Desalojos en Cobán, Alta Verapaz una respuesta del Estados a Intereses empresariales

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18 familias Maya Q´eqchi´ de la comunidad San José El Tesoro del municipio de Cobán, Alta Verapaz, están siendo desalojadas por las fuerzas represivas del Estado (Policía Nacional Civil, PNC, Ministerio Público, MP, Procuraduría General de la Nación, PGN, y Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Copredeh). Estos trabajadores públicos están accionando sin notificar previamente a la comunidad. De acuerdo con líderes comunitarios del lugar, la PNC, solo les dijo que se salieran y empezaron a destruir las viviendas, sin mostrar ni entregar copia de la orden judicial.

Al concluir ese desalojo, posiblemente se llevarían a cabo nuevos desalojos en las comunidades Río Cristalino y Cubilguitz. El caso de Río Cristalino es relevante, porque la mayoría de sus habitantes, adultos, tiene orden de captura, es decir, las mujeres y hombres cabeza de hogar podrían ser capturados y sus hijos e hijas podrían quedar desamparadas, al llevarse a cabo un desplazamiento forzoso en ese lugar.

Estas acciones de parte del Estado y encabezada por funcionarios de los organismos Ejecutivo y Judicial responden a intereses de finqueros, de empresarios y de ganaderos. Basta recordar que recientemente Jimmy Morales se comprometió con la Gremial de Palmeros hacer valer el estado de derecho a su favor. También recientemente el Congreso de la República benefició con una ley que exonera y da beneficios fiscales al sector ganadero del país. Asimismo, durante el decreto del Estado de Sitio, Morales, aseguró que iría tras las organizaciones y personas que defienden el territorio y la Madre Tierra; un mensaje de odio y ataque a las personas defensoras de derechos fundamentales en nuestro país.

Se debe tomar en cuenta que por un lado Jimmy Morales ha intervenido a las comunidades Maya Q´eqchi´ de Alta y Baja Verapaz con un estado de Sitio y por otro, esta ejecutando desalojos en municipios que no están bajo estado de sitio, tal el caso de las comunidades de Cobán, y la comunidad Artluta, en el municipio de Jalapa, Jalapa.

Alertamos a la organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a pronunciarse y estar vigilante ante estas acciones represivas del Estado.

Exigimos al gobierno de Guatemala que respete los derechos de las familias campesinas especialmente los derechos de las niñas y los niños; su derecho a la vida, al acceso a la tierra, al agua y a los bienes naturales que se encuentran en sus territorios ancestrales.

Exigimos a las fuerzas represivas del Estado que se apeguen a los protocolos establecidos para este tipo de acciones, ya que se tiene información que están destruyendo y quemando las viviendas de las familias campesinas.

A la comunidad internacional hacemos saber que el Estado de Guatemala está violando la “Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018.

A mayor represión, mayor organización

Comité de Unidad Campesina -CUC-

Miembro de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, Asamblea Social y Popular, La Vía Campesina Centroamérica y Albamovimientos.                                           

Guatemala, 9 de octubre de 2019