado de Guatemala, la obligación de apegarse a los protocolos establecidos, respetando plenamente los Derechos Humanos garantizados en las normativas jurídicas nacionales y en los instrumentos Internacionales del Derechos Humanos.

Al Congreso de la República exigimos la NO ratificación del Decreto 13-2020 ya que violenta los derechos humanos de las y las familias indígenas campesinas de esta región, poniendo en riesgo la vida misma de las familias ya que es un inminente riesgo de contagio masivo del COVID-19, violentando el derecho a la salud de la población.

A la Procuraduría de Derechos Humanos que sea un garante de los derechos humanos de las familias que habitan en esta región y a la OACNUDH, sistema de Naciones Unidas, delegaciones internacionales multilaterales y nacionales a velar por el pleno respeto a los derechos humanos y mantener la observación sobre la situación en la región que nuevamente se encuentra bajo estado de Sitio.

 

 

Comité de Unidad Campesina -CUC-
¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo
de las y los trabajadores del campo!


Miembro de la CLOC-Vía Campesina, Albamovimientos,

Asamblea Internacional de los Pueblos,

la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej y la Asamblea Social y Popular

 

Iximulew, 19 de julio 2020